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Desde Tegucigalpa

En la madrugada del 28 de junio de 2009, militares irrumpían en la casa del presidente hondureño José Manuel Zelaya Rosales para sacarlo en pijama y meterlo en un avión rumbo a Costa Rica, inaugurando el primer Golpe de Estado en Latinoamérica del siglo XXI. Medida que luego se perfeccionaría en 2012 en Paraguay con el juicio político express que removió a Fernando Lugo.

¿Cuál había sido el pecado cometido? Proponer ampliar la democracia con la primera consulta popular en la historia del país centroamericano, para que la gente eligiera si aceptaba o no la convocatoria a una Asamblea Constituyente y así, entre otras modificaciones, incorporar la posibilidad de reelección. Seis años más tarde, y a pesar de que sólo el Poder Legislativo tiene la facultad de introducirle cambios, la reelección acaba de ser aprobada. Pero no por un plebiscito popular, sino por una resolución de una Corte Suprema de Justicia que responde a los intereses del actual presidente Juan Orlando Hernández, del conservador Partido Nacional.

Partido y presidente que se encuentran envueltos en un caso de corrupción que está sacudiendo al país, después que se descubriera que entre 2012 y 2013 se robaron más de trescientos cincuenta millones de dólares del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Plata saqueada al sistema de salud de los trabajadores, que a través de empresas fantasmas se usó para financiar la campaña electoral de quien ahora comanda el Ejecutivo. Porfirio Lobo Sosa, presidente al momento del robo, inclusive admitió hace unos meses que él sabía del desfalco del Seguro, pero que no lo había hecho público para no perjudicar el curso de las elecciones.

Inspirados en el movimiento guatemalteco que hace menos de dos meses consiguió que renunciara la ex vicepresidenta Roxana Baldetti por un caso de corrupción en la Aduana, muchos hondureños han salido por primera vez a las calles a protestar por un desfalco estatal. Desde hace más de un mes, en más de cuarenta ciudades del país y del extranjero, se están organizando semanalmente movilizaciones de antorchas, pidiendo la renuncia de Hernández, además de la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (Cicih) para que investigue el caso.

La Justicia local no inspira mucha confianza. El nivel de impunidad asciende al 96 por ciento de las denuncias que se presentan, lo que se traduce en una libertad casi plena para cometer cualquier delito. Sólo así se explica que Honduras tenga una de las tasas de homicidios más altas del planeta, con 85,5 muertos cada cien mil habitantes. Sólo así se explica que líderes campesinos, indígenas, maestros, activistas Lgbti, abogados o periodistas sean asesinados con tanta facilidad. Sólo así se explica que maten a una mujer cada catorce horas.

Ni Miss Honduras se salvó. María José Alvarado apareció asesinada a balazos junto a su hermana en noviembre pasado, el día que debía volar a Londres para participar del concurso. Más reciente fue el caso de Soad Ham Bustillo, una estudiante de trece años que gritó frente a las cámaras de televisión que el presidente era un “hijo de la gran puta”, porque ni sillas para sentarse en clase tenían. A los dos días, apareció estrangulada, con signos de tortura y metida en un costal. La gran mayoría de la gente no se indignó por su muerte, ni por la de los otros tres estudiantes que asesinaron en medio de las protestas de los colegios secundarios.

Tampoco se indignó porque el Estado haya tenido que importar frijoles de Etiopía ante la escasez del campo. Frijoles que tardaron más de dos meses en llegar por barco y que tuvieron que ser enterrados porque se habían podrido. Ni porque estén prohibidas las Pastillas Anticonceptivas de Emergencia para el día después, en un país donde es normal que niñas de catorce queden embarazadas porque las violó un familiar, vecino o amigo. Ni porque después de anular varios carriles para construir dos líneas de MetroBus, se roben la plata destinada a comprar la flota. A dos años de que terminaran las obras, ciclistas y peatones tienen al menos un carril para circular con calma.

Lo que sí indignó a esa ciudadanía que se manifiesta en las redes sociales, fue el robo al Seguro Social, que aún se encuentra desabastecido de medicamentos básicos. Y desde las redes empezaron a convocar a las marchas de las antorchas. Y por primera vez salieron a la calle personas que ni por el Golpe de Estado de hace seis años se habían movilizado. Desde el lunes pasado, se instalaron en una carpa frente a Casa Presidencial dos indignados que comenzaron una huelga de hambre hasta que se cree la Cicih. Cada día, aumenta la gente que se suma a la huelga y la que se acerca a mostrar solidaridad con los acampantes.

El tiempo dirá cómo sigue la historia. Todo puede suceder en el surrealismo mágico de Honduras, un país experto en expulsar niños para que en un futuro envíen remesas, que representan el 19 por ciento del Producto Bruto Interno. Si es que consiguen cruzar el Río Bravo y no quedan antes sepultados en alguna fosa común en México.

* Periodista argentino.