El completo hermetismo con que la jueza Virginia Palacios, del Juzgado Penal 3 de San Luis, llevó la investigación por el crimen de Romina Aguilar, esposa del intendente del pueblo puntano de La Calera Diego Lorenzetti, permitió a los investigadores no sólo afirmarse y mucho en una de las hipótesis del caso, el crimen por encargo, sino también completar en parte la investigación con la detención del propio Lorenzetti, bajo la sospecha de que el encargo vino de su propia mano. El intendente fue detenido el martes por la noche, en su casa de La Calera, luego de participar en una marcha en reclamo de justicia por el crimen de Aguilar. El periodismo urgente creyó ver en la detención de Lorenzetti un giro imprevisto en el caso: concomitancias del hermetismo. Al contrario, durante 30 días el silencio de la investigación permitió reafirmar la hipótesis, sin presiones de conjeturas livianas. En realidad, el giro se produjo en otro lugar que no se subraya porque de tan simple pasa desapercibido: Romina Aguilar pasó de ser una víctima de las envidias políticas o de las deudas del juego, a ser víctima de femicidio. Nada menos.

Ayer, Lorenzetti se negó a declarar. Llegó al juzgado a la una menos cuarto del mediodía vestido con una campera roja, jeans claros y una capucha negra que le cubría el rostro, capucha inútil porque ni protege la intimidad de un rostro reconocido públicamente, ni evita la inducción de los testigos, ya que si el intendente de un pueblo de 600 habitantes puede no ser conocido por todos los puntanos, la bambolla mediática que el mismo Lorenzetti levantó por el caso (entrevistas que lo victimizaron, marchas públicas, declaraciones a los medios) lo hicieron más conocido que la ruda. Aplicando el condicional mediático, la capucha sería más útil para convencer a la avidez de noticias de que Lorenzetti será tratado como un sospechoso cualquiera. Que la noche anterior, los uniformados que lo detuvieron en La Calera le hayan permitido dirigirse a su lugar de detención conduciendo su propia camioneta pareciera discutir ese criterio.

Pero ni capucha, ni hipótesis, ni presunto giro imprevisto, ni negarse a declarar hacen de Lorenzetti el femicida. Todo el peso de la investigación recae en la jueza, que deberá encontrar o consolidar pruebas para comprobar la hipótesis.

Pero los datos que baraja y los que ahora son públicos apuntan a paso firme en ese sentido. Por qué no se trató de un giro imprevisto: el crimen ocurrió el 30 de enero cuando Romina Aguilar se disponía a sacar la camioneta del garaje de su casa en San Luis para dirigirse a La Calera y fue tomada de sorpresa por dos hombres que llegaron en una moto. Uno de ellos la tiró al piso, la arrastró varios metros y le disparó varias veces. Tres días después, uno de los sospechosos ya era investigado por la jueza. Se trata de un jockey de La Calera, conocido como el Brasileño, que corría caballos para varios dueños, uno de ellos, Lorenzetti.

El lunes a la madrugada, el allanamiento a su casa (que sí fue sorpresivo, por el hermetismo) tuvo como resultado el hallazgo de una moto que sospechan que fue la utilizada en el crimen.

Para la jueza Palacios, “fue absolutamente dificultoso estar chequeando domicilio por domicilio por parte de la policía para dar a ciencia cierta con el lugar donde se encontraba el vehículo –sostuvo en una entrevista radial–. Gracias al hermetismo hemos logrado lo que hemos logrado hasta ahora.” El mismo lunes, el Brasileño se presentó en el juzgado y confesó su participación. Dijo que condujo la moto, pero que no se proponía matarla sino robarle 100 mil pesos. A la jueza le interesó la primera parte de la confesión, el rol del Brasileño. La segunda, el robo, puede quedar por el momento como estrategia de defensa.

Los 100 mil pesos al parecer existen, pero no estaban en manos de Romina Aguilar, a quien no le robaron ni el celular, sino que le estaban dedicados: la jueza sospecha que fue la suma pagada por Lorenzetti para cometer el femicidio.

“Habría transcripciones de escuchas telefónicas y mensajes de texto que vincularían a Lorenzetti con el detenido –sostuvo Rafael Berruezo, abogado del intendente–. Pero Lorenzetti no contrató a nadie, él no mandó matar a su mujer.”

La idea de una venganza política fue instalada desde el primer día por el propio Lorenzetti. El argumento: para ganar la intendencia, desplazó a una familia que controlaba la ciudad y durante la campaña hubo agresiones. El senador Adolfo Rodríguez Saá, cabeza de la Alianza Compromiso Federal, a la que pertenece el ahora intendente detenido, al enterarse del crimen de Aguilar comentó a la prensa que “una de las hipótesis es un ajuste de cuentas. También se comenta que Lorenzetti tendría fuertes deudas de juego. Pero es algo que hay que comprobar”. Lorenzetti, cabe agregarlo, negó esta posibilidad ante la jueza antes de su detención.

El intendente también recordó en entrevistas que había sido amenazado durante la campaña. “Pensé que eran para asustarme. No le hice caso. Ella se fue por culpa mía, de eso no hay dudas”, dijo.

El martes pasado por la tarde había organizado otra marcha en reclamo de justicia por su mujer, en La Calera. Cuando volvió a su casa en el mismo pueblo y estaba con su hijo de 16 años una comisión policial de Homicidios concurrió a su casa para llevarlo detenido.

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