Página/12 En Brasil

Con un despliegue de decenas de hombres, concebido con estética de serie televisiva, la policía federal irrumpió ayer en el edificio de la estatal Eletronuclear en Río de Janeiro, reactivada en la década pasada como parte del impulso dado al programa atómico, y detuvo a su titular, el almirante Othon Luiz Pinheiro da Silva, sospechado de haber sido sobornado por empresas constructoras para obtener contratos.

El denominado Operativo Radiactividad fue, en realidad, un capítulo dentro de la investigación madre llamada Lava Jato (lavado rápido) llevada a cabo desde comienzos de 2014 sobre irregularidades perpetradas por ex ejecutivos de Petrobras en complicidad con compañías privadas (ver aparte). Los fiscales y agentes de Inteligencia a cargo de la causa Lava Jato descubrieron nexos entre los desfalcos contra la petrolera y los que se cometieron en perjuicio de Eletronuclear. Por lo tanto ahora, luego de los allanamientos y órdenes de detención ejecutados ayer, la sombra de corrupción y el desprestigio (inducido) que sobrevolaba a Petrobras se prolonga hacia la compañía estatal nuclear.

Padre del proyecto nuclear

Al detenido Othon Pinheiro da Silva se lo considera el padre del proyecto nuclear brasileño en el que trabaja desde hace más de 40 años, al principio integrando un equipo secreto de expertos con el que la Marina procuraba desarrollar armamento atómico para acortar la desventaja estratégica frente a Argentina.

Según la Procuraduría Federal, el militar retirado habría cobrado 4,5 millones de reales (1,4 millón de dólares) en concepto de coimas para conceder contratos para la construcción de la usina Angra III en Río de Janeiro, proyecto que estaba congelado desde la década del ‘80. El dinero habría sido aportado entre 2009 y fines de 2014 por la constructora Andrade Gutiérrez, la segunda más importante del país, que se lo hacía llegar a través de una firma “intermediaria” o de fachada llamada Aratec.

“No recibí ninguna propina relativa a Angra III ni por ninguna otra obra, mi vida es transparente, vivo de mi jubilación en la Marina y del salario como presidente de Eletronuclear”, declaró el imputado al pedir licencia en su cargo hace tres meses acorralado por las denuncias.

Quien lo acusó fue Dalton Avancini, un alto ejecutivo de Camargo Correia, que se adscribió a la delación premiada durante su prisión como imputado en el escándalo de Petrobras.

Othon Pinheiro da Silva, quien ayer por la tarde iba a ser trasladado a un presidio de Paraná, es ingeniero nuclear con estudios de posgrado en el MIT estadounidense y era una referencia para algunos científicos de su área de conocimiento. Su prisión constituye un golpe para la política de ampliación y diversificación de la matriz energética con más aporte de las plantas atómicas iniciada por el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva y continuada por su sucesora Dilma Rousseff.

Un conjunto de iniciativas adoptadas a partir de 2005, con la reactivación de Eletronuclear y el nombramiento de Pinheiro da Silva, significaron un viraje en las prioridades estratégicas. Se inscriben en esa grilla iniciativas militares como la firma de un acuerdo de Defensa con Francia en 2008 que contemplaba la construcción de un submarino propulsado a energía nuclear, y diplomáticas como el respaldo a Irán para que enriquezca uranio destinado a fines pacíficos, anunciado por Lula en 2010, origen de la mayor crisis con Estados Unidos en sus ocho años de gobierno.

En 2011, a poco de asumir su primer mandato, Rousseff creó Itaguaí Construcciones Navales, formada junto a Francia, la Armada brasileña y Odebrecht, para construir cuatro submarinos convencionales y uno propulsado a energía nuclear cuya entrega estaba prevista para 2023. Fecha que podría ser postergada por los episodios que perjudican la imagen de Eletronuclear, Petrobras, y alimentan una campaña antiestatista que tiene como corifeos a la derecha opositora, el lobby de empresas multinacionales y las cadenas de medios privados.

Horas antes de las redadas policiales de ayer, Dilma había manifestado su preocupación sobre el impacto económico causado por el proceso sobre (y contra) Petrobras, a cargo de Sergio Moro, un juez federal de primera instancia con probables simpatías opositoras.

Rousseff comentó el lunes ante un grupo de ministros que el “petrolao” representa pérdidas económicas para el país del orden del 1 por ciento del PIB, esto es unos 18.000 millones de dólares, estimación que obviamente no incluye el perjuicio que causará la crisis en puerta en Eletronuclear.

Esto contabilizando no sólo los perjuicios a la petrolera por contratos amañados y coimas, sino también por la suspensión de obras que habían sido previstas para este año junto a la pérdida de espacio internacional de las constructoras privadas como Odebrecht y Camargo Correa.

Al estar involucradas en varias causas esas firmas podrán ser excluidas de licitaciones. En ese sentido, los gobiernos de Perú y Ecuador iniciaron averiguaciones sobre Odebrecht, y el de Colombia insinuó excluirla de las futuras licitaciones para obras públicas. Incluso fuentes del gobierno dejaron trascender que esa constructora posiblemente cederá terreno ante sus rivales chinas con las que lleva adelante una disputa palmo a palmo en Africa.