Tres meses después de los atentados de París, la reforma impulsada por el presidente François Hollande para inscribir en la Constitución francesa el estado de emergencia y la pérdida de nacionalidad a condenados de terrorismo, fue aprobada ayer por los diputados, lo que no prejuzga su adopción definitiva. Después de semanas de apasionados debates, el proyecto de ley llamado de “protección de la Nación”, fue adoptado por la Asamblea Nacional (Cámara baja) por 317 votos a favor, 199 en contra y 51 abstenciones.

La reforma fue adelantada por Hollande sólo tres días después de los atentados del pasado 13 de noviembre en París, en los que murieron 130 personas, y ha provocado grandes grietas en sus propias filas socialistas y también en las de la oposición conservadora. La reforma deberá ser ahora sometida al Senado, donde es mayoritaria la oposición de derecha, y ser aprobada en términos idénticos al texto votado en la Asamblea. Luego será sometida a las dos Cámaras reunidas en Congreso, donde la adopción requiere la aprobación por tres quintos de los votos expresados.

La revisión consiste en la introducción en la Carta Magna de dos artículos, uno sobre el estado de emergencia y el otro sobre la pérdida de la nacionalidad francesa para los autores de crímenes y delitos terroristas. Esta votación revestía una importancia crucial para Hollande. Su rechazo hubiera enterrado la iniciativa y significado una espectacular desautorización para el presidente, potencialmente devastadora para sus ambiciones de obtener un segundo mandato en la elección de 2017.

“Votar en contra es poner en dificultad al gobierno y en minoría al presidente”, había afirmado ante los diputados socialistas el primer ministro Manuel Valls, que después de la votación se declaró “satisfecho” y “convencido” de que la revisión constitucional será aprobada por el Congreso. Existe un relativo consenso en este punto, como se pudo apreciar al ser votado por separado el pasado lunes, cuando fue aprobado por 103 apoyos contra 26 rechazos.

Sin embargo, el gran escollo con que se encuentra la iniciativa de Hollande (férreamente defendida por Valls) llega con su propuesta de despojar de la nacionalidad francesa a aquellos condenados por delitos graves contra la nación. Tal como está redactado el proyecto, el artículo 34 de la Carta Magna será enmendado para determinar que “la ley fija las reglas de las condiciones bajo las cuales una persona podrá ser despojada de la nacionalidad francesa cuando sea condenada por un delito que constituya un ataque grave contra la vida de la nación”.

Aquí, la batalla promete ser encarnizada. Tanto, que Valls no ha dudado en usar un lenguaje casi bélico contra quienes pretendan hacer fracasar la reforma.

No obstante, las profundas divisiones al respecto tanto en la mayoría socialista como en la oposición de derecha hacen perdurar las dudas sobre las posibilidades de que el texto sea definitivamente adoptado. En la derecha, el ex presidente de la Asamblea Bernard Accoyer predijo al ejecutivo un fracaso, por considerar que la mayoría de tres quintos requerida en el Congreso es un “objetivo inalcanzable”. El ex primer ministro Alain Juppé, candidato favorito a la próxima primaria de la derecha, fustigó por su parte una “reforma inútil que divide”.

Y sin embargo, Hollande había sido aplaudido de pie por los parlamentarios cuando anunció su proyecto, el 16 de noviembre. Pero después la polémica fue cada vez más áspera sobre la pérdida de la nacionalidad. Esa medida, que teóricamente concierne a todos los franceses pero en la práctica sólo a los que tienen doble nacionalidad, llevó a la dimisión a fines de enero de la ministra de Justicia, Christiane Taubira, que dijo dejar el gobierno por ese “desacuerdo político mayor”. Para tratar de calmar a los opositores, el gobierno hizo votar una enmienda que retira toda referencia a la doble nacionalidad.

Pero al mismo tiempo, el tema hacía olas incluso en el ejecutivo. El ministro de Economía, Emmanuel Macron, dio cuenta “a título personal” de su “incomodidad filosófica” al respecto, lo que le valió ayer una seca réplica de Valls, que aseguró que “todo el gobierno” apoya el texto.

Otro escollo en el largo proceso que espera al texto es la hostilidad creciente de parte de la izquierda a la prolongación del estado de emergencia, que autoriza los allanamientos y las detenciones domiciliarias y permite prohibir las manifestaciones. Paralelamente, la derecha exhorta al gobierno a preparar desde ya la salida del mismo.

Al margen del debate constitucional, se espera que el estado de emergencia, en vigencia desde los atentados de París, sea prolongado hasta fines de mayo, es decir dos semanas antes de la organización de la Eurocopa 2016 en Francia, que atraerá a cientos de miles de espectadores del mundo entero.

Por otra parte, el veterano canciller, Laurent Fabius, de 69 años, confirmó ayer que se estaba retirando de la política para convertirse en el presidente del Consejo Constitucional de Francia. Hace tiempo que se esperaba su partida, así como la del popular ministro de Defensa, Jean-Ives Le Drian.