Los jefes militares en una conferencia de prensa ayer, antes de ser echados por Correa.

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, relevó a la conducción de las fuerzas armadas por entrometerse en la decisión del Ejecutivo de exigir la devolución de 41 millones de dólares al Ministerio de Medio Ambiente. El mandatario tomó la decisión tras la polémica que se desató cuando el gobierno ordenó la devolución de un sobreprecio obtenido por el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Isfaa) en la venta de unos terrenos en la ciudad de Guayaquil, donde el Ministerio del Ambiente construyó un gran parque recreativo.

El jefe de Estado del país andino hizo el anuncio a través de su cuenta de Twitter, en la que aseguró haberse molestado por lo ocurrido. “No permitiremos que nadie manipule ni a los soldados ni al país”, escribió Correa en su cuenta en esa red social. Por su parte, la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom) recordó en un comunicado que la Procuraduría del Estado determinó en noviembre pasado que el Isfaa debía devolver el exceso en el valor pagado por los terrenos que le pertenecían y que luego fueron destinados a las instalaciones del Parque Samanes, el más grande de la ciudad. Por esos terrenos se pagaron más de 48 millones de dólares, mientras que las previsiones que había realizado el municipio calculaban apenas una suma cercana a los 7,3 millones. Por ello, el gobierno había dispuesto que el Ministerio de Finanzas retire los valores pagados en exceso al Isfaa, para que sean entregado al Ministerio del Ambiente.

Además del jefe del Comando Conjunto de las fuerzas armadas, Luis Garzón, fueron removidos el comandante general de la Fuerza Terrestre, Carlos Obando, el comandante de la Fuerza Naval, vicealmirante Luis Chávez, el jefe de la Fuerza Aérea, el teniente general Raúl Banderas.

El asunto generó intranquilidad y polémica en un grupo de militares que se encuentran retirados, que temen problemas financieros en el instituto de previsión castrense si se devuelve la cantidad establecida por la Procuraduría. A ello se sumó ayer un pronunciamiento del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el cual indican su repudio para con la medida tomada. “Es inaceptable que se debiten recursos de la Seguridad Social de las Fuerzas, porque lo prohíbe de manera expresa la Constitución en su artículo 372”, indicaron en el comunicado. “Los recursos de la Seguridad Social Militar les pertenecen a los soldados en servicio activo y pasivo a sus familias, por lo que es obligación del Estado su protección y preservación”, aseguraron.

En un comunicado, el Comando Conjunto afirmó que el pago efectuado en su día fue legal y pidió que se respete el acuerdo suscrito por el Ministerio del Ambiente y el Isfaa. “Queremos informar al pueblo ecuatoriano que el mando militar y los soldados de tierra, mar y aire, en servicio activo y pasivo, tenemos la obligación legal y moral de defender el patrimonio institucional del Isfaa, que constituye el presente y el futuro del personal militar y su familia.”

Por su parte, Correa expresó a través de las redes sociales su enojo por los comunicados castrenses. “Busquen en qué país salen los uniformados a dar declaraciones sobre temas administrativos”, escribió. “Las pensiones militares están garantizadas por el artículo 370 de la Constitución y por el propio Isfaa, hoy más solvente que nunca”, aseguró. “Sepa el gobierno ecuatoriano que el gobierno paga anualmente al Isfaa cerca de 500 millones. ¿Por 41 millones va a quebrar el Isfaa?”, dijo en otro tuit.

Para el mandatario ecuatoriano, lo ocurrido se trató de una cuestión de principios. “En eso seremos inclaudicables, como los verdaderos soldados. Que no te engañen: con el artículo 370 de la Constitución, ni el Isfaa ni el Isspol (Instituto de la Seguridad Social de la Policía) pueden dejar de cumplir con tus pensiones, y peor ‘quebrar’”, señaló. “Confíen en su comandante en jefe: jamás les fallaremos”, apostilló el jefe de Estado andino.

Según el gobierno, que considera “vinculante” la decisión de la Procuraduría General del Estado que ordenó la devolución de los fondos, en la operación no se tuvo en cuenta la valoración municipal de las parcelas, sino la de un organismo no competente, la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros. El secretario de Comunicación, Patricio Barriga, explicó que fue esa diferencia la que generó el sobrepago. “Fue así como se propició que se pagaran 41 millones de dólares de más, que deben ser devueltos al pueblo ecuatoriano”, dijo. También indicó que en la actualidad las finanzas del Isfaa están fortalecidas y sus ingresos crecieron de 87 a más de 350 millones de dólares, mientras que los salarios y las pensiones de retiro aumentaron entre cuatro y nueve veces.