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La canciller alemana Angela Merkel adoptó varias medidas, como limitar el reagrupamiento familiar para ciertos refugiados, a fin de frenar el esperado flujo de migrantes en la primavera boreal y afrontar con garantías las próximas citas electorales.

La decisión de limitar el reagrupamiento familiar y endurecer el derecho de asilo para marroquíes, argelinos y tunecinos, que podrán ser expulsados más fácilmente, pone fin a dos meses de difíciles negociaciones políticas entre los socios de la coalición gubernamental. En ella están los conservadores CDU de Merkel, su rama bávara CSU –que reclama en vano que se fije un límite a la acogida de refugiados– y los socialdemócratas.

El objetivo de estas medidas es preparar el terreno a una reducción “tangible” del flujo migratorio, tras la llegada a Alemania de más de un millón de migrantes en 2015. Esta baja fue prometida por la canciller, que excluye en cambio el cierre de las fronteras.

Merkel también apuesta por la batería de medidas europeas, como la repartición de refugiados en toda la Unión Europea –que rechazan varios países– y la millonaria ayuda prometida a Turquía, Jordania y el Líbano para que retengan en sus territorios a los sirios. Para Alemania, se trata de aprovechar la tregua que ofrecen las tormentas invernales en el Mediterráneo, que generaron un considerable descenso de los migrantes que intentan la travesía hacia Italia y Grecia.

“Hay que utilizar esta oportunidad que se abre”, afirmaba el jueves Peter Altmeier, coordinador de la política migratoria alemana, muy cercano a Merkel. “Pero son aún demasiados los 2500 refugiados ilegales que vienen diariamente de Turquía a Grecia. Es por eso que nuestro objetivo es que el número de refugiados no aumente con el fin de las tormentas invernales”, añadió.

Merkel rehusa no obstante, pese a la fuerte baja de su nivel de popularidad, limitar el número de refugiados acogidos.

Esta línea es cada vez menos compartida: según un sondeo este viernes de la revista Focus, 40 por ciento de los alemanes consideran que la canciller debe dejar su cargo, pero un 45 por ciento opina lo contrario.