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Por Sol Alameda

Es la cabeza visible del primer intento de justicia global que se ha dado la comunidad internacional. Canadiense, de 54 años, diplomático y embajador de su país, conocido como un excelente negociador, llegó tardíamente, en 1998, a los trabajos que llevarían a la creación de la Corte. Sin embargo, muchos le atribuyen lo que se llamó el milagro de Roma. El presidió la Conferencia de Roma que en cinco semanas ultimó la redacción del texto y adoptó el estatuto de la Corte. Ocurrió en una emocionante sesión. La noche del 17 de julio de 1998. El documento obtuvo 120 votos a favor, es decir, las tres cuartas partes de los 160 países representados en la conferencia.
El presidente Kirsch vive ahora en La Haya, donde está la sede de la Corte y su despacho acristalado y luminoso. Es un hombre de tez muy pálida que de pronto se colorea vivamente, no por timidez, sino cada vez que hace uso de su estupendo sentido del humor. Le gustan las cuestiones referidas al funcionamiento de la Corte, sobre lo que argumenta con gusto. Pero, cuando se sacan a relucir las limitaciones con que ha nacido la Corte, Kirsch se niega a opinar. Su actitud pone de manifiesto el deseo de no agredir –de ser una buena chica, y parecerlo– que la Corte debe mantener. Kirsch insiste en que, ahora que la institución empieza a caminar, debe mostrar que su funcionamiento es exclusivamente jurídico, alejado por completo de intereses políticos de ningún tipo. Es como si no quisiera asustar a los países que no forman parte de la institución, algunos de lo cuales son importantes, como China, la India, Turquía o Israel. Y sobre todo EE.UU., un país que se ha mostrado reiteradamente en contra de la existencia misma de la Corte.
Kirsch muestra la debilidad de la Corte negándose la libertad de opinar y mostrándose políticamente correcto. No quiere hablar de las contradicciones con que ha nacido y deberá resolver en el futuro una institución que ha costado muchos años sacar a flote, y de cuya existencia la mayor parte del mundo se ha felicitado. Incluso los más críticos con sus carencias, como las ONG, cuyo trabajo y apoyo durante años fueron definitivos para que llegara a existir una justicia capaz de juzgar los crímenes contra la humanidad y los de lesa humanidad, han celebrado que, al menos, la Corte exista.
Kirsch está advirtiendo de los peligros que amenazan a la Corte si no da sus primeros pasos con pies de plomo. Porque desde que se aprobó el estatuto, en 1998, hasta hoy se han producido cambios en el mundo y en la política de EE.UU. que no ayudan a pensar que la Corte pueda ampliar sus posibilidades de juzgar los crímenes que ahora no pueden juzgarse. No son buenos tiempos para la lírica, ni para Philippe Kirsch. Incluso, al parecer, la mitad de los 139 países que forman parte de la institución de justicia internacional aún no han pagado la cuota que les corresponde, según se acuerda en el estatuto, para atender a la financiación.
–Usted trabajó largo tiempo para crear esta Corte Penal Internacional. Cuando fue una realidad, ¿qué sintió?
–Bueno, en realidad mi trabajo empezó en la Conferencia de Roma, en 1998. Antes no había estado implicado de ningún modo, excepto en la cercanía que supone un cargo diplomático; por ejemplo, siendo asesor jurídico en el Ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno canadiense. La persona que tenía que presidir el plenario de la Conferencia de Roma, que era un holandés, se enfermó a último minuto. Me llamó para sustituirlo.
–¿Así que su oportunidad se produjo por enfermedad?
–Exactamente. (Risas.) Le dije que no. El respondió: “Es que lo que necesitamos es alguien que sepa cómo manejar una conferencia diplomática”. Y eso sí lo había hecho varias veces. Por tanto, me animé a aceptar la propuesta. Sin embargo, cuando uno se involucra en un trabajo de esa naturaleza, le es imposible permanecer indiferente. Y yo sentí el compromiso, el sentido histórico de la Corte Penal Internacional; aunquedurante la Conferencia de Roma pensaba que nunca iba a sacar a flote el estatuto.
–¿Por qué?
–Porque los Estados estaban muy divididos. No tenía ninguna seguridad de que el estatuto saliera adelante al final de la Conferencia de Roma. Y fue realmente difícil conseguirlo.
