La Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados recogió ayer las opiniones de los laboratorios de producción pública de medicamentos de distintas provincias para avanzar en la definición de líneas estratégicas de producción y desarrollo, así como establecer estructura de costos y precios de referencia para facilitar una regulación más eficiente de parte del Estado. La presidenta de la comisión, la diputada kirchnerista Andrea García, convocó para el 12 de agosto a una reunión en el Congreso con todos los presidentes de comisiones de Salud de las Legislaturas provinciales, para aunar criterios y legislación que posibilite sortear el lobby de los grandes laboratorios para ocultar sus estructuras de costos y el consumo del mercado. La comisión ya tiene en estudio cinco proyectos que van desde la creación de una red de laboratorios de producción pública hasta la obligatoriedad de recetar solamente genéricos, pasando por la instrumentación de la receta electrónica para que el Estado acceda a esa información.

“Todos coincidimos en que los medicamentos son un bien social y debemos garantizar el acceso universal de toda la población a los mismos”, sostuvo García ante los integrantes de la comisión y las autoridades de Laboratorios Puntanos Sociedad del Estado, el Laboratorio Industrial Farmacéutico de la provincia de Santa Fe, Laboratorios de Especialidades Medicinales de la ciudad de Rosario e integrantes de la red nacional de laboratorios públicos y producción de medicamentos que participaron del encuentro de ayer en la Cámara de Diputados.

Allí también hubo coincidencia en que “el precio de los medicamentos no puede ser resultado del mercado”. “Los medicamentos en Argentina se pagan 3 o 4 veces más que en los países centrales, de esta manera estamos quitándole a nuestros ciudadanos la capacidad de ahorro, de destinar recursos a otros fines, como el del consumo o el de la recreación”, sostuvo Jorge Rachid. “Un medicamento hecho en un laboratorio público es similar y por qué no mejor que muchos productos que existen en el mercado a mayor costo, pero con mucha publicidad en los medios de comunicación”, sumó Teresa Nigra, presidenta de Laboratorios Puntanos.

“Es fundamental el rol del Estado nacional en el fomento económico de aquellos laboratorios que necesitan desarrollarse y llegar al primer medicamento habilitado por la Anmat”, afirmó el director del laboratorio público rosarino, Sergio Maroevich. “Queremos ser proveedores del Estado y participar en condiciones equitativas. No somos iguales que los privados”, propuso Carlos Arques, director del Laboratorio Farmacéutico santafesino.

Para el vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas, Patricio De Urraza, “tanto la ley anterior, como la actual, tienen que ser instrumentos para que el Estado nacional pueda articular políticas de Estado no sólo en el ámbito del Ejecutivo nacional”. En ese mismo sentido trabaja la comisión de la Cámara baja, que ha puesto en debate una serie de proyectos que apuntan a vencer el lobby que ejercen los grandes laboratorios sobre los médicos para que receten sus productos y “la resistencia de las farmacias de vender medicamentos de elaboración pública”.

La lista incluye la creación de un consejo nacional de regulación del mercado de medicamentos, impulsado por Carlos Raimundi (NE); la modificación de la ley de genéricos e impedir que los médicos receten marcas comerciales, de Gloria Bidegain (FpV); la creación de una agencia nacional de laboratorios públicos, de Carolina Gaillard (FpV), quien especificó en el encuentro que “ya existen en el país 39 laboratorios de estas características con distinto nivel de desarrollo”. Además de pedidos para establecer la “historia clínica digital” (Cristina Ziebart-FpV) o la “receta electrónica” (Andrea García) y la prohibición de la publicidad de medicamentos (Gastón Arispe-FpV).

De todas maneras, desde la comisión de la Cámara baja ya se convocó a los presidentes de las comisiones de Salud de todas las Legislaturas provinciales en busca de unificar las distintas legislaciones y definir políticas públicas sobre medicamentos. “La idea es avanzar en este debate difícil y construir consensos, para dotar de elementos al Estado en la regulación del mercado de medicamentos”, afirmó García a Página/12. La cita será el próximo 12 de agosto en el Congreso.