Los diputados españoles dieron ayer un no rotundo al proyecto de referéndum sobre la independencia de Cataluña, que el gobierno regional catalán, con un fuerte respaldo popular, se dijo dispuesto a organizar pese a todo el 9 de noviembre. Luego de siete horas de debate, los legisladores rechazaron por 299 votos en contra, 47 a favor y una abstención una petición del Parlamento regional catalán para que le fuera transferida la capacidad de organizar consultas. La oposición a la iniciativa unió a los conservadores del Partido Popular –del jefe de gobierno español, Mariano Rajoy– con los socialistas del Partido Socialista Obrero Español y algunos partidos pequeños. “No concibo España sin Cataluña, ni Cataluña fuera de España y de Europa”, afirmó Rajoy, explicando su negativa a permitir una consulta popular, a la que considera anticonstitucional.

En un vehemente discurso, Rajoy se dirigió muy especialmente a los ciudadanos de Cataluña, donde desde hace años crece el sentimiento independentista, atizado por una crisis económica que agravó las tensiones políticas. “Se les escucha y se les entiende muy bien”, afirmó el mandatario español, reafirmando su disposición al diálogo “siempre que se produzca sobre aquellas cuestiones que la Constitución nos permite dialogar”. Es decir, no sobre el referéndum y, en todo caso, los retó a cambiar la Carta Magna. Con una metáfora describió lo que según su opinión persiguen los independentistas catalanes: “Lo que están ofreciendo ustedes es lo más parecido a la isla de Robinson Crusoe”, dijo.

“Lo que no cabe en la Constitución es preguntar a unos cuantos lo que afecta a todos”, afirmó por su parte Alfredo Pérez Rubalcaba, líder del PSOE, principal fuerza de la oposición, oponiéndose también a la separación: “España sin Cataluña es otra cosa, pero España desde luego no es”, agregó.

Antes de que hablaran Rajoy y Rubalcaba, tres diputados del Parlamento catalán defendieron el derecho a expresarse en la consulta. “Queremos votar”, dijeron los tres. “Si se quiere, se puede”, defendió en la tribuna Jordi Turull, representante de CiU, el partido del presidente regional Artur Mas. “El pueblo de Cataluña no se ha metido en un callejón sin salida, se ha metido en un camino sin retorno”, dijo.

“La conclusión es que el encaje (de Cataluña en España) no es posible.

“Democracia es ajustar la legalidad a la realidad”, defendió por su parte Joan Herrera, diputado de Iniciativa Per Catalunya Verds (ICV). “Un ‘no’ dialogante es como un helado caliente, es como el agua seca”, disparó el diputado ecologista comunista catalán Joan Herrera. “Un no es un no”, retrucó Rajoy. Pero Marta Rovira, compañera de Herrera y diputada de la formación independentista Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), segunda fuerza catalana, dejó muy claro que los partidos secesionistas, muy mayoritarios en el Parlamento regional, están dispuestos a seguir adelante pese a este rechazo. “No nos vamos a rendir, esto no acaba aquí”, aseguró.

El presidente regional Artur Mas, de la coalición nacionalista Convergència i Unió (CiU), no acudió al debate en Madrid, pero reaccionó inmediatamente desde Barcelona. “Se han equivocado y creo que el tiempo lo demostrará”, afirmó en un discurso televisado. Pero a partir de este “no” doloroso, las instituciones catalanas buscarán –dijo Mas– la construcción de marcos legales, que hay varios, para poder celebrar esta consulta el 9 de noviembre.

Esa es la fecha que las principales fuerzas políticas catalanas fijaron para una consulta con una doble pregunta: “¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado?” y “¿Quiere que sea un Estado independiente?”. En caso de que tenga lugar, este referéndum marcaría un punto de inflexión en la presión nacionalista de esa región –habitada por 7,5 millones de personas–, donde un poderoso grupo de presión independentista, la Asamblea Nacional Catalana, ya marcó la fecha del 23 de abril de 2015 para una separación unilateral.

Otrora motor económico de España y ahora una de sus regiones más endeudadas, Cataluña reclama desde hace tiempo una mayor autonomía fiscal y acusa al gobierno central español de no redistribuir la riqueza de forma equitativa, al tiempo que acentúa el centralismo de competencias.