¿Qué hacer ahora? La Unasur solicitó por unanimidad la derogación del decreto ejecutivo de Obama que criminaliza a Venezuela y lo faculta para tomar graves represalias en su contra. Difícilmente preste oídos a la petición unasureña: el imperio es prepotente y también soberbio. Veamos dos hipótesis. Una, si Obama lo deroga se descomprimiría la tensa situación política en Venezuela, porque quien atiza la sedición es más Washington que la débil y desprestigiada oposición interna, huérfana de ideas y cada vez más mimetizada con el paramilitarismo. Segunda hipótesis: si Obama ratificara su postura, los gobiernos de la Unasur deberían elevar la apuesta y anunciar que desistirían de participar en la Cumbre de las Américas (Panamá, 8 al 10 de Abril). Cónclave que Estados Unidos ha venido preparando muy minuciosamente para manipular la participación de la “sociedad civil” en su provecho y recuperar su liderazgo hemisférico. Lo que Washington entiende por “sociedad civil” es lo que un análisis de su composición y representantes llamaría “clientela neocolonial”. Una de las invitadas es la bloguera cubana Yoani Sánchez; otra es María Corina Machado, y ambas junto a otros cuarenta y tantos de su estirpe concurrirán gracias a un solapado financiamiento de la National Endowment for Democracy.

Por consiguiente, si Obama mantiene su decisión, el camino se bifurca nuevamente: puede astutamente postergar el inevitable incremento de las sanciones económicas o diplomáticas contra Venezuela hasta después de la cita en Panamá. Si la Casa Blanca obrase de este modo la tendencia a asistir a la cumbre se vería fortalecida, porque sus amigos en la región dirían que la amenaza del imperio no es tal y que el incidente se solucionará diplomáticamente, lo que es una triste ilusión pero a la cual será difícil oponerse. Pero, y esta es la segunda alternativa, ¿qué hacer si la previsible escalada que siempre han de-satado estos decretos (en Irak, Irán, Libia, Ucrania, Panamá) se traduce en una agresión norteamericana antes de la cumbre: por ejemplo, un bloqueo financiero de Venezuela, impidiendo la operación de Pdvsa o perturbando el flujo de importaciones? ¿O un bloqueo de los puertos (como hicieron en la Nicaragua sandinista) o una “zona de exclusión aérea”, como en Libia; o una oleada de atentados terroristas como las que perpetraron en Cuba, Chile y Nicaragua? En cualquiera de estos dos escenarios, ¿qué sentido tendría asistir a un diálogo bajo amenaza o en medio de una agresión física?. Dadas estas circunstancias, la Unasur –y también la Celac– debería enviar un claro mensaje a Washington afirmando que sin la derogación del decreto las condiciones mínimas para realizar una productiva conferencia internacional están ausentes y que la cumbre deberá suspenderse hasta nuevo aviso. Para Obama sería un serio revés que lo haría caer en la cuenta del inaceptable costo de su política belicista y, tal vez, podría llegar a revisar su postura.

No caben dudas de que la Casa Blanca programó cuidadosamente su “apertura” en relación con Cuba y su endurecimiento sobre Venezuela en vísperas de la cumbre. Sabe que la simultaneidad de ambas políticas, precisamente por su contradicción, puede crear profundas fisuras dentro de la Unasur y la Celac: algunos serán seducidos por la “política cubana” de Obama y en ausencia de una agresión física contra Venezuela serán propensos a creer, por enésima vez, en las rosadas promesas del imperio. Otros desconfiarán de sus intenciones, como ya lo han hecho saber Evo Morales y Rafael Correa. El resultado que Washington busca sin pausa desde que Hugo Chávez lanzara su cruzada bolivariana es mantener la fragmentación de Latinoamérica y destruir la Unasur y la Celac. Hay que frustrar esos planes y mantener la unidad, pero también impedir que con la tranquila realización de la Cumbre, al soslayarse el peligro que se cierne sobre Venezuela, Obama consiga una “carta blanca” para después descargar toda la violencia imperial en contra de ese país. Conclusión: habrá que mirar muy cuidadosamente lo que Washington haga y diga en los próximos días, y si una semana antes de la cumbre el decreto no ha sido derogado, la mejor opción para Nuestra América será abstenerse de acudir a esa cita.