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Una masiva movilización paralizó ayer la ciudad de La Paz por segundo día consecutivo con un paro por tiempo indeterminado lanzado por la Central Obrera Boliviana (COB), que advirtió que ésta “es la última marcha pacífica”. La marcha se realizó como apoyo a las protestas campesinas, que exigen la renuncia del presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, y rechazan la exportación de gas sin industrializar a Estados Unidos y tampoco aceptan su comercialización a través de un puerto chileno. Miles de personas se manifestaron en La Paz al grito de: “Goni –apodo de Sánchez de Lozada–, chileno, ¿por qué no te vas a tu país?”. Pero el propio mandatario dijo ayer a la prensa extranjera su preferencia por Perú como lugar de salida del combustible.
La protesta contó con la participación de maestros urbanos y rurales -quienes se sumaron a la huelga general en su segundo día–, universitarios, jubilados, obreros y carniceros. “No a la exportación del gas, ni por Chile ni por Perú”, indicaban los carteles que portaba la multitud. Jaime Solares, titular de la COB, tuvo a su cargo el duro discurso en el que advirtió al gobierno que la de ayer “es la última marcha pacífica. A partir de ahora serán desmedidas”. “El objetivo es que caiga Sánchez de Lozada, que no se venda el gas a Chile, que se industrialice en el país, que sirva para los bolivianos”, declaró Solares.
Posteriormente, el líder sindical confirmó las advertencias y subió la apuesta. “En el futuro, las marchas serán más radicales y en caso de que declaren estado de sitio, comenzará la guerra civil en todo Bolivia”, afirmó Solares. El titular de la COB denunció también que el gobierno “oculta una represión” y que las pruebas están en el lago Titicaca, el Chapare y Santa Cruz, “donde ya existen movimientos de tropas para reprimir a los trabajadores y campesinos”. Por las dudas y durante el paso de la manifestación, cerraron los comercios y las puertas de edificios ante el temor de que se desatara una represión como la que ocurrió en febrero último, cuando murieron 32 personas en medio de una convulsión social y saqueos en protestas contra un impuesto al salario.
Marchas similares, aunque de menor magnitud, también tuvieron lugar ayer en la ciudad de El Alto, vecina a La Paz y en Cochabamba, 680 kilómetros al sudeste de la sede de gobierno. El ministro de Trabajo, Adalberto Kuajara, reiteró que el paro es “ilegal” y amenazó con descontar los haberes de los días de paro a quienes no cumplieron con sus actividades laborales y con despedir a los que se ausentasen por más de seis días como lo establece la Ley General del Trabajo. Kuajara sostuvo también que no hay una central obrera “con capacidad de interlocución global y general a nivel sindical, ya que se encuentra dividida”.
En ese sentido, todos los ojos están puestos en la actitud que adoptará la poderosa Confederación Nacional de Choferes, entidad que en las próximas horas deberá decidir su posición frente a la medida de fuerza. No obstante, su titular, Angel Villacorta, anticipó que la adhesión “está casi descartada”. “Vamos a consultar a nuestras diez federaciones, pero veo muy difícil que podamos adherir. Fundamentalmente por dos razones: porque nuestros vehículos fueron dañados y atacados como si fuésemos enemigos y porque entendemos que al pedirse la renuncia del presidente, la medida se politizó”, explicó Villacorta. Consultado sobre la posición del titular de los Choferes, Solares descalificó a Villacorta tildándolo de “tibio” y anticipó que no van a conversar más con él “sino con las bases de los choferes que sí quieren ir al paro”.