–En ese entonces se dijo que “los esfuerzos desesperados por tener el apoyo de Estados Unidos y Francia llevaron al presidente de la comisión plenaria a bajar considerablemente el umbral, lo que dejó agujeros en el estatuto por los que pueden escapar muchos criminales”. ¿Es consciente de que la rebaja en las expectativas es tan grande?
–Yo siempre pensé que la Corte sólo podría sobrevivir si conseguíamos establecer dos condiciones: la calidad de las disposiciones del estatuto y el suficiente apoyo para que pudiera existir. Porque si hubiéramos tenido un estatuto perfecto, pero apoyado por 12 países, ¿de qué habría servido? La Corte hubiera nacido muerta. Por otro lado, si teníamos una Corte apoyada por muchos países, pero sin ningún poder, sería igualmente inútil. Esa fue la dificultad, lograr el equilibrio entre ambas necesidades.
–Por eso se llegó hasta donde pudieron, para lograr esa satisfacción.
–Exactamente, fuimos hasta donde pudimos. Y hubo un momento en que no pudimos ir más allá de un punto determinado.
–Creo que ese momento clave, el que marca el final de las negociaciones entre países y el comienzo del acuerdo que hará posible el estatuto, ocurrió cuando Francia, que apoyaba la postura de Estados Unidos sobre la necesidad de establecer una moratoria para enjuiciar los crímenes de guerra, rebaja sus pretensiones y acepta que la moratoria sea de siete años, en vez de los 10 que pedía Estados Unidos.
–La posición de Francia en ese asunto era, en efecto, más moderada. Estados Unidos quería más años de moratoria y que fuera renovable; también pedía que no sólo se incluyeran en la moratoria los crímenes de guerra, sino también los crímenes contra la humanidad. Francia, en cambio, pensó que podía aceptar los siete años de moratoria sobre los crímenes de guerra, y que no fuera renovable. Después de eso, la Conferencia de Roma progresó rápidamente.
–Da la impresión de que cuando Estados Unidos pide la moratoria de 10 años, y añade que se incluyan en ella los crímenes contra la humanidad, lo que busca es que no se llegue a ningún acuerdo.
–Lo que no puedo hacer como diplomático, y menos como juez, es comentar la política de los países o especular sobre ella.
–Pero ocurrieron hechos sobre los que la prensa informó y es normal que busquemos interpretaciones.
–Yo no puedo comentar ni tratar de adivinar lo que pensaba Estados Unidos. Lo que yo deseaba era una Corte que fuera aceptada por toda la humanidad. Como presidente de la comisión preparatoria (del estatuto de la Corte), traté de enviar la señal de que escucharíamos las opiniones de todos los países que eran importantes. Fue difícil, pero en los cuatro años que duró la comisión preparatoria no hubo ningún veto. Y el día en que los estados que querían formar parte de la Corte debían firmar su adhesión y formalizar su posición, el 31 de diciembre de 2000, obtuvimos 139 firmas, casi 20 más que los votos obtenidos en Roma en julio del ‘98 (en la asamblea plenaria de la Conferencia de Roma, donde se aprobó el borrador final del estatuto). Y eso es algo sin ningún precedente en la historia de las negociaciones internacionales. Fue una señal política importante, y por eso, cuando las situaciones políticas sean menos difíciles, la Corte seguirá teniendo la capacidad de ser una Corte universal.
–La creación de la Corte fue muy celebrada por la mayoría de los países y de las instituciones. Pero inmediatamente aparecieron los matices. Por ejemplo, el ministro de Exteriores italiano de entonces, Lamberto Dini, dijo que habían logrado la mayor parte de lo que se pretendía con lacreación de la Corte; su homólogo belga, en cambio, consideró el estatuto muy por debajo de sus expectativas. ¿Qué cree que le falta?
–La Corte resultante es la consecuencia de un equilibrio entre los países que querían una Corte mucho más débil y los que la querían más fuerte. Yo siempre supe que habríamos de buscar un equilibrio, del mismo modo que siempre supe que no iba a satisfacer a ninguna parte totalmente. Pero la Corte que tenemos es aceptable para la gran mayoría de los Estados.
