El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ordenó extender el cierre de la zona fronteriza con Colombia que había decidido el sábado pasado en el estado de Táchira para controlar el contrabando y el paramilitarismo. El presidente de Venezuela también dispuso despliegue de tres mil soldados de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Ambas medidas fueron anunciadas ayer durante la marcha a la que asistieron decenas de miles de caraqueños en apoyo a las disposiciones tomadas por el mandatario con el objetivo de contener a paramilitares y contrabandistas. Por su parte, el mandatario colombiano, Juan Manuel Santos, llamó a consulta al embajador en Bogotá, medida que Maduro respondió de la misma forma. En tanto, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, pidió ayer a los gobiernos de ambos países que se comprometan a seguir apostando a la vía del diálogo para resolver la crisis fronteriza. En esta misma línea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigió el fin de las deportaciones masivas de colombianos desde Venezuela y expresó su preocupación por las denuncias de violación a los derechos humanos de los expulsados.

Dos marchas desde el centro y el oeste de Caracas avanzaron hasta el palacio de Miraflores, desde el cual Maduro se dirigió a la multitud para anunciar la extensión del cierre fronterizo, el cual comenzará a regir a partir de esta madrugada. “Para limpiarla de paramilitarismo, criminalidad, contrabando, secuestros y narcotráfico, decidí cerrar la frontera de la zona número dos en el estado de Táchira”, dijo. El mandatario aludió que afecta a los municipios de Ayacucho, Lobatera, Panamericano y García de Hevia, y se agrega a los que entraron en vigencia esta semana en la región sur del estado. Por otro lado, dijo que los colombianos que se encontraban en una situación irregular no fueron deportados, sino repatriados, y que muchos de ellos regresaron por su cuenta porque temían a las investigaciones.

Maduro consideró que Santos no se comprometió lo suficiente para mejorar la situación en la frontera con Venezuela. “Hace un año le dije al presidente Santos: vamos a hacer un plan para combatir el contrabando y el narcotráfico, y un año después no han hecho nada e incluso hay más crimen”, dijo. “Esto no se trata de un contrabandista que se llevó un producto, sino con un record histórico de injusticias sociales, cuando ciudadanos colombianos llegaban sin salud, sin alimentación y sin trabajo y fueron cobijados por nuestro país”, recordó. Maduro señaló que el paso fronterizo hacia Colombia no se abrirá hasta que el gobierno de Bogotá presente un plan de seguridad que prohíba la venta de bienes venezolanos contrabandeados.

Por otro lado, Santos llamó el jueves por la noche a consultas a su embajador en Caracas y consideró inaceptable el manejo que Venezuela está haciendo de la crisis fronteriza. Además de haber ordenado el llamado al embajador Ricardo Lozano –medida con la que en los hábitos diplomáticos se expresa protesta y que en ocasiones es el primer paso previo a la ruptura de relaciones–, el presidente colombiano pidió que se convoque a una reunión extraordinaria de cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). “Queremos contarle al mundo, comenzando por la Unasur, lo que está sucediendo, porque eso es totalmente inaceptable, es indigno y así se lo hemos dicho al gobierno venezolano”, expresó. “He privilegiado el diálogo y lo seguiré haciendo, pero no puedo permitir irrespeto de Venezuela a colombianos y violación de sus derechos humanos”, dijo. Por su parte, la canciller colombiana, María Angela Holguín, pidió una reunión extraordinaria al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. “Queremos que todos los países del continente tengan en claro y sepan lo que está pasando en la frontera”, dijo.Tras el anuncio de las medidas tomadas por Santos, Caracas respondió con el llamado a consulta al embajador venezolano en Colombia, Iván Rincón.

Los anuncios del retiro de embajadores fueron el corolario de una jornada tensa, en la que ni siquiera pudo cumplirse uno de los pocos acuerdos surgidos del encuentro que el jueves, por más de siete horas, encabezaron las cancilleres de Colombia y su par venezolana, Delcy Rodríguez: la reunión de los defensores del Pueblo de ambos países para establecer protocolos para la deportación de colombianos de Venezuela.

Por su parte, Ban Ki-moon aseguró que tomó nota de la reunión entre las ministras de Asuntos Exteriores de ambos países, aunque luego del encuentro los gobiernos de Colombia y Venezuela llamaran a sus respectivos embajadores. “Al secretario general le alienta saber que, como en anteriores ocasiones, ambos países están comprometidos a afrontar los retos en la frontera a través de un diálogo constructivo.”

Por otro lado, la CIDH urgió a Venezuela a detener cualquier expulsión colectiva. “Las deportaciones son manifiestamente contrarias al derecho internacional”, señaló a través de un comunicado. La organización basada en Washington denunció que la frontera entre Venezuela y Colombia está siendo escenario de desalojos forzosos, familias separadas a causa de las deportaciones, personas que debieron partir sin sus objetos personales y viviendas de los expulsados demolidas. “Urgimos a Caracas a adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar que se respeten todos los derechos de las personas migrantes.”