El gobierno brasileño desmintió ayer que el dinero de las corruptelas en Petrobras haya servido para financiar la campaña que el año pasado llevó a la reelección de la presidenta Dilma Rousseff. La respuesta fue a raíz de declaraciones de un empresario preso por el escándalo de corrupción en la petrolera estatal publicadas ayer en la revista Veja.

El ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, acompañado del titular de Información, Edinho Silva, convocó a una rueda de prensa con carácter de urgente para manifestar el repudio del gobierno frente a unas declaraciones del empresario Ricardo Pessoa. Según publicó Veja, el dueño de la constructora UTC Engenharia declaró que donó 7,5 millones de reales (unos 2,4 millones de dólares) provenientes de la corrupción en Petrobras para la campaña que condujo a la reelección de Dilma. La declaración habría sido hecha en el marco de un proceso de colaboración judicial a cambio de una futura reducción de pena.

El ministro Silva, quien fue tesorero de la campaña de Rousseff, admitió que UTC donó esa cifra, pero aseguró que fueron operaciones hechas legalmente y que el dinero se declaró ante las autoridades electorales, que “aprobaron en forma unánime las cuentas” de la mandataria. También reconoció que se reunió tres veces con Pessoa a fin de negociar esas donaciones, sobre las cuales precisó que significaron “apenas el dos por ciento del dinero recaudado para la campaña”. Silva explicó que, como tesorero, dialogó “con decenas de empresarios, así como también hicieron los tesoreros de todos los partidos”, y dijo que “causa indignación que no se haya mencionado que Pessoa y otras empresas privadas también donaron dinero a otros políticos”, incluso de la oposición. El titular de Justicia indicó que desconoce el contenido de la declaración de Pessoa, que pese a permanecer bajo estricto secreto judicial fue obtenida y publicada por Veja. No obstante, y por haber sido citado en la declaración, anunció que pedirá a la Justicia que le facilite el acceso al texto, a fin de “responder a esas mentiras por las vías legales que corresponda”.

Según Veja, Pessoa declaró además que en 2006 donó 2,5 millones de reales (804.000 dólares al cambio actual), también de origen ilícito, para la campaña que llevó a la reelección del antecesor y padrino político de Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva. La revista aseguró, además, que el empresario implicó al actual senador y ex presidente Fernando Collor de Melo, destituido en medio de un escándalo de corrupción en 1992, al actual alcalde de San Pablo, Fernando Haddad, y a nueve legisladores.

En el último caso, los parlamentarios pertenecen al gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y a los oficialistas partidos del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), Laborista Brasileño (PTB) y Progresista (PP). La lista difundida por Veja también incluye a los opositores Aloysio Nunes, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y actual presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, y al diputado Julio Delgado, del Partido Socialista Brasileño (PSB).

El escándalo de corrupción en Petrobras arrastró a decenas de empresarios, ex directivos de la firma y políticos, entre ellos ex tesorero del PT, Joao Vaccari. Asimismo, la Justicia investiga a medio centenar de políticos, entre quienes están los presidentes de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y del Senado, Renán Calheiros, ambos dirigentes del PMDB, que lidera el vicepresidente del país, Michel Temer.

La policía (que lleva a cabo las investigaciones) sostiene que las empresas privadas implicadas obtenían contratos amañados con Petrobras, inflaban los precios y repartían las diferencias entre algunos directores de la estatal y políticos que amparaban esas irregularidades. En ocasiones, según las autoridades judiciales, el dinero era entregado a los partidos bajo la forma de donaciones legales para campañas que eran debidamente registradas pero, sin embargo, tenían origen ilícito.