Desde Londres

En su primera semana de gobierno, el primer ministro David Cameron está dejando en claro sus credenciales. Con un discurso soft, una política hard y mayoría parlamentaria propia, el gobierno ha rechazado la nueva iniciativa europea sobre inmigración, repelerá la Ley de Derechos Humanos, propondrá una nueva ley de emergencia antiterrorista y la complementará con medidas adicionales de vigilancia por Internet.

El gobierno que Cameron terminó de conformar este lunes tiene una mezcla de pragmáticos de derecha y ministros que oscilan entre un fuerte euroescepticismo y el discurso de mano dura. Entre los primeros se encuentra el principal aliado de Cameron y posible sucesor, el ministro de Finanzas George Osborne. Entre los segundos están la ministra del Interior, Theresa May que, como Osborne, reina en su puesto desde 2010, y el de Justicia, Michael Gove.

May y Gove están a cargo de áreas clave de la nueva agenda. Inmigración y antiterrorismo serán feudos de la Dama de Hierro II, mientras que el Caballero de Acero se encargará de derechos humanos: ambos tendrán a Europa en el centro de la mira.

La Dama comenzó este miércoles por dejar en claro que el Reino Unido no participaría de ninguna iniciativa de la Unión Europea (UE) para lidiar con el fenómeno de los inmigrantes en el Mar Mediterráneo, a pesar de que en lo que va del año, luego de la tragedia de abril, suman treinta veces más muertes que el año pasado. El Reino Unido junto a Dinamarca y la República de Irlanda están exceptuados por el Tratado de Lisboa de la UE de cumplir directivas europeas de asilo e inmigración: si lo hacen es por decisión propia. Este miércoles May dejó en claro su posición. “Ofrecerles asilo es estimular el tráfico de personas, que es la causa de este problema”, señaló.

Ese mismo miércoles, la ministra del interior anunció que impulsará una nueva ley antiterrorista. “Nos centraremos en el extremismo de todo tipo, un extremismo que busca promover el odio, que busca dividir nuestra sociedad, que busca socavar los valores que nos hacen una gran nación”, indicó.

La ministra no dio detalles, pero la iniciativa no es nueva. En la última conferencia del Partido Conservador el año pasado May propuso la proscripción de grupos o individuos que buscan incitar el odio racial o religioso, amenazan la democracia o promueven el desorden público, la violencia y el acoso u otros actos criminales. A una iniciativa caracterizada por la amplitud y vaguedad sumó la bautizada snooper charter (estatuto del fisgón), que busca vigilancia policial prácticamente ilimitada a los contenidos de Internet de todos sus ciudadanos.

Hasta aquí la Dama de Hierro II. El Caballero, Michael Gove –ministro de Justicia que en su época de periodista reivindicó la pena de muerte–, está embarcado en la abolición de la Ley de Derechos Humanos de 1998 que incorporó a la legislación británica una iniciativa de la posguerra que tuvo entre sus adalides al mismo Reino Unido: la Convención Europea de Derechos humanos. En su reemplazo los conservadores proponen una nueva Ley Británica de Derechos y Responsabilidades para “terminar con el vínculo formal existente entre las cortes británicas y la Corte Europea de Justicia”.

En la práctica el Reino Unido seguiría siendo signatario de la Convención Europea de Derechos Humanos –sólo podría dejar de serlo si se separase de la UE–, pero ningún británico o residente podrá iniciar una demanda en el Reino Unido: para hacerlo tendrá que recurrir a la Corte Europea de Derechos Humanos en Estrasburgo, Francia. Según Shami Chakrabarti, directora de la ONG de libertades civiles Liberty, “los déspotas de todo el mundo deben de estar frotándose las manos porque si un país como el Reino Unido descarta derechos fundamentales, ¿por qué no lo van a hacer ellos?”

El tercer mosquetero de la pandilla, el nuevo ministro de Cultura, John Whittingdale, está a cargo de la batalla con la BBC, corporación pública de televisión y radio que siempre ha estado en la mira de la derecha conservadora y sus aliados mediáticos, liderados por el Grupo Murdoch. La primera estocada ha sido el anuncio de la despenalización por no pagar la licencia que financia la corporación. La licencia es un impuesto automático, equivalente a unos 200 dólares anuales por televisor, que financia la BBC a nivel nacional y mundial: la despenalización es una invitación a desfinanciarla. El ministro ha estado públicamente a la cabeza de los conservadores que quieren eliminar el impuesto y, en los hechos, privatizar la BBC.

Con una mayoría parlamentaria de diez diputados, los conservadores no deberían tener muchos problemas para llevar adelante la mayoría de sus iniciativas, pero con la ley de derechos humanos tendrán serias dificultades. En estos días ha quedado bosquejado el espacio para una amplia alianza entre laboristas, liberal demócratas, verdes, autonomistas de Gales, la izquierda en Irlanda del Norte y nacionalistas escoceses, junto a un grupo de diputados conservadores que se oponen a la medida, coalición a la que se suman ONG como Amnistía Internacional o Liberty. En la Cámara de los Lores, que puede obstaculizar hasta terminar ahogando la aprobación de una ley, hay mayoría opositora. Según el periódico ultra conservador Daily Telegraph, a esta coalición se suman enormes problemas legales que vuelven a la ley “difícilmente reversible”.

El primer ministro David Cameron es el encargado de poner las palabras soft para evitar esa imagen que los conservadores cargan desde el thatcherismo de ser el nasty party (el partido “odioso, repugnante”), imagen que no les impidió ganar las elecciones con el 36,9 por ciento del voto. “Somos el partido de todos los británicos. El partido de una nación unida que da oportunidades a todos, sean pobres o ricos, sean de cualquiera de las naciones que forman nuestro Reino Unido. Somos eso. Nunca debimos dejar de serlo”, dijo Cameron luego de su sorpresiva victoria la semana pasada. A la vista de los hechos, sus palabras recuerdan las de Margaret Thatcher luego de su primera victoria electoral, en 1979, cuando citó a San Francisco de Asís para asegurar que había triunfado a fin de que “donde hay conflicto reine la armonía”, cita que precedió el más furibundo ataque sobre sindicatos, organizaciones populares y el Estado de Bienestar Social.