Página/12 En Brasil

El conturbado y turbulento escenario político brasileño vio explotar el martes una bomba cuyo poder nadie puede, al menos por ahora, mensurar: se supo que en las “delaciones premiadas” de once altos ejecutivos de Andrade Gutiérrez, segunda mayor constructora del país, se admite que la empresa donó cinco millones de reales (al cambio de la época unos dos millones y medio de dólares) de manera ilegal a la campaña que en 2010 culminó con la elección de Dilma Rousseff.

La “delación premiada” es un beneficio concedido a presos que colaboren con las investigaciones. No es considerada prueba definitiva por los tribunales, sino una contribución decisiva para que las investigaciones avancen sobre terreno sólido. Si no se comprueba lo que el “delator” relató, las penas a que eventualmente sea sometido se agravan. Si se comprueba, las penas son substancialmente reducidas.

De comprobarse, el caso que involucra directamente a la actual mandataria no tendrá consecuencias jurídicas, una vez que se refiere a la elección de un mandato que ya terminó. Pero significará un golpe prácticamente fatal para su gobierno, que siempre reiteró que no hubo “caja dos”, o dinero ilegal, en sus dos campañas, la de 2010 y la de 2014. Ahora mismo el Tribunal Superior Electoral analiza denuncias del principal partido de la oposición, el PSDB, de que hubo recursos originados en coimas y desvíos de dinero de estatales en la campaña de 2014.

Los ejecutivos de la Andrade Gutiérrez dicen haber cubierto deudas de la campaña de 2010 a través de contratos forjados con una empresa que trabajó en aquellas elecciones. Se trató de un recurso contable para justificar los gastos, porque los servicios jamás fueron prestados a la constructora: por detrás de la apariencia legal, lo que hubo fue dinero ilegal para cubrir gastos electorales.

Ahora, le toca a la Policía Federal, que actúa como cuerpo de policía judicial, comprobar las denuncias. Pero, explotada al extremo por los medios hegemónicos, especialmente la televisión, la noticia es arrasadora para una presidente ya prácticamente inmovilizada por el torbellino político.

Es la primera confesión directa indicando que hubo ilegalidad en la elecciones de Dilma Rousseff desde que se desató la Operación Lavado Rápido. Dicen los delatores que la constructora atendió a pedidos de uno de los tres coordinadores de la campaña. José Eduardo Cardozo, que el pasado lunes renunció al Ministerio de Justicia ha sido uno de los tres.

Por la noche del martes corrían rumores en Brasilia de que “hay mucho más” en las delaciones de los ejecutivos de la Andrade Gutiérrez, y que se harán nuevas revelaciones “cuando la Justicia juzgue conveniente”.

Otro blanco de la campaña incesante contra el gobierno y el PT, el ex presidente Lula da Silva, principal figura del escenario político brasileño, también se ve muy presionado por la alianza entre la policía judicial, los medios de comunicación y un juez provinciano de primera instancia, Sergio Moro, quien muestra, con intensidad creciente, claros síntomas de padecer de una aguda hipertrofia del ego: nada parece seducirlo más que prender sin acusación formal hasta que el preso acepte hacer la ‘delación premiada’. La extrema urgencia de Moro en investigar al gobierno y al PT es el contrapunto exacto a la infinita lentitud con que se mueve cuando los sospechosos son de partidos de la oposición.

El lunes por la noche se admitió formalmente que Lula da Silva está bajo investigación de la “Operación Lavado Rápido”. El motivo: averiguar si no recibió “ventajas indebidas” mientras ocupó la presidencia. No se aclara qué tipo de ventaja, ni cómo, ni cuándo. Poco importa: como ya quedó hartamente evidenciado, lo que interesa es desgastar su imagen hasta inviabilizar una eventual postulación en las elecciones del 2018.

A Lula, se lo acusa de todo. Quieren pruebas de que efectivamente profirió las charlas y conferencias por las cuales cobró honorarios de las constructoras que ahora se encuentran bajo investigación para comprobar si participaron, y hasta qué punto, en el esquema de coimas en la Petrobras. También se acusa a Lula de haber utilizado su imagen y sus contactos, luego de haber abandonado la presidencia, para favorecer empresas brasileñas –especialmente del sector de la construcción– en los países donde tenían intereses, principalmente en Africa y América latina. O sea, se acusa a Lula de hacer lo que hacen muchísimos ex mandatarios en todo el mundo, defendiendo intereses de empresas de sus respectivos países, empezando por Fernando Henrique Cardoso, su antecesor en la presidencia brasileña. Por fin, que es dueño de un departamento que no es suyo, y de una finca que es de uno de sus mejores y más antiguos amigos.

Hay fuerte preocupación, en Brasilia, por los desdoblamientos tanto de la acusación contra Dilma Rousseff como por las investigaciones sobre Lula da Silva. La turbulencia continúa a sacudir el escenario, y, con ella, permanece la parálisis de un gobierno elegido por 51 millones de brasileños y ahora cercado por todos los lados por una oposición que no se resigna a la derrota. Más: una oposición que cuenta con la solidaridad de un juez que hace de la justicia un espectáculo y un instrumento político a su favor.