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Mientras vemos a países de Europa atentos a controlar su frontera ante el aluvión de migrantes, en América del Sur un conflicto fronterizo muy menor en comparación también lidera la agenda regional, pero por razones distintas. El cierre de la zona limítrofe que comparte Venezuela con Colombia en los estados de Táchira y Zulia genera efectos a ambos lados e inquieta a los países vecinos, así como a organizaciones humanitarias.

El gobierno de Nicolás Maduro sostiene que selló parte de la frontera a partir de lo que sucedió el 19 de agosto, cuando militares venezolanos fueron atacados y heridos de gravedad en una emboscada por supuestos paramilitares. Maduro señala la presencia en la porosa frontera de grupos paramilitares, al mismo tiempo que busca atacar el contrabando y el narcotráfico. Su colega colombiano Juan Manuel Santos le reprocha la deportación de más de mil colombianos que no tenían papeles, sumados a los miles que se fueron voluntariamente.

La imagen de personas sacadas de sus casas y cruzando el río con lo puesto generó el alerta de organizaciones humanitarias. “Amnistía internacional está profundamente preocupada por las denuncias recibidas de violaciones de derechos humanos que se estarían produciendo en la zona fronteriza con Colombia, en el contexto de un operativo de las autoridades venezolanas para combatir la inseguridad y el contrabando en la zona”. señaló esa organización. Asimismo, organismos americanos, entre ellos el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), denunciaron en un comunicado conjunto las deportaciones masivas e indiscriminadas de colombianos.

Del lado venezolano se esgrimen razones. La socióloga Maryclen Stelling dijo a Página/12 que ya se sienten los efectos de la medida en su país. “El problema de la escasez es grave en la frontera; la gente se lleva productos como la gasolina, que el gobierno vende regulados. A Santos se le pide que desarrolle un plan para eliminar las ‘trochas’, que son los pasos en la selva por donde se van los alimentos. Desde que Maduro tomó la decisión hay productos básicos y gasolina en Táchira.”

Desde hace décadas, Venezuela recibe a los desplazados del conflicto armado colombiano. Lo cierto es que durante los gobiernos de Hugo Chávez hubo una política de inclusión de los vecinos que buscaban un futuro mejor, y que se vieron beneficiados por las misiones sociales.

Hasta que se produzca el reclamado “cara a cara” entre ambos mandatarios, el conflicto se cuela en las campañas a cada lado de la frontera: Santos mide mejor para la opinión pública de su país desde que endureció el discurso y salió a confrontar, un tema no menor de cara a las elecciones regionales del 25 de octubre. Por su lado, Maduro gana la simpatía de los venezolanos que viven en los estados limítrofes y padecen la presencia de paramilitares, a la vez que sufren la falta de productos básicos. Un capital político no desdeñable ante las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, que se anticipan reñidas.

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