Lula recibe el trofeo Raza Negra ayer en San Pablo, durante la celebración del Día de la Conciencia Negra.
Imagen: EFE.

El ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva criticó el proceso llevado a cabo por el Supremo Tribunal Federal (STF, Corte Suprema) contra políticos del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), condenados por participar en los escándalos de corrupción que sacudieron a Brasil en 2005 denominados mensalao. “Estamos juntos”, dijo Lula a José Dirceu y a José Genoíno por teléfono, después de conocer la orden del STF para encarcelarlos el jueves, según informó ayer el diario O Estado de Sao Paulo. La puesta en prisión de Dirceu, Genoíno y otros diez condenados por el mensalao fue ordenada por el presidente del STF, Joaquim Barbosa, luego de que el plenario del tribunal resolviera el miércoles que las penas podían hacerse efectivas antes de que se analizaran los recursos presentados por los abogados defensores. “Parece que la ley sólo vale para el PT. La ley es para todos y eso vale para nosotros y para ellos”, dijo Lula en declaraciones recogidas por medios locales, sin citar procesos judiciales similares contra políticos de partidos opositores.

“Hoy tenemos compañeros condenados. Tenemos sentencia dada. La pena de cada compañero está determinada ya, pero lo que no se puede es pisar encima de las condenas de las personas. Es preciso respetar la historia de las personas y la ley”, sostuvo el ex mandatario. Durante un encuentro con alcaldes en la localidad de Santo André, en la región metropolitana de San Pablo, Lula consideró, también, que el éxito del partido creó un odio diseminado contra el PT.

Dirceu y Genoíno fueron trasladados ayer por vía aérea a Brasilia, donde fueron recluidos primero en la sede de la Superintendencia de la Policía Federal y luego en la cárcel de Papuda. La red de sobornos a legisladores conocida como mensalao (mensualidad) fue denunciada en 2005 y provocó, entre otras cosas, la caída de Dirceu como ministro de la Casa Civil (jefe del gabinete) de Lula y su reemplazo por la actual presidenta, Dilma Rou-sseff, así como la de Genoíno de la presidencia del PT, entonces y ahora el partido gobernante. El gobierno de Rousseff anunció que no se pronunciará sobre el caso: “Hemos acordado no hablar sobre este asunto”, afirmó el secretario general de la Presidencia, Gilberto Carvalho.

Por su parte, el ex director del estatal Banco do Brasil Henrique Pi-zzolato, que fue afiliado al PT y recibió una condena de 12 años de prisión, se fugó a Italia, donde espera ser amparado por tener ciudadanía de ese país. Pizzolato había informado a través de una nota que huía a Italia para evitar la prisión ordenada por el Supremo Tribunal Federal, que lo condenó a 12 años de cárcel. “Dado que no vislumbro ninguna chance de tener un juzgamiento ajeno a motivaciones político-electorales, que tiene el carácter de un proceso de excepción, decidí hacer valer mi derecho a la libertad para tener un nuevo juzgamiento en Italia”, afirmó Pizzolato.

En su nota, el ex director sostuvo que espera ser juzgado por un tribunal italiano que no se someta a las imposiciones de los medios empresariales, tal como está expresado en el tratado de extradición entre Brasil e Italia. En cambio, el ex tesorero del PT Delubio Soares, considerado el operador de las maniobras ilegales del PT y del gobierno de Lula, se presentó en la sede de la Policía Federal en Brasilia, donde lo esperaba un grupo de militantes de su partido. Delubio Soares era el encargado de operar con bancos que lavaron dinero para el PT y de negociar el pago de gastos de la campaña electoral de Lula, según la sentencia del Supremo Tribunal Federal. Las autoridades brasileñas ya se pusieron en contacto con Interpol, la organización internacional de cooperación policial con sede en Lyon, Francia, dijeron fuentes policiales.

El gobierno de Rousseff optó por evitar declaraciones ante la prisión de Dirceu y otros miembros del PT. La mandataria había expresado en la semana, a través de su perfil de la red social Twitter, su compromiso de luchar contra la corrupción sin hacer mención ni a Dirceu ni a ninguno de los imputados. “Ser presidenta de la República significa exactamente vigilar y proteger la cosa pública, cuidar del bien común, prevenir y combatir la corrupción”, había asegurado.

Por otra parte, la oposición brasileña afirmó que el oficialista PT busca debilitar al Supremo Tribunal con sus críticas a la sentencia. “El Supremo Tribunal Federal es una institución fundamental del sistema democrático que tiene que ser preservado y no debe ser atacado permanentemente como lo hace el PT”, declaró el senador Alvaro Dias, del opositor Partido de la Socialdemocracia Brasileña.

La Justicia juzgó en diciembre pasado la red de corrupción tejida por el PT en 2002, cuando Lula ganó por primera vez las elecciones, y que según consideró probado la Corte le permitió costear campañas y sobornar a otros cuatro partidos que le dieron al gobierno la mayoría parlamentaria. En un comunicado después de expedirse las órdenes de prisión, el presidente del PT, Rui Falçao, había señalado en una nota de solidaridad con los militantes condenados que la decisión hería el principio de la amplia defensa y había calificado el juicio como injusto y con connotaciones políticas.