Tres miembros de la guerrilla Alfaro Vive Carajo fueron violados y torturados en cautiverio.

La Fiscalía de Ecuador llevará por primera vez ante la Justicia un caso de crímenes de lesa humanidad en el que se acusará a diez altos mandos policiales y militares por delitos de tortura, violencia sexual y desaparición forzada cometidos en la década del ‘80. El director de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía, Fidel Jaramillo, precisó que el procedimiento se presentará el martes ante la Corte Nacional de Justicia, y se trata del “caso de Luis Vaca, Susana Cajas y Javier Jarrín”. “Los crímenes de lesa humanidad jamás han sido judicializados en Ecuador, no porque no existan, sino que nunca hubo ni la decisión política ni judicial de abarcar estos crímenes”, explicó. El caso por estos delitos lo presentará el fiscal del Estado, Galo Chiriboga, ante la Corte de Justicia.

Luis Vaca, Susana Cajas (quien fue candidata a asambleísta en las elecciones de febrero de 2013 por el oficialista Alianza País) y Javier Jarrín fueron detenidos por vinculación con el grupo guerrillero Alfaro Vive Carajo (AVC) durante el gobierno del presidente León Febres Cordero (1984-1988). Entre 2007 y 2010 el Estado ecuatoriano investigó graves violaciones a los derechos humanos cometidas a partir de la década del ’80, para lo cual conformó la Comisión de la Verdad, uno de cuyos casos es el que se presentará a la Corte el martes. La noticia fue bien recibida por los organismos de derechos humanos, que hace tiempo han emprendido una batalla por esclarecer los hechos ocurridos en el pasado, en especial con los integrantes de AVC.

Vaca, Cajas y Jarrín, que ahora bordean los 50 años, fueron detenidos en 1985 de forma arbitraria, torturados y sometidos a violencia sexual. “Además, comenzó la desaparición forzada, porque se los detiene y las autoridades comienzan a negar que, en efecto, los tienen en cautiverio”, contó Jaramillo. Después de dos semanas de tortura y violencia sexual, a Susana Cajas y Javier Jarrín se los deja con las manos atadas en un potrero e instantes más tarde un grupo de policías los detuvo. Cajas contó su testimonio de la tortura recibida: “Me aplicaron electricidad, me desgonzaron los brazos hacia atrás. Pero lo fuerte fue lo sexual. Las torturas eran desnuda siempre, fue una agresión terrible, hubiera preferido que me peguen”.

A Vaca lo mantuvieron detenido y desaparecido por casi tres años e inclusive, con el paso del tiempo, borraron sus archivos del Registro Civil, dificultando aún más la búsqueda por parte de sus familiares o el seguimiento del caso por parte de instancias internacionales. Jaramillo comentó que Vaca tenía un hermano que era militar y casi por casualidad descubrió dónde estaba su pariente. Al poco tiempo, el hermano de Luis Vaca estaba muerto. “La esposa de Vaca también fue detenida arbitrariamente estando embarazada y dio a luz en la cárcel”, añadió el director de la comisión. Asimismo, la hermana de Cajas también fue detenida arbitrariamente y torturada.

A la audiencia asistirán representantes de la fiscalías de Venezuela, Perú, Argentina y Panamá, y en ella se pedirán medidas cautelares que podrían ser la retirada del pasaporte, prisión preventiva o arresto domiciliario en caso de tercera edad. “Ecuador tiene un muy claro afán de no permitir la impunidad y de que, antes de que sea demasiado tarde, las víctimas accedan a su derecho a la verdad y la justicia”, dijo Jaramillo al expresar su esperanza de que el caso tenga una sentencia en un año o menos si el Estado actúa diligentemente. Unas dos semanas después de la presentación por parte de la Fiscalía en la Corte, los afectados también presentarán acusaciones particulares, indicó Jaramillo.

La Comisión de la Verdad presentó 118 casos ante la Fiscalía, presidida por Elsie Monge, para su investigación. Según el artículo número 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, se entiende por crimen de lesa humanidad a cualquier acto de asesinato, exterminio, esclavitud, deportación y persecución cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.