Desde Santiago

“He tomado la decisión de objetar la competencia de la Corte Internacional de La Haya.” Con esas palabras, la presidenta Michelle Bachelet dejó en claro –la noche del lunes– la opinión chilena respecto de la demanda interpuesta por Bolivia para conseguir una salida soberana al mar. “Esta decisión se basa en los principios fundamentales que inspiran la acción de la política exterior de Chile y que mi gobierno ha mantenido invariablemente”, agregó en un discurso realizado por cadena nacional y en horario prime televisivo. Sostuvo además que la defensa inclaudicable de la integridad territorial y de los intereses nacionales “coinciden plenamente con principios esenciales del derecho internacional y de las relaciones entre los Estados, incluyendo, de manera principal, la inviolabilidad de los tratados y la estabilidad de las fronteras”.

Para el gobierno boliviano, la decisión chilena es contradictoria. “Bolivia tomará conocimiento de los alcances de la posición del gobierno de Chile, la analizará y contestará. Bolivia mantiene su confianza en la Corte y los jueces, los únicos competentes para resolver este incidente”, respondió Evo Morales. El jefe de Estado de Bolivia agregó que “tenemos plena confianza en que nuestros argumentos de hecho y derecho fueron plasmados en nuestra memoria y buscan el cumplimiento de las obligaciones asumidas libremente por los Estados y manifestar con firmeza que Bolivia rechaza la pretensión de Chile de desconocer la competencia de la Corte para conocer esta causa” (ver aparte).

La decisión tomada por Bachelet se dio tras un proceso de consulta, según el cual –dijo– “he escuchado a diferentes actores de nuestro país y cumpliendo con mi deber de salvaguardar el interés superior de Chile”. De hecho, desde abril que la doctora socialista se reunió con ex presidentes del Chile, cancilleres, parlamentarios y presidentes de partidos de todo el espectro político, los que en su gran mayoría apoyaron la idea de impugnar la demanda boliviana.

Conocida la estrategia que seguirá Chile, ayer el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, salió a reafirmar la decisión de objetar la competencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya frente a la demanda marítima de Bolivia en contra de Chile y reiteró que dicha acción de La Paz es “evidentemente política y no tiene sustento jurídico”. En entrevista con Radio Cooperativa, el canciller respondió también a los dichos del ex titular de Relaciones Exteriores boliviano, Javier Murillo, quien afirmó que la determinación de Bachelet demuestra la “inseguridad y falta de confianza” del Ejecutivo frente a los “sólidos” argumentos de La Paz. “Tenemos enorme seguridad en nuestros argumentos y los van a ver cuando los presentemos en la Corte. Como la demanda boliviana no tiene sustento jurídico, lo que tiene siempre es una perspectiva comunicacional, y lo que el ex canciller está tratando de darle es un giro comunicacional a una demanda que es evidentemente política y que no tiene sustento jurídico”, dijo Muñoz. Junto a ello precisó que la postura chilena constituye “un mensaje muy claro a la Corte, que no es competente para conocer este caso. Nuestra posición es muy clara, podíamos tener la alternativa de presentarla en la contramemoria, pero eso nos llevaba a esperar hasta febrero y preferimos hacerlo ahora”.

En ese escenario alertó que la memoria boliviana “es una manera encubierta de desconocer el tratado de 1904, porque en la medida en que lo que pide es una salida soberana por territorio chileno, y a eso apunta la demanda, evidentemente desconoce un tratado que ha regido nuestras relaciones bilaterales por 110 años. Aquí no sólo hay una demanda contra Chile, de alguna manera hay un cuestionamiento del sistema internacional y de la estabilidad de las fronteras a través de los tratados de límites”, sentenció.

En la Guerra del Pacífico (1879-1883), Bolivia perdió su salida soberana al mar a manos del ejército chileno. El Tratado de Paz y Amistad firmado en 1904 por Chile y Bolivia obligó al país vencedor a construir un ferrocarril de Arica a La Paz y otorgar tránsito por su territorio a puertos en el Pacífico, entre otras concesiones que Chile reconoce haber cumplido.

El gobierno de Morales presentó la demanda en abril de 2013, alegando la creación de “derechos expectaticios” a su favor, luego de negociaciones realizadas entre La Paz y Santiago para buscar soluciones a la mediterraneidad de ese país. Chile, en cambio, defiende que los límites entre ambos países han sido fijados por tratado.

Así las cosas, el apoyo a la jugada de la Cancillería chilena fue transversal. El senador socialista Juan Pablo Letelier aseguró que “la demanda de Bolivia no está basada en derecho, es una demanda artificiosa, porque trata de construir una realidad y decir que esos procesos de conversaciones, incluso ofertas, generan derechos para ellos y obligaciones para Chile”.

En las redes sociales, el anuncio de Bachelet también generó reacciones y de inmediato se convirtió en tendencia. Por su parte, diputados de la Democracia Cristiana, que integran la Comisión de Relaciones Exteriores, también confirmaron su respaldo: “Es una decisión que compartimos plenamente y que valoramos en todas sus dimensiones”, coincidieron Iván Flores y Jorge Sabag. “Ha sido una decisión de Estado, oportuna, acertada, que cuenta con todo nuestro apoyo, y sabemos, además, con un respaldo transversal”, agregaron.

Desde la derecha, la UDI también mostró su apoyo, como lo comentó la ex diputada y encargada de asuntos internacionales del partido, Mónica Zalaquett, quien calificó la decisión como oportuna y acertada.

“Acá, todos los partidos políticos aunamos fuerzas con lo resuelto por La Moneda, que no es privativo para un determinado sector, sino que obedece a una visión de país que compartidos todos”, dijo. De igual modo, el secretario general de la UDI, el diputado Javier Macaya, sostuvo que “Chile ha demostrado que tiene una posición sólida y que como país estamos unidos, dando un respaldo transversal al pronunciamiento de Chile”.