Página/12 En Colombia

Desde Medellín

Con la voz ronca por las olas de frío que cada noche invaden su celda en la penitenciaria de La Picota, en Bogotá, René Nariño habló con Página/12 sobre qué piden y qué sigue para el conjunto de presos políticos y prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ahora que se anunció el indulto a 30 guerrilleros de esa organización ilegal recientemente. Este, tal como lo presentó la Presidencia, es un gesto humanitario y de paz de parte de la delegación del gobierno en los Diálogos de La Habana, “un gesto de confianza” en el proceso de paz que cumplió ya tres años y estaría en su recta final si, de cumplirse la palabra del presidente Juan Manuel Santos y el máximo comandante fariano alias Timochenko, en marzo de 2016 se firman los acuerdos finales y con ello, como muchos lo anhelan en el mundo, se pone un punto de giro a la larga historia de guerra y violencias en Colombia.

Nariño –nombre de guerra– es oriundo de la provincia de Santander donde, dice, creció en una familia humilde “ligada a la izquierda colombiana”. “Mi niñez fue marcada por la persecución, de pequeño fui testigo del aniquilamiento de la Unión Patriótica (UP) y la esperanza que eso significaba para el país, y luego vino la huida hasta que, convencido de una causa y para sobrevivir, me uní a las filas de las FARC. Me vine para Bogotá, de nuevo a un barrio humilde, estudiaba administración cuando caí preso en 2011”, relata el guerrillero minutos antes de verificar cuántos compañeros suyos fueron llevados a enfermería durante la huelga de hambre que terminó este fin de semana.

Durante 20 días, cientos de rebeldes presos protestaron sin ingerir alimentos y en algunos casos cosiéndose la boca, literalmente, exigiendo mejorar las condiciones de su detención, a propósito de las conversaciones de paz entre su guerrilla y el gobierno de Colombia en Cuba, y que hoy pasan quizá por su momento más esperanzador. La ilusión llega hasta los camarotes húmedos de La Picota donde, junto a René están presos alias Caliche, Orlando Traslaviña, Jeison Murillo y hasta el profesor Miguel Angel Beltrán contra quien, según la Brigada Jurídica Eduardo Umaña, se ha cernido una persecución judicial que lo tiene hoy de nuevo tras las rejas. En los 21 establecimientos de reclusión de Colombia donde se dio la protesta, los rebeldes esperan atención en salud y entregaron una lista de 80 casos graves que precisan intervención inmediata, “incluso algunos que merecen revisarse con prisión domiciliaria como gesto humanitario; en condiciones de detención será imposible preservar la vida de algunos con riesgo de perder la vista, por ejemplo, con esquirlas y tutores infectados por heridas de guerra, con traumatismos y diabetes, entre otras enfermedades”, aseguró John León de la Corporación Solidaridad Jurídica en conversación con este diario. Para León, lo que debería seguir para los guerrilleros de las FARC presos es que se generen zonas de reclusión para ellos en toda cárcel de Colombia “no necesariamente patios exclusivos para las FARC, sino lugares y maneras donde la vida y la seguridad no corran peligro, pues cada vez se están denunciando más casos de maltrato de parte de otras fuerzas presentes en las cárceles en algunos casos con connivencia con la guardia oficial”.

Ahora que se sabe que de firmarse los acuerdos en La Habana, ya 30 rebeldes tienen asegurada su libertad, René y los demás prisioneros de las FARC piden una amnistía generalizada. Hasta hoy en La Habana se han logrado ya acuerdos en tres de seis puntos de la agenda de conversaciones. “El 3.3 se refiere a la situación de los prisioneros políticos y desde ahí no solo los presos mismos sino organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos solicitan ahora un gran indulto. Además, “el punto sobre el fin del conflicto, entendido como un proceso integral y simultáneo en sus siete subpuntos, implica en una de ellas al Gobierno Nacional para que coordine la revisión de la situación de las personas privadas de la libertad, procesados o condenadas, por pertenecer o colaborar con las FARC-EP (...) En este otorgamiento de la amnistía “más amplia posible” extensiva a los civiles presos por rebelión, entre otros delitos amnistiables e indultables, es donde deberá ocurrir la certificación de pertenencia de los guerrilleros a la organización, además de civiles procesados o condenados por colaborar con la guerrilla”, opina alias Fidel Rondón, uno de los comandantes de las FARC, en una columna suya divulgada ayer.

Según explica René Nariño muchos compañeros de celda son líderes sociales, campesinos, estudiantiles y, en general, civiles que están presos acusados de rebelión o apoyo al terrorismo, sin pertenecer a las filas de las guerrillas en Colombia. Éstos serían también, según explican, “prisioneros de conciencia, presos políticos; mientras que los prisioneros de guerra son los combatientes que caen en manos del enemigo”. Mil de ellos se movilizaron en las cárceles durante la semana pasada, pero no es claro hoy por hoy cuántos rebeldes de las FARC están presos en todo el país a la fecha.

Según pudo conocer Página/12, a mayo de este año el Instituto Penitenciario de Colombia (Inpec) tenía en sus bases de datos 2.041 hombres y mujeres condenadas en sus cárceles por el delito de rebelión. Esto incluye no solo supuestos integrantes de las FARC sino también del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la otra guerrilla colombiana con la cual se adelantan ahora conversaciones previas para iniciar un proceso de paz. “Nuestro censo es de 1500 prisioneros políticos y de guerra en todo Colombia, sin embargo este es un tema que hay que revisar”, asegura John León. Hoy día el Gobierno colombiano viene trabajando con el INPEC, la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura con el fin de consolidar la información sobre el universo de miembros de las FARC privados de la libertad (investigados y condenados) por diferentes delitos.

Es decir que si se aprobara una amnistía generalizada para los farianos hoy en situación de detención, no se conoce aún de cuántos se trata. Lo que sí es un hecho es el drama humanitario que viven todos los presos y presas en las cárceles de Colombia que, de acuerdo con el mismo INPEC, presentan más de 45 mil personas que superan la cuota de hacinamiento. La Brigada Eduardo Umañan precisa que los informes de finales de enero 31 de 2015 hablan de 118.658 internos (109.798 hombres y 8960 mujeres), mientras la capacidad de las 155 cárceles es solo de 76.000 personas; por lo tanto, el promedio de hacinamiento es del 53%.

Junto a seis hombres más en su celda y desde una cama diminuta a donde no llegan los servicios de aseo ningún día del año, René Nariño celebra la decisión del gobierno de amnistiar por ahora a 30 guerrilleros y lo ve como un logro de la protesta y “el sacrificio de compañeros que siguen hoy en observación por deshidratación y otros casos no solo por la huelga de hambre sino por las condiciones mismas de la detención. Todo esto es el fruto de la maduración de una serie de luchas de manera continua en los últimos años”, enfatiza René. Antes de apresurarse a colgar el celular para evitar que la guardia lo decomise, Nariño aclara que la lucha emprendida por su guerrilla en la cárcel aspira no solo a beneficiar los rebeldes con atenciones médicas y posibles amnistías, sino a denunciar la profunda crisis del sistema carcelario y de la justicia punitiva en un país donde, cada año, surgen nuevas bandas criminales y combos delincuenciales al servicio del narcotráfico e, incluso, de cierta clase política que también engruesa las listas de hacinados en las centros de reclusión.