Colombia entregará a Ecuador 15 millones de dólares para compensar a los campesinos ecuatorianos afectados por esparcir glifosato sobre plantaciones de coca cercanas a la frontera común entre los años 2000 y 2007. Ecuador desistió de su demanda, planteada en abril de 2008 ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, luego de llegar a un acuerdo diplomático en el que Colombia asumió compromisos que no habrían sido conseguidos en un fallo de la Corte, según señaló el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño. Quito pretendía que la CIJ reconociera que Bogotá violó su soberanía e integridad territorial por su práctica de fumigaciones aéreas, que habría causado daños al país, a su población y a su medio ambiente. También pidió una orden para que Colombia restrinja las fumigaciones a una distancia de 10 kilómetros de la frontera binacional y el pago de reparaciones económicas para los afectados.

Una comisión científica, conformada en Ecuador, estableció que las fumigaciones se realizaron con un componente herbicida tóxico que causó daño en la salud de las personas, afectaciones psicológicas, contaminación de la cadena alimentaria y afectó la biodiversidad y el ecosistema. Además generó un enorme número de desplazados y refugiados. “Con este gobierno (de Juan Manuel Santos), ha habido mucho más respeto, mucha más coordinación y, por mantener las mejores relaciones con Colombia, nos propusieron un diálogo, llegar a un acuerdo para superar este doloroso episodio”, señaló el presidente de Ecuador, Rafael Correa.

Desde Bogotá, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, saludó el entendimiento. “Esta solución es una buena noticia para la diplomacia, una buena noticia para Colombia, una buena noticia para nuestras relaciones con Ecuador y para nuestras relaciones regionales, entre menos pleitos tengamos mejores serán las relaciones”, había expresado el jueves. “Quiero agradecerle nuevamente al presidente (Rafael) Correa, lo hice vía telefónica, su buena disposición y su buena voluntad para que lográramos lo que hoy estamos protocolizando.”

El procurador general de Ecuador, Diego García, comunicó al tribunal de La Haya la decisión, tras ratificar un acuerdo alcanzado por los gobiernos para poner fin al litigio, según un mensaje oficial. “Quito y Bogotá dieron por terminada la disputa existente entre las dos naciones relacionada con la erradicación aérea de los cultivos ilícitos en la zona común”, señaló la Procuraduría, que actúa como abogado del Estado.

“Nosotros (el gobierno ecuatoriano) no hemos cedido; me parece que el acuerdo al que hemos llegado supera las expectativas que teníamos en la Corte Internacional de Justicia, donde los jueces pueden fallar como ellos quieren”, dijo el vicecanciller de Ecuador, Marco Albuja. El funcionario agregó que con el desistimiento, el gobierno de Correa no ha cedido en sus reclamos ya que se consiguieron cosas interesantes en el acuerdo firmado con Bogotá. “Si Colombia falla o no cumple con los compromisos, nosotros tenemos la posibilidad de ir nuevamente a la Corte Internacional de Justicia porque ahí sí estaría violando una obligación internacional”, apuntó. Destacó que el acuerdo protege los asentamientos humanos de la zona de frontera.

Colombia podrá reanudar sus aspersiones a no más de 40 metros de altura y respetando una franja de diez kilómetros de frontera. Esta zona de exclusión podrá reducirse a cinco kilómetros en el segundo año y hasta dos kilómetros en adelante, siempre y cuando la comisión científica binacional compruebe y certifique que el herbicida no llegue al territorio ecuatoriano. Además, no podrá cambiar los componentes de la mezcla utilizada en las aspersiones y deberá informar a Ecuador con 10 días de antelación sobre las actividades áreas de fumigación, entre otros puntos.

“Mantener una diferencia entre los dos países lo que hace es distorsionar todo el potencial que tenemos para sacar adelante una importante y amplia agenda binacional. De este acuerdo hay un gran ganador, que es el proceso de integración binacional”, consideró el embajador de Colombia en Quito, Ricardo Lozano. Por su parte, Daniel Alarcón, presidente de la Federación de Organizaciones Campesinas del Cordón Fronterizo Ecuatoriano de Sucumbíos (Forccofes), cuestionó que el acuerdo no haya incluido a los habitantes del lugar cuando hay alrededor de 10 mil personas afectadas por las aspersiones colombianas. Esta organización, junto a otros activistas, publicó una carta abierta al presidente Correa, en la que cuestiona que el acuerdo “no sólo podría verse como que se están minimizando los gravísimos impactos sufridos por ciudadanos ecuatorianos, sino que esto podría tener repercusiones en la demanda que más de 3000 campesinos de frontera tienen en la Corte de Washington”.

Por medio de un comunicado, la Cancillería colombiana expresó “su satisfacción” por el convenio que permite poner fin al proceso que se adelantaba ante la Corte Internacional de Justicia, por la fumigación aérea de cultivos ilícitos en la zona de frontera con Ecuador. “La solución pacífica alcanzada es una muestra más de la excelente relación que atraviesan los dos países, fruto de un trabajo continuo y articulado por sacar adelante los más de 160 proyectos que nutren la agenda binacional y que benefician a ambas comunidades”, resalta el comunicado. “El acuerdo establece mecanismos claros para verificar con la participación de una comisión científica binacional”, precisa la comunicación oficial.