El ex senador opositor socialdemócrata Sérgio Guerra pidió una “recompensa” para impedir la creación de una comisión parlamentaria destinada a investigar la red ilegal que desvió fondos de Petrobras, denunció el ex director de Abastecimiento de la petrolera Paulo Roberto Costa, en una nueva derivación del escándalo que sacude a Brasil.

Según Costa, quien está preso y suministra detalles de los fraudes a cambio de beneficios en la condena, el fallecido ex presidente del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) le pidió personalmente 10 millones de reales (unos 3,3 millones de dólares) para frenar la instalación de la comisión investigadora.

El ex director dijo que el dinero le fue entregado a Guerra a través del empresario Idefonso Colares, de la constructora Queiroz Galvao, una de las dieciséis contratistas de Petrobras acusadas de haber formado un cartel para repartirse las licitaciones de la compañía. Costa añadió que para alcanzar el acuerdo con Guerra recibió la venia de Armando Tripodi, en la época jefe de Gabinete del entonces presidente de Petrobras, Sérgio Gabrielli, del gobernante Partido de los Trabajadores (PT).

Si bien de los 51 políticos que están siendo investigados por sus presuntos nexos con la red que habría desviado unos 3700 millones de dólares de la petrolera estatal entre 2004 y 2012, la abrumadora mayoría son oficialistas, Guerra es el tercer integrante del principal partido opositor del gobierno citado por los detenidos por el caso Petrobras que firmaron acuerdos de delación premiada. El senador socialdemócrata Antonio Anastasia, ex gobernador de Minas Gerais, es el único integrante de ese partido que está en la lista de sospechosos.

Por su parte, el actual presidente del PSDB, Aécio Neves –candidato derrotado por la presidenta Dilma Rousseff en las urnas de octubre pasado–, fue citado por otro preso en el marco de las investigaciones, el cambista Alberto Youssef, como presunto beneficiario de los desvíos.

No obstante, el Supremo Tribunal Federal rechazó el pedido de investigación contra Neves y ordenó que fuera archivado. Aun así, diputados del PT elevaron el jueves un nuevo pedido de investigación contra el senador, que ha negado, al igual que los denunciados, cualquier vinculación con los desvíos de fondos.

Según el portal del diario Folha de Sao Paulo, los parlamentarios alegan que, además de los testimonios de Youssef, existe otro caso que involucró dinero no declarado que el PSDB habría recibido en forma irregular para financiar la campaña electoral de Neves en 2006, cuando disputó y conquistó la gobernación de Minas Gerais.

Por su parte, Rousseff negó el jueves que pretenda promover una reforma en el gabinete para enfrentar la crisis económica y política del país, tras la renuncia del ministro de Educación, Cid Gomes, por una acalorada discusión con miembros del Congreso. “La prensa está creando una reforma ministerial que no existe. Haré alteraciones puntuales. No tenía la perspectiva de alterar nada ni a nadie, pero las circunstancias me obligan a hacerlo, como fue el caso del Ministerio de Educación”, afirmó la jefa de Estado.

En rueda de prensa que concedió tras una ceremonia en el Palacio del Planalto (sede del gobierno), Rousseff abordó la nueva situación generada por la salida del ministro Gomes, quien dejó el cargo el miércoles por la noche luego de poco más de dos meses en el cargo. Según dirigentes políticos citados por diferentes medios, Rousseff pretendía aprovechar la sustitución del ministro de Educación para emprender una reforma mayor del gabinete que le permita fortalecer su gestión ante la actual coyuntura adversa.

La presidenta puso en funciones hace sólo dos meses y medio un gabinete en el que tienen representación los cerca de diez partidos que apoyan su gobierno. Las versiones negadas por la mandataria indican que su antecesor y padrino político, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, le recomendó cambiar a su actual ministro de la Presidencia, Aloizio Mercadante, y a los titulares de las carteras responsables por las negociaciones con el Congreso.