Desde Asunción

Las principales organizaciones de trabajadores y campesinos, movimientos y partidos progresistas se movilizan hoy en varios puntos de Paraguay para rechazar el proyecto de ley de “alianza público-privada”, presentado en el Congreso por el presidente Horacio Cartes, que pretende privatizar los bienes públicos, según denuncian sus detractores.

Las movilizaciones son convocadas por la Coordinadora Democrática, integrada por sindicatos de trabajadores de instituciones del Estado, partidos y movimientos políticos progresistas y de izquierda, federaciones de campesinos, indígenas y estudiantes de todo el país. Las protestas se realizarán en casi todos los departamentos, anunciaron los organizadores, con cortes intermitentes de rutas y movilizaciones, y la concentración principal será frente a la sede del Congreso Nacional, donde se prevé que la Cámara de Diputados analice el proyecto de ley en una sesión extraordinaria marcada para las 14 horas (mismo horario que en Argentina).

Luis Aguayo, integrante de la directiva de la Coordinadora Democrática, indicó que el proyecto intenta maquillar los planes privatizadores que tiene el Poder Ejecutivo. “El gobierno de Horacio Cartes pretende instalar políticas neoliberales de remate de los bienes públicos, de entrega de la soberanía”, denunció.

Mercedes Canese, dirigente del Frente Guasu, explicó que, de ser aprobado, el proyecto permitirá que el Poder Ejecutivo concesione bienes y servicios públicos a empresas privadas sin que los demás poderes del Estado puedan intervenir en estos procesos. Resaltó que la propuesta de Cartes viola el principio del equilibrio y control recíproco de los poderes del Estado, establecido en la Constitución nacional, que además señala que este tipo de emprendimientos sólo puede realizarse con el acuerdo del Congreso en cada caso particular.

Las concesiones tendrán un plazo de 30 años, que pueden extenderse a 40 si la empresa alega que aún no tuvo la tasa de retorno suficiente o exige reparaciones por supuestos perjuicios o hechos fortuitos, de acuerdo con el proyecto, apuntó Canese. Agregó que la propuesta no determina explícitamente qué organismo estará a cargo del arbitraje en caso de diferendos, lo que podría representar una pérdida de soberanía jurídica para el país.

Asimismo, el Estado paraguayo se compromete a brindar compensaciones en el caso de que las empresas privadas sufran pérdidas o se presenten controversias judiciales, para lo cual se prevé crear un fondo de garantía cuyo principal aportante será el Estado, denunció la dirigente.

Como alternativa a este proyecto, el Frente Guasu propone financiar obras públicas con los ingresos provenientes de las hidroeléctricas binacionales (Itaipú y Yacyretá), que generan unos 750 millones de dólares anuales. La Coordinadora Democrática fue conformada el pasado 15 de octubre y está integrada por más de 60 organizaciones sindicales, sociales, de campesinos, indígenas y partidos políticos progresistas. Su objetivo principal es hacer frente a las políticas económicas del actual gobierno.

Cartes, del Partido Colorado, aseguró ayer que el proyecto de ley de alianza público-privada no implica la venta de bienes del Estado a empresas privadas. “Ofrezco mi cabeza en la plaza pública si se llega a vender un ladrillo del Estado”, apuntó el mandatario en una conferencia de prensa ofrecida en la residencia presidencial Mburuvicha Róga. Cartes señaló que le parece contradictorio “que busquemos la generación de empleos y que se opongan a esto”, tildando de “grupitos” a los sectores que no están de acuerdo con el proyecto, agregando que “no quieren que el progreso llegue al Paraguay”. “Muchos no entienden lo beneficioso que es para todos los paraguayos la alianza público-privada; la mayor generadora de empleos es el sector privado”, aseguró Cartes. El mandatario resaltó que el proyecto es una alternativa de desarrollo ante un Estado que no cuenta con los recursos suficientes para realizar las inversiones necesarias.

El proyecto de ley “de promoción de la inversión en infraestructura pública y ampliación y mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del Estado”, más conocido como “alianza público-privada”, cuenta con el apoyo de los principales gremios empresariales del país.

A nivel político, el proyecto cuenta con el apoyo de los parlamentarios del oficialista Partido Colorado, que en la Cámara de Diputados cuenta con mayoría propia. Los opositores Partido Liberal Radical Auténtico, Frente Guasu y Avanza País están en contra de la propuesta.

Los dos últimos grandes proyectos presentados por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional –las leyes de defensa nacional y de responsabilidad fiscal– fueron aprobados sin mayores complicaciones gracias a la mayoría parlamentaria que tiene el Partido Colorado, además de sus aliados coyunturales.