El ex presidente francés y líder de la oposición Nicolas Sarkozy fue imputado ayer por la supuesta financiación ilegal de su campaña electoral en 2012, al haber superado, en calidad de candidato, el gasto máximo fijado por la ley gala. Al término de su declaración, que se prolongó durante casi doce horas, el político conservador fue declarado además “testigo asistido” –figura legal que en Francia ubica al declarante a medio camino entre ser imputado o simple testigo–, por los cargos de fraude, falsificación y abuso de confianza. Esa segunda figura jurídica implica que, aunque no se hayan encontrado pruebas suficientes contra él, puede ser llamado a declarar ante una eventual imputación. El abogado del ex mandatario, Thierry Herzog, aseguró ayer, a la salida de la audiencia y frente a la consulta de la prensa, que aunque tiene previsto presentar los recursos pertinentes para demostrar la inocencia de su defendido, está satisfecho de que no haya sido imputado por esos últimos cargos y no se haya manchado su nombre con esas prácticas.

En momentos en que Sarkozy aspira a ganar las primarias de su partido para volver al poder en 2017, esta nueva imputación, que se suma a la que recibió en julio de 2014 por “corrupción activa”, tráfico de influencias y encubrimiento de la violación del secreto profesional, empaña, pese a todo, sus pretensiones de volver al Elíseo. El ex presidente francés compareció esta vez por el “caso Bygmalion”, un escándalo que debe su nombre a una empresa que emitió falsas facturas por unos 18,5 millones de euros para que la Unión por un Movimiento Popular (UMP) asumiera gastos que correspondían a la campaña. Los jueces, en tanto, tratan de aclarar el papel que pudo tener en la elaboración de esas facturas.

Los magistrados sospechan que los responsables de la campaña crearon ese sistema fraudulento para cargar a la UMP parte de los gastos electorales con el objetivo de no superar los 22,5 millones permitidos por la ley. Sarkozy reiteró en diversas ocasiones que no había oído el nombre de Bygmalion hasta tiempo después de esa campaña en la que salió derrotado frente al socialista y actual presidente, François Hollande. En su defensa, alega también que en ese período él no se ocupaba de los detalles porque debía dedicarse a gobernar en tanto que presidente.

El escándalo se presentó, al principio, como un presunto desvío de fondos que afectaba a la dirección del partido, que se había hecho cargo de las sanciones de más de medio millón de euros impuestas por el Consejo Constitucional por sobrepasar ese tope legal. Pero el caso dio un giro cuando, en mayo de 2014, el abogado del gabinete de comunicación, Patrick Maisonneuve, afirmó que la empresa había emitido facturas para los mitines de Sarkozy. “Cuesta creerlo, y sin embargo, lo juro, es la estricta verdad: No sabía nada de esa compañía hasta que el escándalo estalló”, insiste el ex jefe de Estado en su último libro, La France pour la vie, lanzado el pasado enero.

Contra esa afirmación se pronunció uno de sus responsables de campaña, Jérome Lavrilleux, quien en octubre afirmó que tanto Sarkozy como “toda la cadena de mando” conocían las irregularidades. Junto a Lavrilleux hay otros doce imputados en esta causa, entre ellos dirigentes de Bygmalion, pero también varios del partido del antiguo jefe del Estado, como el ex director general Eric Cesari y otro responsable de campaña, Guillaume Lambert. Varios dirigentes de Bygmalion, su contador así como algunos ex responsables de UMP reconocieron la existencia del fraude, pero ninguno implicó directamente a Sarkozy.

La investigación demostró que el ex mandatario reclamó y obtuvo en marzo de 2012 más financiación para su campaña, a pesar de que según su director de campaña, Guillaume Lambert, estaba al tanto de una nota del contador que advertía del riesgo de superar el máximo legal. En septiembre de 2015 Sarkozy compareció ante la Justicia y señaló como responsable de confeccionar las facturas falsas al entonces presidente del partido, JeanFrançois Copé.

El 8 de febrero, Copé, que renunció a raíz de la polémica, compareció también ante los jueces de instrucción y fue declarado igualmente “testigo asistido”. Desde entonces los jueces han ampliado su investigación y están comprobando la existencia de una partida “presidencial” en el presupuesto del partido en 2012, con gastos reales de 13,5 millones de euros a pesar de que en las cuentas oficiales de campaña sólo aparecían tres millones.

Los medios franceses se preguntan cómo puede compaginar Sarkozy su estrategia política, con dos imputaciones sobre sus espaldas, pese a la presunción de inocencia, en momentos en que su autoridad es cuestionada dentro del partido y los sondeos favorecen a su principal rival para las primarias, Alain Juppé.