La fiscal Cristina Caamaño denunció que recibió nuevas amenazas vía Twitter, muy similares a las que ya había sufrido tres meses atrás, y que entonces la llevaron a hacer una denuncia por hostigamiento en una fiscalía contravencional porteña especializada en delitos informáticos. La diferencia es que ahora se conoció que la fiscal a cargo de la investigación, Daniela Dupuy, pidió información sobre los usuarios de Twitter implicados, al Ministerio del Interior de Estados Unidos, por ser el que alberga a los servidores más importantes. Los mensajes que le llegaban a Caamaño –según precisó en un comunicado– incluían advertencias de que saben dónde buscarla, amenazas de muerte y de que la iban a “linchar”. Provenían de cuentas que hacen campaña de apoyo al fiscal suspendido José María Campagnoli, a quien ella reemplaza en la fiscalía de Saavedra y Núñez, donde detectó irregularidades que detalló en un informe.

Caamaño dijo que desde que hizo la denuncia no supo qué fue pasando con la investigación, que ella no pidió medidas y que supone que Dupuy actuó de acuerdo con los protocolos previstos. Algunos de los tuiteros denunciados relataron ayer públicamente que se enteraron de que los estaban investigando porque les llegó vía Twitter una notificación que les avisaba que existía un pedido de informes sobre el historial de sus cuentas de parte del Homeland Security (Interior estadounidense). Dos de ellos son viejos colaboradores de Campagnoli, Ignacio Rodríguez Varela y Andrés Rimoldi. Pero el puntapié de la noticia lo había dado el diario Clarín, que presentó la información afirmando que el Gobierno, vía Cancillería, había recurrido al de Estados Unidos para investigar datos personales e identificar a los tuiteros.

Esa información fue desmentida por tres vías distintas. La Cancillería aseguró en un comunicado que “la Cancillería no realizó gestiones ante el gobierno de Estados Unidos” y lamentó que otros medios (señaló a Infobae y La Nación) repitan “la falsedad de Clarín”. Funcionarios allegados a la causa de Dupuy explicaron a Página/12 que la fiscalía le pidió colaboración a la Policía Federal para establecer el origen de los tuits; la Policía usó un convenio estándar que rige con Estados Unidos; que los pedidos de datos van al Ministerio del Interior vía FBI; que esas dependencias notifican a Twitter y le piden datos sobre las cuentas analizadas; a la vez Twitter les avisa a los usuarios que hay un pedido referido a ellos. “Todo esto se hace con piloto automático, y se usa mucho para detectar el origen de pornografía infantil”, insistió.

“El Gobierno no tiene nada que ver ni yo soy una victimaria. Hice una denuncia como damnificada porque sentí temor. Tengo miedo, pero no me paraliza. Hoy recibí tuits mucho peores, donde dicen que me van a matar, o ponen ‘devolvele la fiscalía a Campagnoli’ y ‘nos querés mandar al FBI hija de puta’”, dijo Caamaño. La abogada de los tuiteros, Daniela Portino González, dijo que está en juego la “libertad de expresión”. Caamaño insistió en que no impulsó medidas en ese sentido, sino que se vio amenazada. La abogada es la esposa de Ignacio Irigaray, ex colaborador de Campagnoli en la fiscalía y uno de sus abogados en el juicio político. Los tuiteros dicen que ante su pedido Estados Unidos paró el trámite. No sería raro, de hecho, que se rechace un pedido por una contravención, no un delito.

Todo este intríngulis y los mensajes intimidatorios se sucedieron después de que Caamaño presentó ante la Procuración un informe sobre las irregularidades que encontró en la fiscalía de Campagnoli.