–¿En qué sentido podría mejorarse la Corte que hoy tenemos en los próximos años?
–Es una pregunta muy complicada. Siete años después de la entrada en vigor tendremos una conferencia sobre el estatuto. Entonces veremos si se necesitan cambios o no. Serán los Estados que forman la Corte quienes lo digan. Mientras tanto, es necesario que los Estados sigan manifestando su compromiso para lograr que sea un éxito. La Corte debe funcionar de forma impecable, demostrando con su comportamiento que ese estatuto es un instrumento judicial y no político. Porque el primer argumento que destruiría a la Corte es que fuera político. Por eso, para que no sea una Corte política, el estatuto tiene tantas salvaguardas de los derechos de los Estados. Creo que la Corte debe probar esto y, en mi opinión, va a hacerlo. Y además ha de demostrar su eficacia.
–Pero demostrar que la Corte no es política y sí muy eficaz, hay que lograrlo a pesar de las muchas limitaciones con que ha nacido el estatuto.
–Sí. Porque hay muchas limitaciones sobre las cuales la Corte no tiene control, pero que ha de respetar; el principio de complementariedad, según el cual las jurisdicciones nacionales tienen el derecho de ser las primeras en perseguir los delitos en materia de genocidio, de crímenes contra la humanidad y de crímenes de guerra. O que el fiscal no pueda empezar una investigación sin el permiso de la sala; de las cuales tenemos tres en la Corte: la sección de Apelaciones, la de Primera Instancia y la de Cuestiones Preliminares. Esto quiere decir que es un tribunal muy exigente, pero también que la Corte va a tener que manejar los procesos de forma eficaz y compatible con las exigencias del estatuto.
–Ahora me gustaría que habláramos de la resolución 1422.
–No puedo comentarlo, es una cuestión política.
Según denunció Amnistía Internacional, “la Corte Penal Internacional actúa como tribunal de última instancia cuando los Estados no pueden o no quieren investigar o enjuiciar a personas acusadas de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Pero la resolución 1422 otorga impunidad frente a toda investigación o enjuiciamiento que la Corte pudiera emprender contra los ciudadanos de países que no hayan ratificado el Estatuto de Roma y a los que se acusase de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, cuando esas personas hubieran participado en operaciones establecidas por la ONU”. Esa resolución, que ha expirado el 30 de junio, es renovable.
–Usted lo llama una cuestión política; debe entenderse como una limitación al funcionamiento de la Corte, impuesta por EE.UU.
–La resolución es del Consejo de Seguridad...
–Pero, de nuevo según Amnistía Internacional, se adoptó debido a la insistencia de Estados Unidos. El 30 de junio de 2002, y después de haber rechazado los 14 miembros restantes del Consejo de Seguridad su propuesta de impunidad para los ciudadanos estadounidenses que participaran en misiones de paz, EE.UU. vetó la renovación del mandato de la misión de la ONU en Bosnia y Herzegovina, y amenazó con utilizar su veto para detener todas las demás operaciones de paz de la ONU.
–Usted no va a involucrarme en posiciones políticas.
–Entiendo su posición. Sin embargo, cuando Amnistía Internacional y otras organizaciones y juristas consideran que esa resolución supone gravísimas limitaciones... Lo que dice la resolución es que todos los miembros que participen en misiones de paz...
–Conozco los términos de la resolución. No puedo decir nada sobre eso ni sobre los acuerdos bilaterales, que es lo siguiente que me va a preguntar usted.
–Pues sí.
–(Risas.) Lo suponía.
–No quiere que le pregunte, pero, como sabe, los servicios jurídicos de la Unión Europea manifestaron que la firma de esos tratados bilaterales es una violación del mismo estatuto de la Corte. En esos tratados, Estados Unidos se asegura que los ciudadanos de su país actúen en la impunidad; obliga a comprometerse a no entregar a la Corte a ciudadanos estadounidenses acusados de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Y sobre la resolución 1244, Amnistía y otras instituciones aseguran que va contra la Carta de Naciones Unidas y contra el derecho internacional.
–(Silencio.)
–Dígame, al menos, si espera que en algún momento, a lo largo de los siete años, al final de los cuales se revisará el estatuto, todo esto podría variar.
–(Silencio.)
