Una asamblea de indígenas condenó a siete guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por el asesinato de dos aborígenes, con penas que van desde 60 y 40 años de cárcel a 20 latigazos. La máxima sentencia, que alcanza a 60 años de prisión, la recibió Carlos Iván Silva, combatiente que confesó haber cometido el crimen contra los miembros de la guardia indígena en el municipio de Toribio, departamento del Cauca (oeste). Otros cuatro acusados fueron sancionados con 40 años de cárcel por haber disparado indiscriminadamente contra otros miembros de la comunidad cuando acompañaban a Silva el miércoles pasado, cuando ocurrieron los hechos, dijo Gabriel Paví, consejero de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acinc). Por otro lado, dos guerrilleros adolescentes de 14 y 17 años que estaban en el grupo de los siete capturados recibirán 20 latigazos y serán recluidos en un centro de rehabilitación hasta cumplir la mayoría de edad, determinó la asamblea compuesta por más de 3000 representantes de las aldeas nativas del departamento del Cauca. La constitución colombiana brinda a las autoridades de los pueblos indígenas la potestad de realizar juicios por delitos cometidos en sus territorios ancestrales, aunque no pueden aplicar penas que contravengan la Carta Magna o las leyes del país.