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El Tribunal Constitucional de Portugal consideró ilegal la ley que facilita la salida de funcionarios. La norma, aprobada en el Parlamento a finales de julio por las fuerzas que integran el gobierno (el centroderechista Partido Social Demócrata y los democristianos), fue examinada por el alto tribunal luso a instancias del presidente del país, Aníbal Cavaco Silva, quien dudó de su legalidad.

Este es el segundo revés del Constitucional portugués a leyes del gobierno de Pedro Passos Coelho durante este año, después de que en abril considerase ilegales varias medidas de su plan de ajuste –entre ellas una bajada de salarios a los funcionarios y pensionistas– que forzó a buscar medidas adicionales de ahorro por 1300 millones de euros. El presidente del tribunal, Joaquim Sousa Ribeiro, explicó que algunos artículos de la ley evaluada son inconstitucionales por violar la garantía de seguridad en el empleo incluida en la Carta Magna, que data de 1976.

El Partido Socialista ya había expresado su oposición a los recortes a los funcionarios. Conocido como régimen de movilidad especial, su aplicación pretendía facilitar la desvinculación laboral de funcionarios que actualmente se encuentran a la espera de ser colocados, y a los que se marcaba un máximo de doce meses para encontrar un puesto de trabajo. Acabado este período –durante el que recibirían un salario inferior al vigente–, los trabajadores públicos podrían optar por integrar una lista de espera sin recibir sueldo o por cesar su relación laboral con derecho a la prestación de desempleo.

La negativa del Constitucional fuerza así al gobierno a buscar otra alternativa de ahorro para reducir el peso de los funcionarios, como pide la troika. “Hay siempre otras medidas que se pueden encontrar, que pueden no ser tan justas o tan eficaces”, señaló Passos Coelho. El ahorro que se estimaba lograr con la entrada en vigor de esta norma no fue divulgado oficialmente. Actualmente, el número de empleados públicos en el país ronda los 600.000, cerca del 13 por ciento de la población en edad laboral, aunque su peso ha ido cayendo, especialmente desde que Portugal firmase en el 2011 un rescate financiero con la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, que abogan por reducir este cuadro laboral.