–Después de la alegría por el nacimiento de la Corte, ahora la gente puede pensar: “¿Y para qué va a servir, si resulta que no va a poder juzgar los peores crímenes por los que siempre hemos querido que existiera un tribunal como éste, desde Nuremberg?”. ¿Cree que los ciudadanos pueden pensar así? Otra cosa que pensarán es que la Corte servirá para juzgar a los africanos, como siempre.
–(Risas.) ¡Por fin abre una puerta que me permite decir algo! Yo no pienso que las limitaciones que conoce la Corte ahora van a permanecer indefinidamente. Creo que cuando la Corte demuestre en la práctica que funciona como una institución judicial y no política, eso convencerá a los Estados que tienen esas preocupaciones de que carecen de fundamento.
–Si espera que dentro de siete años el péndulo de la política vaya al lado contrario es porque admite que, sólo cuando varíen las cosas, es decir, mejoren, la Corte podrá abordar asuntos que hoy están fuera de su alcance.
–Los Estados han esperado para poder crear esta Corte más de 50 años; no pudo hacerse antes por circunstancias políticas. Ahora, las circunstancias políticas son otra vez difíciles.
–¿Se refiere a los acontecimientos ocurridos últimamente?
–Yo dije lo que quería decir... Pero con el tiempo esas circunstancias van a cambiar. Siempre pensé que la Corte iba a necesitar un rodaje de varios años, quizá de una década, para estar en el lugar que le corresponde en el mundo; como la ONU, o la Corte Internacional de Justicia. Nuestra preocupación debe ser comportarnos como una Corte impecable. Y luego, cuando los Estados que tienen ciertos prejuicios vean que éste es un ente jurídico y no político, vendrá el apoyo de esos Estados. Si la Corte empieza a juzgar hechos políticos, estamos perdidos.
–Tal vez lo que quieran algunos Estados es no ser juzgados por ciertos hechos.
–No sé lo que piensan los Estados, ni cuál es su punto de vista. Sí sé que el comportamiento de la Corte debe ser como le digo. Pero sobre eso tampoco puedo decirle nada.
–Hace unos días vi la película Bowling for Columbine, donde se compara, entre otras cosas, al pueblo norteamericano con el canadiense, que gana con creces en la comparación. Y pensé que tenía suerte de que usted fuera canadiense.
–Pero ahora no soy canadiense, soy juez. Y si empiezo a comentar cosas como las que me pregunta, no sé si duraría como juez.
–No, si le comprendo.
–Gracias. Yo también la entiendo a usted.
–¿Puede imaginar que EE.UU. podría llevar ante un tribunal a los iraquíes al margen de la Corte?
–La Corte no tiene capacidad retroactiva, y me imagino que si los dirigentes de Irak son juzgados por crímenes anteriores al establecimiento de la Corte, en este caso podría entender que se estableciera un tribunal especial.
–Imaginemos que la Corte sí está funcionando, y que un país invade otro país y luego decide hacer un tribunal ad hoc para juzgar a sus líderes. ¿En qué situación se queda la Corte entonces?
–No lo puedo comentar.
–¿Sabe que ha habido juristas, entre otros el juez español Garzón, que han hablado sobre llevar a la Corte a los que hicieron la guerra de Irak sin permiso de la ONU?
–Usted me está haciendo la misma pregunta de distinta manera.
–Pero la agresión de unos países contra otros está citada en el estatuto.
–Pero los Estados no pudieron decidir sobre cómo queda la definición, ni tampoco sobre las modalidades de la competencia de la Corte; es decir, si el Consejo de Seguridad debería de tener un aviso de un Estado antes de que la Corte pudiera encargarse del proceso o si el Consejo no debería hacer nada. El crimen de agresión está en el estatuto, pero será efectivo solamente cuando los Estados acuerden sobre este asunto. No sucederá antes de la conferencia de 2009.
–Dadas las restricciones impuestas por algunos países para juzgar crímenes de lesa humanidad y crímenes contra la humanidad, ¿pensarán los ciudadanos que esos países lo hacen porque piensan seguir cometiéndolos? ¿No es como si lo insinuaran de alguna manera?
–(Silencio.)
–¿Deberían ser juzgados esos crímenes?
–Pues sí.