La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, reconoció ayer que no supo condenar con fuerza “los modos éticamente imprudentes de hacer negocios”, en medio de los ecos de un escándalo de supuesta corrupción que involucra a su hijo mayor y que hundió su popularidad, en una ceremonia en el Palacio La Moneda. La mandataria anunció que pronto presentará un paquete de medidas para regular la relación entre la política y los negocios.

“Pensamos erradamente, lo vemos hoy, que las leyes que teníamos podían limitar las malas prácticas que hoy erosionan la legitimidad de la democracia. No siempre supimos, ni supe, condenar con fuerza y a tiempo los modos éticamente imprudentes de hacer negocios que hemos conocido”, dijo Bachelet ayer, al hacer un mea culpa tras recibir las conclusiones de una comisión oficial que ordenó para regular la relación entre el dinero y la política. “Lo digo con claridad y dando la cara al país: pudimos hacer más para que prime la transparencia en la relación entre política y negocios”, agregó la mandataria.

Bachelet le pidió a un grupo de expertos elaborar propuestas de leyes para regular el financiamiento de la actividad política, después de que estallaran varios casos de supuesta corrupción, uno de los cuales involucra a su propio hijo, Sebastián Dávalos, y a su esposa, Natalia Compagnon. Dávalos y Compagnon son investigados por la Justicia por el “uso de información privilegiada” y “tráfico de influencias” después de concretar una millonaria venta de terrenos en el sur de Chile. Tras el escándalo, Dávalos debió renunciar al puesto no remunerado que ejercía en el gobierno de su madre, quien en pocas semanas vio derrumbarse su popularidad hasta las cifras más bajas en sus dos períodos de gobierno.

En paralelo, dos de los grupos económicos más importantes del país, Penta y la minera Soquimich, están siendo investigados por delitos tributarios tras el uso de boletas falsas de honorarios para el financiamiento de políticos. “Ultimamente hemos conocido irregularidades. Lo que antes unos pocos sabían, hoy se ha hecho evidente para todos”, dijo la mandataria, sobre el extendido uso de estas boletas, un mecanismo mediante el cual las empresas entregan recursos a políticos y luego descuentan impuestos de sus contabilidades, al ingresarlas como gastos.

La presidenta encabezó la ceremonia en la que recibió las propuestas de una comisión de expertos que ella misma creó el mes pasado para transparentar la relación entre la política y los negocios a raíz de los escándalos que se han develado en los últimos meses. “Los que estamos en la política y los negocios estamos en deuda con Chile, porque hemos afectado el orgullo que los chilenos sienten con su patria, un país transparente y honesto”, agregó Bachelet ante la presencia de los ministros de su gabinete, autoridades de los tres poderes del Estado y los ex presidentes Eduardo Frei y Sebastián Piñera. Bachelet ahora debe decidir qué propuestas entregadas por esta comisión se transformarán en leyes de la república.

Los hechos de corrupción golpearon con dureza la popularidad de Bachelet y pusieron en tela de juicio el funcionamiento de las instituciones en un país donde, hasta hace poco, la corrupción no figuraba entre las principales preocupaciones ciudadanas. Ante este escenario, Bachelet dijo que es necesario empezar por reconocer la responsabilidad de la clase política en la situación actual, aunque al mismo tiempo hizo un llamado a la acción porque, subrayó, serán los hechos concretos los que permitirán “reconstruir la confianza social”.

La mandataria dijo que estudiará detenidamente las propuestas del consejo asesor anticorrupción y las incorporará a otras medidas que ha trabajado el gobierno para elaborar un paquete de acciones que presentará en unos pocos días. Las propuestas de la comisión de expertos, presidida por el economista Eduardo Engel, apuntan a mejorar a redefinir la financiación de la política, evitar el tráfico de influencias y los conflictos de intereses, y regular la actividad del sector privado, entre otras.

El ex presidente conservador Sebastián Piñera (2010-2014) respaldó algunas de las recomendaciones del consejo anticorrupción, como dotar al Servicio Electoral de una mayor capacidad fiscalizadora, y solicitó también “una nueva actitud” para “no esconder los problemas bajo la alfombra”. “Vamos a llevar un año con el país en cierta forma paralizado y cuanto antes podamos enfrentar estos problemas, antes vamos a poder poner nuestra preocupación y ocupación en recuperar la capacidad de crecer y mejorar la calidad de la educación”, dijo Piñera.

El ex gobernante Eduardo Frei, por su parte, elogió la creación de la comisión asesora anticorrupción y rescató las palabras de Bachelet, quien reiteró que Chile no es un país corrupto por naturaleza. “Ha habido acciones de ciertas personas y lo que necesitamos es tener una legislación avanzada”, sostuvo Frei (1994-2000).

El economista Eduardo Engel se mostró esperanzado en que las propuestas del consejo de expertos ayuden a producir un “cambio sustantivo” en el mundo político y empresarial, y consideró inevitable que en algún momento la ciudadanía se rebelara contra la corrupción. “Tarde o temprano la sociedad iba a reaccionar frente a hechos que no se condicen con la convivencia sana, democrática y éticamente aceptable”, dijo el académico de la Universidad de Chile.

En Chile, las empresas pueden financiar las campañas políticas, pero en un período acotado y de forma anónima.