Con el respaldo del ex juez español Baltasar Garzón, la comunidad indígena Aché de Paraguay presentó ayer una denuncia por el genocidio cometido durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Amparada en el principio de jurisdicción universal, la Federación Nacional Aché decidió ampliar la querella presentada en junio del año pasado ante el Juzgado Federal

Nº 5, a cargo del juez Norberto Oyarbide, con el fin de encontrar y juzgar a los responsables de cometer crímenes de lesa humanidad entre 1954 y 1989. “Prácticamente un 60 por ciento del pueblo Aché fue desaparecido, eliminado, con robos de más de doscientos niños que fueron entregados a la servidumbre doméstica, vendidos, entregados en adopción ilegal”, dijo Garzón, presidente del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (Cipdh), quien acompañó la presentación judicial.

Yudith Rolón, una de las querellantes y titular de la Dirección de Verdad, Justicia y Reparación de Paraguay, lamentó el poco compromiso de la Justicia de su país con el exterminio Aché. “El 6 de agosto del año pasado hemos decidido desde Paraguay, junto a otros compañeros, presentar esta querella a los efectos de buscar justicia desde el principio de la jurisdicción universal. Hemos visto muchísimas veces cómo en Argentina se está ejerciendo justicia. Sin embargo, en Paraguay somos meros espectadores. Nuestra misión como querellantes es abrir esta causa y que se investiguen estos hechos”, apuntó. Además, destacó que las demandas presentadas ante la Justicia argentina van más allá de los crímenes relacionados con el Plan Cóndor.

Juan Maira, abogado de los querellantes, contó que el inicio de las matanzas tuvo como objetivo despojar de sus tierras a la comunidad Aché. “En 1968, se constituye, por el gobierno de Stroessner, lo que se llamó la colonia ‘Rata de monte’. Necesitaban las tierras por una cuestión económica. Entonces, entre el gobierno y los civiles comenzaron a cazar, aunque el término parezca demasiado duro, a los miembros de la comunidad como si fueran animales. Porque los querían en un ghetto. Era una reserva de la que no se les permitía salir. Ahí no vendían solamente a los chicos, sino que a veces también se vendían a las mujeres para servidumbre”, señaló. El abogado no dudó en denominar genocidio a lo ocurrido en esa comunidad porque, según él, fue parte de un plan sistemático para exterminar a los Aché. “Creemos que pudo haber sido desaparecido el 60 por ciento o incluso más. Se calcula que podrían haber desaparecido aproximadamente unas 200 personas. En realidad, la cantidad exacta de habitantes es imposible de calcular. Como eran los dueños ancestrales de esas tierras no se tiene un cálculo exacto”, indicó.

Por su parte, Carlos Ortellado, cuyo padre fue asesinado hace 38 años por las fuerzas del régimen de Stroessner, explicó a Página/12 que la Justicia argentina es la única alternativa ante la falta de respuesta del Estado paraguayo. “Poco a poco vamos avanzando, pero gracias al esfuerzo de los familiares. Nosotros conseguimos la designación de la Defensoría del Pueblo a pedido de las víctimas. Sacamos leyes, a pedido de las víctimas. Respecto de los desaparecidos, tenemos 23 esqueletos que hay que identificar, pero el trabajo de encontrarlos fue nuestro. No fue una decisión del Estado. La única forma de llegar es saltar. Es decir, buscar otras instancias”, aseguró.

Ortellado también resaltó la continuidad de la cultura represiva en su país y vinculó el genocidio Aché con la masacre de Curuguaty, el asesinato de campesinos que terminó con el gobierno del ex presidente Fernando Lugo en 2012. “El famoso Marina Cué es el terreno de los Aché. En ese lugar fueron ejecutados varios indígenas, ocurrió una verdadera masacre: se ejecutaron a once campesinos. En Paraguay, la democracia está en deuda. Se cambió un gobierno constitucional que fue elegido por el pueblo paraguayo”, sostuvo. Desde su visión, el problema radica en que muchos de los familiares de los represores de la dictadura ocupan puestos clave en los poderes del Estado.

“Venimos a pedir justicia, hubo torturas, violaciones, maltratos. No podemos soportar este dolor que sufrimos en nuestro país, este daño que han hecho a nuestro pueblo originario. Sentimos un inmenso dolor. Pedimos que el Estado responda por el daño a nuestro pueblo”, declaró Ceferino Kreigi, miembro de la comunidad Aché, durante la presentación. A su turno, Garzón elogió a la Argentina. “Este país cumple un rol ejemplar al investigar estos casos”, destacó.

Informe: Patricio Porta