El canciller de Venezuela, Elías Jaua, agradeció ayer la mediación de sus pares de Unasur para concretar el diálogo entre gobierno y oposición. Además, confió en que los dirigentes opositores terminarán sumándose a la convocatoria del Ejecutivo para llegar a un acuerdo. “Nadie le va a quitar al pueblo venezolano su vocación de paz y de diálogo. Esperamos que (los opositores) hayan reflexionado y en los próximos días puedan sentarse con el presidente para determinar los resultados propuestos por Unasur”, señaló. El jueves, el presidente Nicolás Maduro aceptó una recomendación de una comisión de cancilleres de Unasur para designar un “testigo de buena fe” que se encargará de facilitar un acercamiento entre las partes.

Jaua sostuvo también que el gobierno está dispuesto a bajar el tono del discurso para favorecer el diálogo siempre y cuando cesen las protestas, que ya dejaron 37 muertos. Los cancilleres encargados de iniciar el diálogo son el brasileño Luiz Alberto Figueiredo, la colombiana María Angela Holguín y el ecuatoriano Ricardo Patiño.

Jaua aseguró que los cancilleres de Sudamérica rechazaron la violencia ejercida por grupos minoritarios y exhortó a los representantes de la oposición a condenar y deslindarse públicamente de estos actos violentos.

“Que paren las acciones que en este momento están siendo ejercidas, cada día con menor fuerza, por estos grupos minoritarios. Que paren la guarimba y el bloqueo de vías, los francotiradores disparando contra la fuerza pública y los transeúntes, el sabotaje a las instalaciones del Metro, del transporte público, de las instituciones educativas. Cero violencia para crear unas condiciones para que se dé el diálogo”, explicó.

“Estamos de acuerdo; si nosotros tenemos que hacer una reflexión y una rectificación y bajar el tono del discurso lo hacemos para favorecer el diálogo, pero también se ha dicho a los cancilleres (de Unasur) que las palabras pueden recogerse pero no un balazo en la cabeza”, añadió Jaua.

Sobre las acciones que adelanta Unasur, el ministro de Relaciones Exteriores aclaró que más que una mediación se trata del nombramiento de un “testigo” que dé fe de lo conversado y acuerdos alcanzados con la oposición, según el diario venezolano El Universal. “No se trata de una mediación, nosotros no consideramos que aquí haya un conflicto que amerite una mediación internacional sino un testigo que dé fe de lo que ahí se conversó y los acuerdos que ahí se concerten”, especificó.

Ese testigo, agregó Jaua, puede ser nacional o internacional. “El presidente dijo que pudiera ser el secretario del Estado del Vaticano (Pietro Parolin), quien fue nuncio apostólico, o podría ser el propio nuncio (Aldo Giordano), o la comisión de cancilleres en el marco de Unasur, lo que se acuerde con la oposición”, explicó. También dejó en claro que el gobierno no concurre al diálogo con condiciones, “como han querido hacer ver medios internacionales” y recalcó que no aceptarán ningún tipo de “chantaje ni chantajes” para concretarlo.

Jaua enfatizó además que sectores conservadores en Estados Unidos buscan deponer a Maduro y que, por este motivo, era necesario el acercamiento entre las distintas partes. “Lo que persigue (Estados Unidos) es el derrocamiento del gobierno de Nicolás Maduro, por eso esta iniciativa de la comisión de Unasur en la que se estimó que se puede lograr que aquellos personajes que no se hayan sumado a las iniciativas de diálogo lo hagan pronto”, alentó.

Los cancilleres de Unasur hicieron un llamado a las partes esta semana para que asuman un compromiso de deponer todas las acciones violentas. La comisión logró reunirse con casi todos los actores políticos venezolanos, desde el presidente Maduro pasando por líderes opositores, personalidades religiosas y hasta estudiantes, un sector radicalizado que inicialmente se negó a cualquier diálogo con el gobierno. “No hemos querido convertirnos en jueces, porque es imposible que Unasur se convierta en juez. Hemos venido acá a respaldar un régimen democrático, pero también a escuchar aquellas personas u organizaciones políticas y sociales que tienen diferencias con el gobierno, planteando la necesidad de respeto a la legitimidad del gobierno del presidente Nicolás Maduro”, declaró Patiño.

Desde febrero Venezuela se vio sacudida por las protestas de universitarios y opositores, principalmente de clase media, contra la inflación –que alcanzó en febrero una tasa anualizada de 57,3 por ciento–, el desabastecimiento y un alto índice de criminalidad. Maduro afirma que las manifestaciones son parte de un plan de la oposición para promover un golpe de Estado en coordinación con grupos estadounidenses.

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, confirmó ayer que los muertos ya suman 37, que 559 personas resultaron heridas y que hay 168 detenidos por las protestas. Del total de fallecidos, 29 son civiles y ocho son miembros de las fuerzas de seguridad, mientras que, de los 559 heridos, 379 son civiles y 180 son militares o policías. Sobre los detenidos indicó que ya hay 21 “casos conclusivos”, es decir, en los que ha habido un pronunciamiento firme del Ministerio Público sobre el curso del proceso penal. Se trata de 20 acusaciones y de un sobreseimiento.