La policía en Honduras detuvo ayer a cuatro personas acusadas de participar del asesinato de la dirigente ambientalista y humanitaria Berta Cáceres, entre ellos un mayor del Ejército y el jefe de seguridad de la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA), compañía que había retomado el proyecto de una usina hidroeléctrica frenado por la organización que encabezaba la víctima, que logró que se retiraran de esa obra una constructora china y el Banco Mundial. Los hijos de la dirigente y la organización que encabezaba expresaron su sorpresa por las detenciones y reclamaron una comisión internacional independiente de expertos para investigar lo sucedido, debido a que se los ha excluido de ese proceso desde el inicio.

Las detenciones estuvieron a cargo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), de la Fiscalía General, y efectivos de la Policía Militar. Los sospechosos, identificados como Douglas Geovanny Bustillo, Mariano Díaz Chávez, Edilson Duarte Meza y Sergio Rodríguez Orellana, fueron arrestados en allanamientos simultáneos ejecutados en Tegucigalpa y La Ceiba, informó el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora. Uno de los hermanos de Rodríguez Orellana admitió que el detenido trabaja como técnico en DESA, firma a cargo del proyecto hidroeléctrico en el occidente de Honduras, zona de la comunidad indígena lenca que rechaza el proyecto porque afecta su agricultura y nunca fue consultada.

Salvador Zúñiga Cáceres, hijo de la dirigente asesinada el 3 de marzo en su casa de La Esperanza, denunció que DESA cuenta con militares en su equipo de seguridad. Dijo que su madre había sido amenazada de muerte varias veces y por eso tenía protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Olivia, Berta, Laura y Salvador Zúñiga Cáceres, hijas e hijo, Austra Bertha Flores madre (de Berta) y asimismo el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (Copinh), víctimas del asesinato, recibimos con sorpresa la noticia de capturas de personas involucradas en el vil crimen de nuestra Berta por parte del Ministerio Público y la Agencia Técnica de Investigación Criminal-ATIC”, rezó el comunicado firmado por la familia de la dirigente, que participó activamente contra el golpe de Estado que derrocó a Manuel Zelaya.