La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, dijo que su gobierno está atento a los intentos de generar inestabilidad en el país, luego de recibir ayer a líderes del Congreso, donde hay mayoría opositora, para negociar la aprobación del proyecto sobre el impuesto al cheque. “Haremos de todo para impedir que los movimientos no democráticos crezcan y se fortalezcan”, prometió Rousseff en declaraciones a periodistas en el Palacio del Planalto, sede del Ejecutivo. La mandataria señaló que Brasil, a duras penas, conquistó una democracia y volvió a criticar a los grupos de “pesimistas de guardia” que, según ella, son los únicos que ganan con la crisis. En un contexto de ataque a su investidura presidencial, seis partidos de la base que apoya a Rousseff divulgaron un manifiesto en defensa de la democracia, frente al empeño de la oposición por promover un juicio con miras a su destitución.

El documento lleva las firmas de legisladores del Partido de los Trabajadores (PT), del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), Comunista do Brasil (PCdoB), Progresista (PP), Social Democrático (PSD) y Republicano del Orden Social (PROS), todos miembros de la coalición gobernante. “Declaramos nuestro firme y decidido apoyo al mandato legítimo de la presidenta Rousseff, que se extinguirá solamente el 31 de diciembre de 2018”, reza el texto. En el documento, los partidos firmantes también manifiestan su vehemente repudio “a toda forma de retroceso democrático que intente deslegitimar y terminar de una forma prematura el mandato popular conquistado, de forma limpia, en un pleito democrático”.

El vocero del PMDB en la Cámara de Diputados, Leonardo Picciani, criticó las maniobras en favor de un juicio con miras a la destitución de Dilma promovidas por cuatro partidos opositores que se agruparon en el llamado “Movimiento Pro Impeachment”. Según Picciani, la presidenta está ciento por ciento firme en el cargo y la oposición debe respetar el resultado de las urnas.

En la misma línea, Rui Falcao, presidente del PT que integró el grupo que visitó ayer a la mandataria, afirmó que hay sectores que intentan abreviar el mandato de la presidenta. “Ante esa avanzada, nosotros nos manifestamos en defensa del mandato popular y de la democracia y contra todo tipo de golpismo”, señaló el funcionario petista. La semana pasada, cuatro partidos de la oposición anunciaron su decisión de articularse para someter a Rousseff a un juicio político. Este grupo sostiene que la jefa de Estado debe responder por los escándalos de corrupción en Petrobras y por maniobras irregulares que el gobierno hizo para maquillar su resultado fiscal de 2014.

En este marco, el gobierno lanzó una nueva batería de medidas de austeridad que fueron criticadas por las principales industrias y despertaron el rechazo en los gremios que representan a los trabajadores del Estado. Por ese tema, la mandataria convocó a las autoridades del Parlamento al Planalto y les explicó la necesidad de votar el impuesto al cheque (CPMF), clave para alcanzar un superávit del 0,7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2016. Luego de una intensa ronda de reuniones con el titular de Hacienda, Joaquim Levy, y otros ministros durante el fin de semana, Rousseff resolvió profundizar su programa de ajuste.

Todo el paquete, ahorro de egresos y aumento de ingresos, suma unos 17.000 millones de dólares con lo cual se alcanzará un superávit del 0,5 por ciento del PIB en 2016. El principal obstáculo de Rousseff, entre otros, será conquistar el respaldo del Poder Legislativo. Antes de la reunión de ayer, el titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, expresó sus dudas sobre el respaldo al incremento de tributos. “Veo poco probable que haya un consenso en cuanto a aumentar la carga tributaria dado que el gobierno tiene una base muy frágil y además el CPMF es un tema polémico”, planteó Cunha considerado uno de los rivales más duros del Ejecutivo.

Este nuevo impulso a la austeridad se originó luego de que la agencia de calificaciones Standard and Poor’s bajase la nota de la deuda soberana, con lo cual Brasil perdió el grado de inversión. El titular del Banco Central, Alexandre Tombini, afirmó ayer, desde una perspectiva neoliberal, que el ajuste marcha en la dirección correcta y que no había otra alternativa a este paquete luego de la pérdida del grado de inversión.

El riesgo, señalan algunos emprendedores, es que todo esto conduzca al agravamiento de la recesión que se espera será del orden del 2,5 por ciento para este año y aumentara un 0,5 por ciento en 2016 según una previsión publicada anteayer por el Banco Central.

Luiz Moan, presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos (Anfavea), señaló que se prolongará la retracción de la demanda y, con ello, se atrasará el repunte de la industria automotriz. El representante de las ensambladoras no apoya el regreso del impuesto al cheque porque, asegura, el sector automotriz tiene la mayor carga tributaria del mundo, que alcanza al 40 por ciento. “Las medidas que fueron anunciadas afectan a la sociedad en general no sólo a la industria”, declaró por su parte Paulo Skaf, titular de la Federación de Industrias de San Pablo.

El conjunto de medidas anunciado anteayer por Levy y el titular de Planificación, Nelson Barbosa, incluye diferir el aumento salarial de los empleados públicos y suspender el llamado a concursos para puestos en el Estado. También habrá eliminación de ministerios, con la probable unificación de las carteras de Trabajo y Previsión. A los cuestionamientos de opositores como Cunha y empresarios como Skaf, se sumaron los formulados por dirigentes oficialistas, como Lindbergh Farias. El senador del PT se lamentó por lo que dio en llamar “paquete de maldades” presentado por el ministro Levy. “El gobierno volvió a tirar contra nuestras bases. Dilma está disparando contra la gente que puede tener que ir a las calles a defender el mandato de ella”, aseguró Farias.

En tanto, la Central Unica de los Trabajadores (CUT), vinculada al PT, organizó ayer una protesta en San Pablo contra las medidas. El presidente de la CUT, Vagner Freitas, expresó ayer sus críticas al ministro Levy al que responsabilizó por “este paquete recesivo” cuando, dijo, lo que necesita el país es más desarrollo, más empleo y más renta.