La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, viajó a la sureña región de La Araucanía, donde se reunirá con víctimas de la violencia que se enmarcan en el llamado conflicto mapuche. La mandataria anunció además la creación de una mesa de trabajo para abordar la situación en la zona, una de las más pobres del país, donde indígenas reivindican tierras ancestrales.

El viaje responde a una extendida petición de agrupaciones de víctimas de más de un centenar de ataques incendiarios registrados en esta región (600 kilómetros al sur de Santiago), donde se asientan comunidades mapuches, la mayor etnia indígena chilena. En su primera parada, Bachelet se reunió en la intendencia de Temuco con víctimas de violencia en la zona para recoger sus vivencias y discutir el modo de operar que tendrá el Ejecutivo. “La situación que se vive acá no partió ayer, partió hace tiempo, pero los gobiernos y el Estado de Chile han tenido una deuda histórica”, dijo. “Por lo tanto, es nuestra responsabilidad como Estado que podamos enfrentar con medidas de corto, mediano y largo plazo el desarrollo integral de esta región, que es la región más pobre de Chile, que tiene un conjunto de de- sigualdades muy grandes y donde las víctimas de la violencia rural son personas, muchas de ellas de la propia etnia mapuche”, sostuvo.

Entre los invitados se encontraban Harald y Edwald Luchsinger, hijos de la pareja quemados vivos dentro de su casa y, además, víctimas de varias amenazas a los integrantes de su familia. También asistió el presidente de la asociación de víctimas de violencia rural, Alejo Apraiz, además de dirigentes de sectores rurales y productores de la región.

La presidenta chilena planteó además su compromiso de establecer una mesa de trabajo de la región, basada en una amplia participación, donde los integrantes puedan desarrollar propuestas específicas más allá de las que el gobierno tenga en agenda. “Las víctimas necesitan apoyo y en eso vamos a seguir trabajando, y hacerlo de manera concreta”, afirmó Bachelet después de reunirse con afectados por los ataques incendiarios a viviendas, camiones y maquinaria agrícola. “Uno conoce las situaciones, las puede ver en los diarios, pero es muy distinto estar con las víctimas directamente”, afirmó Bachelet, que no viajaba a la zona desde que asumió en marzo de 2014.

Mientras se realizaba la reunión, se acercó la machi (curandera mapuche) Francisca Linconao Huircapan, quien fue detenida por los carabineros en el marco de los procedimientos derivados del ataque que le costó la vida al matrimonio Luchsinger en enero de 2013 y luego dejada en libertad. La mujer afirmó estar molesta por la sorpresiva visita de la mandataria. “Así como noso- tros la apoyamos en su mandato, esperamos que ella cumpla sus promesas”, opinó. “Nos molesta que haya venido sin avisar y darnos espacio para una audiencia”, afirmó la machi, quien encabeza la demanda de la comunidad para que les sean devueltas sus tierras.

La jefa de Estado respondió a sus críticas al afirmar que el hermetismo de su viaje se debió a que fue decidido durante la noche del viernes. “Nunca estuvo pensada una reunión con todas las víctimas, es imposible, tendría que estar muchos días escuchando sus testimonios”, dijo al respecto.

Finalizado el encuentro, la mandataria se dirigió hacia la comuna de Lautaro, donde participó en la inauguración de un hospital.

La mandataria cerró su jornada en la localidad de Chol Chol, donde visitó a productores agrícolas de una comunidad mapuche. Del encuentro participó también el ministro de Agricultura, Carlos Furche Guajardo.

El conflicto mapuche tiene su origen en los reclamos de algunas comunidades de tierras que consideran ancestrales, pero que están en manos de empresas agrícolas o forestales, y que derivó en hechos de violencia que en los últimos años causaron la muerte de varios comuneros, agricultores y policías. Además, varias decenas de mapuches fueron procesados y condenados por ataques incendiarios a propiedades agrícolas, maquinarias, camiones y bosques, además de robos, asaltos y otros delitos.

Los empresarios de la zona exigen al gobierno “mano dura” para combatir lo que consideran acciones terroristas, mientras grupos mapuches más radicales ampliaron su consigna básica a una recuperación del territorio que hasta avanzado el siglo XIX cobijaba a la “nación mapuche”.

En este marco, se detectaron bandas de delincuentes comunes que utilizan la situación para robar madera, ganado y otros bienes.

Primeros habitantes de las regiones que forman hoy Chile y de parte de Argentina, los mapuche –o “gente de la tierra”, en su lengua nativa– intentan recuperar los territorios que les fueron arrebatados por el Estado chileno en la llamada “pacificación de La Araucanía”, en 1883.

Reducidos a unos 700.000 miembros, sobre los 17 millones de habitantes de Chile, la mayoría habita en pequeñas comunidades en La Araucanía, con un escaso desarrollo y niveles de pobreza mayores a las del resto de la población.

En el contexto de sus reivindicaciones, una cincuentena de mapuches fueron procesados bajo una severa ley antiterrorista que data de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y que triplica las penas vigentes para los mismos delitos, en caso de ser hallados culpables, y por cuya aplicación contra indígenas el Estado chileno ha sido condenado por la ONU.