En el marco de las masivas protestas estudiantiles realizadas en Santiago y ciudades cercanas, dos jóvenes fueron baleados en Valparaíso por un hombre porque estaban pintando el frente de su casa. Las manifestaciones fueron convocadas por la Conferederación de Estudiantes de Chile (Confech), el Colegio de Profesores y la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), bajo el lema “Que Chile decida”, y finalizaron con disturbios aislados en Santiago.

Cuando la manifestación en Valparaíso estaba llegando a su fin, dos jóvenes, de 18 y 25 años, intentaron pintar con aerosol la puerta de una casa. Cuando el dueño del inmueble se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, empezó a discutir con ellos y su hijo salió a la calle con un revólver, con el que disparó a los manifestantes. Uno de ellos recibió un disparo en el cuello y el otro en el tórax. Ambos fueron llevados con urgencia al hospital Carlos Van Buren, de Valparaíso, pero los médicos no pudieron salvarlos. En tanto, la persona que ejecutó a los dos manifestantes, de 20 años, fue detenida por la policía. Tras conocerse los hechos, los mismos dirigentes universitarios que convocaron las manifestaciones organizaron en Valparaíso un “velatín”, una ceremonia en la que se encendieron cirios para homenajear a los estudiantes asesinados.

El ministro del Interior, Jorge Burgos, condenó el doble asesinato y anunció la designación de un fiscal especial para investigarlo. “El gobierno no tolera ni tolerará acciones de esta naturaleza que pongan en riesgo la vida y a la vez garantiza el libre ejercicio de marchas que convoca la ciudadanía”, sostuvo Burgos, quien subrayó que el autor de los disparos no tiene ningún vínculo con la policía que vigilaba la manifestación. “En el autor del crimen no hubo racionalidad alguna, sino una desproporción absoluta del medio empleado”, dijo el funcionario.

Por su parte, la activista y diputada por la Juventud Comunista, Camila Vallejos, repudió el asesinato de los dos jóvenes en Valparaíso. “Queremos que se haga justicia, que se investigue bien lo que sucedió y que sea un aprendizaje para el país de que nada justifica estos hechos”. Vallejos recalcó que en estos casos “la acción de carabineros” debe contribuir “a que la manifestación social se lleve a cabo con seguridad para todos” y evitar que se generen eventos violentos. “La criminalización de la protesta social no nos puede llevar a que los ciudadanos civiles o carabineros valoren más la propiedad privada o el orden antes que la vida de las personas”, expresó la activista.

En tanto, la mayor de las protestas tuvo lugar en Santiago, donde carabineros cifró la asistencia en 50 mil personas, mientras que los organizadores estimaron la concurrencia en más de 100 mil personas, quienes recorrieron la Alameda, la principal avenida de la capital chilena, para manifestarse contra el gobierno por la tramitación de los proyectos de la Reforma Educativa prometida. Los estudiantes universitarios y de la educación media, además de los profesores presentes en la marcha, cuestionan que el gobierno no los haya convocado para discutir la reforma, además de exigir el fin del lucro en el sector educativo. Valentina Saavedra, presidenta de la Confech, expresó su malestar por la inacción del gobierno respecto de lo prometido. “Hemos visto una pasividad y un silencio por parte del gobierno, donde nadie conoce mucho sus voluntades, cuáles son los intereses que quiere satisfacer y con quiénes la quiere constituir”, dijo. “La reforma educativa será legítima cuando se construya con los diversos actores sociales”, expresó Saavedra.

Por su parte, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, llamó a que se imponga el diálogo para resolver las materias pendientes en el ámbito educativo. “Uno espera que hubiera un ambiente de respeto recíproco, de diálogo y de acciones concretas. Quizás acciones mínimas podrían ayudar a restablecer la confianza con los estudiantes”, puntalizó. “Hay un ambiente de desconfianza radical de los estudiantes en el sistema, en el Parlamento, en las autoridades, en general, y en esa situación creo que las señales concretas ayudan mucho”, expresó Vivaldi.

Pequeños grupos con sus rostros cubiertos se enfrentaron con bombas molotov a la policía, que los reprimió con chorros de agua y gases lacrimógenos. Además, los manifestantes destruyeron algunos semáforos y fachadas de edificios del sector céntrico de la capital. Los manifestantes dieron plazo hasta la próxima semana a la presidenta chilena, Michelle Bachelet, para que entregue una “respuesta clara y contundente” sobre el tema.

La mandataria concurrirá al Congreso el próximo jueves 21 de mayo para dar cuenta al Parlamento y al país sobre el estado de la nación. En caso de que allí no encuentren respuesta, estudiantes y profesores advirtieron que las movilizaciones irán en ascenso. Una de las promesas de la mandataria es mejorar los salarios de los profesores y establecer gradualmente la gratuidad de la educación universitaria a partir del próximo año.

Desde la dictadura militar (1973-1990), la educación pública universitaria chilena es paga, con aranceles que llegan a miles de dólares anuales, mientras casi la mitad de la población percibe salarios mensuales por debajo de los 450 dólares.