Un tribunal de Trípoli condenó a muerte a Saif al Islam, hijo del ex líder libio Muammar Khadafi y a otros ocho altos funcionarios de su gobierno por cargos de asesinato a manifestantes durante la rebelión de 2011. El fallo, que fue condenado por la ONU, el Consejo Europeo y Humans Right Watch (HRW), involucró también al ex jefe de los servicios secretos de Khadafi Abdala al Sanusi y a su último primer ministro, Al Baghdadi al Mahmudi.

El proceso, para el que la confusa situación judicial imperante en Libia no asegura una instancia de apelación, se realizó en un país fracturado en dos partes tras el alzamiento de 2011, con un gobierno en Trípoli (desde donde fue dictada la sentencia contra Al Islam) y otro impulsado por la OTAN e internacionalmente reconocido, en Tobruk, que luchan por el control de los recursos naturales con apoyo de antiguos miembros del gobierno de Khadafi, islamistas radicales, líderes tribales y señores de la guerra que trafican con armas, drogas y personas. En consecuencia, es poco probable que la sentencia se lleve a cabo en el corto plazo, ya que además las milicias en el oeste de Libia se negaron sistemáticamente durante los últimos años a entregar al hijo de Khadafi al gobierno y consideran que enjuiciarlo es “un derecho del pueblo”.

En el juicio, donde estuvieron presentes 29 de los 38 acusados, fueron condenados el también ex presidente de los servicios secretos exteriores Abudiz Omar Durda; el antiguo responsable de la Guardia Popular Mansur Du y el ex presidente de Seguridad Interior Milad Raman. Sólo cuatro de los acusados no fueron condenados a muerte, entre ellos el ex ministro de Relaciones Exteriores Abdelah al Aati. Al igual que en las nueve sesiones anteriores del tribunal, el hijo mayor de Khadafi no asistió a la corte, sino que las siguió por videoconferencia.

Poco después de conocida la sentencia, la ONU impugnó el proceso y deploró la condena dictada tanto a Al Islam como a los ex funcionarios del gobierno de su padre. La portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Ravina Samdasani, dijo que el proceso falló en la incapacidad de establecer la responsabilidad personal de delitos concretos, los problemas para que los imputados tengan pleno acceso a un abogado y las denuncias de maltrato. “Hemos hecho un seguimiento exhaustivo de la detención y el juicio y concluimos que no se cumplieron las normas internacionales sobre juicios justos”, señaló. “Pedimos a las autoridades libias que introduzcan regormas legales de manera urgente para que los derechos humanos sean plenamente respetados en la administración de justicia”, concluyó Samdasani.

También el secretario general del Consejo de Europa, Thorbjon Jagland, censuró ayer la condena y el juicio contra el hijo del ex líder libio, y pidió que el caso recayera sobre el Tribunal Penal Internacional de La Haya. “Condeno la decisión de Trípoli contra Saif al Islam y otros ocho acusados. Este caso debería haberlo tratado el Tribunal Penal Internacional de La Haya para garantizar un juicio justo”, declaró Jagland en un comunicado. “Reafirmamos el compromiso que representa para nosotros promover la abolición de la pena de muerte en el continente europeo y en el resto del mundo”, señaló el secretario general.

El proceso también fue criticado por la organización humanitaria HRW. El subdirector para Medio Oriente y el norte de Africa de la ONG, Joe Stork, aseguró que los abogados defensores carecían de acceso completo y oportuno a los archivos del caso, además de denunciar que los abogados no podían reunirse en privado con sus clientes. “Hay serias dudas sobre si los jueces y los fiscales pueden ser verdaderamente independientes donde prevalece una absoluta anarquía y ciertos grupos están desvergonzadamente protegidos de la Justicia”, opinó.

Considerado durante mucho tiempo como el heredero político de su padre, Saif al Islam fue detenido en la ciudad de Zintán, ubicada al noroeste del país, por milicias que se negaron a entregarlo a las autoridades de Trípoli desde su captura en noviembre de 2011. La mayoría de los acusados fueron detenidos en la capital, controlada por la milicia islamista de Fayer Libia (Amanecer de Libia), afín al gobierno rebelde.

El país norafricano se trata de un Estado fallido, víctima del caos y la guerra civil, desde que en 2011 la comunidad internacional contribuyera al éxito del alzamiento contra el gobierno de Khadafi. La división beneficia a grupos jihadistas afines al Estado Islámico (EI) y a Al Qaida en el Magreb Islámico (AQMI), ya que en los últimos meses ampliaron su poder e influencia en el país. Además, Libia es desde hace meses escenario de intensos combates entre las milicias islamitas fieles a Trípoli, el EI y el ejército leal al Ejecutivo internacionalmente reconocido, el cual tiene su sede en Tobruk, ubicada a pocos kilómetros de la frontera con Egipto.