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El Tribunal Constitucional, hace unos días, anuló la afirmación de que Catalunya es un “sujeto político y soberano” que los diputados catalanes afirmaran por mayoría el 23 enero del 2013 pero, por otro lado, dejó la puerta abierta de una manera confusa al derecho a decidir que el Parlamento reclamara el 16 de enero de 2014 pidiendo el traspaso de las facultades para poder convocar a un referéndum. El artículo 150.2 de la Constitución española en su parte pertinente dice así: “El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado”.

En la pasada sesión votaron por la afirmativa 87 legisladores; hubo tres abstenciones y se pronunciaron en contra los partidos Popular (PP) y Socialista Español (PSOE), que sumaron un total de 43 votos. El pedido del Parlamento se refiere concretamente al permiso para utilizar una facultad (art. 150.2), no para poseer la competencia. Se trata de la facultad para hacer un referéndum y consultar al pueblo de Catalunya el día 9 de noviembre de 2014.

No sería la primera vez en estos años de la democracia española que algún gobierno autónomo solicita una competencia. Por ello, el Tribunal Constitucional especificó el criterio para transferir las competencias: “Cuando no atentan al interés general ni al Estado de derecho, ni al ejercicio de la democracia”.

Por ello, es probable que se termine generando un problema de poderes en Madrid en caso de que el gobierno no transfiera dicha facultad.

Así las cosas, debe quedar claramente en evidencia que lo que acá se discute no es un problema legal o constitucional, sino que el verdadero problema es político y que no hay voluntad en el gobierno español de dejar votar a un Pueblo-Nación.

¿Qué razones pueden están moviendo la voluntad del Estado español para impedir a la nación catalana decidir sobre su futuro? Hay varias, pero señalamos aquí una de orden político. El pueblo catalán ansía la independencia y un eventual referéndum arribaría al resultado no querido por Madrid: que los catalanes obtengan el derecho a decidir. Esto, va de suyo, instauraría al Estado español en un lugar reñido con la democracia y la autodeterminación de los pueblos y no son éstas las mejores credenciales que se pueden exhibir hoy para interactuar en este mundo globalizado y en conflicto.

Finalmente, la comunidad internacional no ignora que las razones de orden político que fundan la legítima pretensión de independencia del pueblo catalán se hallan, asimismo, cimentadas en normativa jurídica internacional. Por caso, la Carta de las Naciones Unidas, en su capítulo de Propósitos y Principios (art. 1.2) prescribe: “Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos...” (dest. del autor). Y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la misma línea protectoria de la voluntad de las naciones, expresa: “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural...” (Parte1; artículo 1.1; dest. ídem).

Durante la mitad del siglo XX, muchos pueblos lograron la independencia aplicando el derecho de autodeterminación de los pueblos, dicho derecho no se centró sólo en los pueblos coloniales (de donde nació el concepto), sino que fue evolucionando con la dificultad que todo derecho internacional implica. Por este motivo, el concepto de autodeterminación evolucionó y no existe ninguna norma o costumbre que lo prohíba. Esto lo afirmó la Corte Internacional en el año 2010.

* Presidente del Casal de Catalunya de Buenos Aires.