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Por Enric González*
Desde Roma

La política italiana gira desde hace una década en torno del conflicto de intereses. La conflictiva doble identidad de Silvio Berlusconi, como magnate de la comunicación y como líder de la derecha, es un problema que no se resuelve y envenena el ambiente. El propio Berlusconi prometió en la campaña electoral de 2001 que, en caso de victoria, su gobierno aprobaría “antes de 100 días” una ley que lo separaría de sus intereses económicos. Esa ley, presentada en octubre de 2001, le impedía adoptar desde su cargo político medidas que favorecieran “de modo específico o preferencial” a una de sus sociedades. Estaba a punto de ser aprobada, cuando la semana pasada el presidente, Carlo Azeglio Ciampi, rechazó una ley de televisiones a medida para las empresas de Berlusconi. Forza Italia interrumpió la tramitación: si la ley sobre el conflicto de intereses estuviera ya en vigor, Berlusconi no podría haber firmado ayer el decreto que salva a Rete 4, una de sus tres televisiones, de la relegación al satélite y permite que la pública RAI3 siga emitiendo anuncios.
El centroizquierda se propuso resolver el conflicto cuando en 1996 llegó al gobierno. Aprobó una ley para romper el duopolio televisivo, la mitad en manos de Berlusconi, la otra mitad en manos de la corporación pública RAI: Rete 4 perdía su frecuencia terrestre y se convertía en una pequeña emisora por satélite; RAI3 dejaba de absorber publicidad para que ésta se dirigiera a otros medios. La idea consistía en permitir la creación de un tercer polo a partir del Canal 7, de Telecom Italia-Pirelli. Tras varios recursos de la Mediaset de Berlusconi, la legislación del centroizquierda fue refrendada por el Tribunal Constitucional, que impuso el 31 de diciembre de 2003 como fecha límite para su aplicación.
Al recuperar el poder, hace dos años, Berlusconi empezó a preparar una ley alternativa a su favor. Su idea se centró en ampliar el campo de las emisiones terrestres gracias al sistema digital: así cabían sus televisiones, las públicas (con una seudoprivatización que las mantendría en manos del gobierno) y, supuestamente, muchas otras. En realidad, sólo Mediaset y RAI tenían capacidad para efectuar las inversiones necesarias en el digital terrestre. La ley de televisiones esquivaba la doctrina constitucional y, en la práctica, permitía que todo siguiera como estaba. Berlusconi mantenía sus televisiones privadas Canale 5, Italia 1 y Rete 4, y las sociedades Mondadori (31 por ciento del mercado de la edición y 45% de los periódicos) y Publitalia (líder del mercado publicitario).
El presidente Ciampi hizo en julio pasado un gesto inusual: hizo saber a los presidentes de ambas cámaras del Parlamento que el objetivo de la actual legislatura debía consistir en “garantizar mejor, a través del pluralismo y la imparcialidad de la información, los derechos de la oposición y de las minorías”. Exigía, por tanto, que se aprobaran tanto la ley sobre el conflicto de intereses de Berlusconi como una ley de televisiones que acabara con su hegemonía. Este, en cambio, le envió a principios de diciembre un texto que Ciampi consideró inaceptable.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.