El día que Carlos Fayt presentó la renuncia a su cargo de 32 años en la Corte Suprema, el presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, se puso a consultar por doquier: “¿Puede el actual gobierno proponer un reemplazante teniendo en cuenta que Fayt recién se irá el 11 de diciembre? ¿O sólo puede hacerlo la administración entrante?”, se inquietó. Como era esperable, encontró interpretaciones disímiles dentro y fuera de la Corte. Lorenzetti, estiman en todos los despachos supremos, quiere una Corte chica, lo más chica y concentrada posible, con jueces que sostengan su liderazgo. Así como está hoy, el tribunal apenas puede firmar fallos y las decisiones que toma son resultado de tres, o con suerte cuatro voluntades. El ministro de Justicia, Julio Alak, explicó ayer –al leer el mensaje de la presidenta Cristina Kirchner al Senado– que la postulación de dos nuevos candidatos a ocupar las vacantes que completan la estructura de cinco miembros obedece a la necesidad de “garantizar” el “normal desempeño” de la Corte. Pidió, por esa razón, que el proceso de selección que comienza ahora “no quede sometido a los avatares del proceso electoral”.

Alak cuestionó la “actitud antidemocrática” que implicó el rechazo sin más de la oposición, concentrada en el radicalismo, a tratar el pliego de Roberto Carlés, quien llegó a pasar la instancia de la audiencia pública en el Senado pero luego quedó freezado. Resultó imposible para el oficialismo proyectar la mayoría de dos tercios necesaria para nombrar jueces supremos. El ministro dijo que es “una maniobra que genera inconvenientes en la integración y el servicio de justicia” que presta el tribunal y que resulta “autoritaria y antirrepublicana” y va “en detrimento de la Constitución”. El Gobierno finalmente retiró el pliego de Carlés, en un hecho que es síntoma de, entre otras anomalías, el paso de casi un año entero con una Corte que funcionó –desde la renuncia de Raúl Zaffaroni, en enero– con sólo cuatro jueces, lo que incluye a un Fayt de 97 años a media máquina, cuestionado y de salida.

Los nuevos candidatos a la Corte, impulsados por el Gobierno, son Eugenio Sarrabayrouse, actual integrante de la Cámara de Casación en lo Criminal y Correccional, y Domingo Sesín, presidente del Superior Tribunal de Córdoba. “Tienen una larga trayectoria judicial en el interior del país”, subrayó Alak, y un “brillante desempeño para garantizar el normal desempeño de la Corte”. Sarrabayrouse, de 51 años, es peronista de origen, penalista, hizo carrera judicial en Tierra del Fuego, estudió en Alemania con Claus Roxin, y concursó para la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas y la Casación ordinaria, donde finalmente quedó seleccionado, en un concurso de más de seis años. Sesín, de 60 años, fue creciendo en la Justicia cordobesa de la mano del radicalismo, desde la fiscalía de Estado en la época del gobierno de Eduardo Angeloz, la Cámara en lo Contencioso Administrativo y finalmente la Corte local, donde llegó de la mano del ex gobernador de la UCR Ramón Mestre. Sesín, formado en Roma, es afín a asociaciones de jueces y líder en la junta federal de Corte. Su especialidad es el derecho administrativo y es un experto en litigios contra el Estado. Ambos candidatos son profesores de Derecho.

Son postulantes, por lo pronto, difíciles de objetar en los aspectos académico y judicial.

El constitucionalista Gustavo Arballo, quien ha hecho estudios sobre la Corte y sus fallos, dice en las redes sociales que los dos candidatos son “superformados” y “anfibios” (jueces y académicos); que son difíciles de objetar; y que en realidad le hubiera parecido más adecuado que fueran una mujer y un varón. La conveniencia de nominar a una mujer fue un reclamo que circuló por tribunales. A Carlés lo veía como un candidato con “gran potencial” que cayó en fuego cruzado.

Este año la Corte Suprema sacó con su mínima composición algunos fallos y decisiones irritantes, como la nulidad de la lista de conjueces de la Corte designados por el Ejecutivo y la reelección anticipada (ocho meses) de Lorenzetti como presidente, para el período 2016-2019. Muchas han sido iniciativas institucionales, como el anuncio de la creación de una comisión de lucha contra el narcotráfico, tema clave de varias campañas políticas, dos días después de la elección. Hubo asuntos postergados también, en parte por falta de mayoría, otro tanto por el impacto, como un planteo contra el cepo al dólar, donde Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda quieren dictar una inconstitucionalidad, mientras Elena Highton de Nolasco se opone. También sigue habiendo pendientes planteos de medios como el de la adecuación de Clarín a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Aun suponiendo que Lorenzetti se quede con la teoría de que no se podría nombrar reemplazante de un juez supremo que aún no se fue (por Fayt, que trabaja hasta diciembre), es bastante improbable que se llegue a completar el circuito de evaluación pública de los candidatos, las audiencias abiertas y el paso al recinto antes del 10 de diciembre. Los postulantes son difícilmente cuestionables, pero un escenario abierto, sin desenlace y con dos vacantes a la vista, multiplica el poder negociador de la Corte con el futuro gobierno.