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Por Juan Jesús Aznárez *
Desde México

La histórica y unánime sentencia de la Suprema Corte de Justicia de México (SCJM) de declarar imprescriptible la “desaparición” del izquierdista Jesús Piedra Ibarra, en 1975, sienta jurisprudencia y permitirá que puedan ser perseguidos y juzgados penalmente cerca de cien policías y funcionarios implicados en aproximadamente 275 crímenes, cometidos durante la guerra sucia de finales de los ‘60 y principios de los ‘80. Los magistrados argumentaron que el cuerpo de la víctima no ha aparecido todavía y, por tanto, no procede la prescripción del caso.
La Suprema Corte falló así sobre el primero de los numerosos expedientes analizados por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femspp), creada por la presidencia de Vicente Fox en noviembre del año pasado. Las organizaciones de derechos humanos aplaudieron la decisión del tribunal y también lo hizo, aunque lamentando su tardanza, la principal promotora del esclarecimiento del expediente, Rosario Ibarra, de 76 años, madre de Jesús Piedra. “Los terroristas de Estado deben ser castigados”, declaró. El siguiente paso sería la eventual detención de dos ex directores de la desaparecida Dirección General de Seguridad, vigente durante el régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
La dirigieron Luis de la Barreda (presidencia Luis Echeverría, 1970-1976) y Miguel Nazar Haro, (presidencia de José López Portillo, 1976-1982), directamente involucrado en la creación de las denominadas Brigadas Blancas, a las que se atribuye la mayoría de los asesinatos. El fiscal especial, Ignacio Gordillo, suma su primera victoria contra la impunidad después de haber sido criticado por portavoces de grupos de derechos humanos, que le imputaron un frágil compromiso con las indagaciones. Los delitos a examen se produjeron durante la hegemonía de siete décadas del PRI, hoy primer partido de la oposición en escaños, alcaldías y gobiernos regionales. Su concurso es necesario para la aprobación de las reformas pretendidas por el ejecutivo.
“La sentencia es un golpe contra la impunidad, uno de los cánceres de México”, según el analista Sergio Aguayo. “Este es un dictamen histórico”, agregó Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División para América Latina de la organización Human Rights Watch (HRW). “Elimina un obstáculo potencial para el procesamiento de centenares de casos de ‘desaparición’ registrados en las décadas de los años 1960 y 1970” en México. La sentencia de la Suprema Corte de Justicia siguió a la negativa de un juez federal, el pasado mes de abril, a ordenar la detención de los supuestos responsables de la desaparición de Ibarra, cuyo caso consideró prescripto. El extremista mexicano habría sido secuestrado en Monterrey, el 18 de abril de 1975, como presunto jefe de un grupo guerrillero y después torturado y asesinado en un cuartel. La SCJM subraya que la prescripción sólo es aplicable desde el momento en que son localizados los restos de la víctima.
La matanza del 2 de octubre de 1968, en que el ejército reprimió una manifestación de estudiantes en la Plaza de Tlatelolco, es otro caso emblemático. El próximo mes de enero puede haber novedades al respecto, según fuentes de la fiscalía especial. Las familias de las víctimas las cuantifican en 300, mientras que el cálculo oficial cifra el número de muertos en 30. El ex presidente Luis Echeverría, entonces secretario (ministro) de Gobernación, fue llamado a declarar por el fiscal especial, meses atrás, pero se negó a ello. Un equipo de forenses excavará en lugares donde supuestamente fueron enterrados los “desaparecidos”.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.