Francia va a crear hasta fines de 2017 un centro de reinserción en cada región para “personas radicalizadas” o con riesgos de abrazar el jihadismo, anunció ayer el primer ministro Manuel Valls. El nuevo plan de lucha contra el terrorismo apunta a vencer la capacidad de volcarse a las redes jihadistas de los jóvenes activos o que corren el riesgo de unirse a ellas. “La lucha contra el jihadismo es sin duda el gran reto de nuestra generación”, afirmó Valls en una conferencia de prensa en la que presentó el plan rodeado por varios ministros. El funcionario anunció además que el presupuesto destinado a la adopción de medidas de protección nacional en la lucha contra el terrorismo se duplicará desde ahora y hacia fines de 2017 y pasará de 20 a 40 millones de euros.

El primer centro será instalado durante el verano europeo, precisó Valls, y señaló que las primeras personas acogidas en estos lugares podrían ser arrepentidos “cuya sinceridad y voluntad de reinserción probaremos. Al menos la mitad de los futuros establecimientos recibirán, a pedido de la autoridad judicial, personas que no pueden ser puestas bajo el sistema de detención, indicó el primer ministro. En Francia, país golpeado por una serie de atentados en 2015, cerca de 10.000 personas fueron censadas por radicalización violenta, según el diario Le Parisien.

El primer ministro anunció además que se intensificarán los controles de los empleados que trabajan en puestos sensibles. Estos controles se efectuarán en intervalos más cortos y también con vistas a acontecimientos importantes como la Eurocopa de fútbol que comenzará en junio en Francia.

El gobierno francés anunció la semana pasada la extensión, durante dos meses más, del estado de emergencia decretado tras los atentados jihadistas del 13 de noviembre en París, para disponer de los medios necesarios para garantizar la seguridad durante la Eurocopa y el Tour de Francia.

El vocero gubernamental, Stéphane Le Foll, hizo público el proyecto de ley que permitirá mantener el estado de emergencia a partir del próximo 26 de mayo durante dos meses suplementarios, pero sin las disposiciones que permiten llevar a cabo registros sin mandato judicial. Le Foll subrayó que el objetivo es tener los medios necesarios para garantizar la seguridad de la Eurocopa, que se celebrará del 10 de junio al 10 de julio, y del Tour de Francia del 2 al 24 de julio.

Los registros administrativos, indicó, “ya no presentan el mismo interés hoy” puesto que los lugares que aparecían como sospechosos ya fueron objeto de las “investigaciones necesarias”. En cualquier caso, persistirán las medidas de restricción de circulación para personas y vehículos, así como las que impiden a ciertos individuos que tienen limitados sus movimientos por orden administrativa para residir o acudir a determinados lugares.

El vocero destacó que el Ejecutivo pretende reducir el estado de emergencia “al tiempo estrictamente necesario” y por eso limita la prolongación a dos meses (frente a los tres de las dos excepciones anteriores), de forma que finalice al mismo tiempo que el Tour. El proyecto de ley será debatido y sometido al voto en la Asamblea Nacional el 19 de mayo. Según datos de los servicios secretos comunicados por el primer ministro Valls, un total de 2029 franceses o residentes en Francia están implicados en el movimiento jihadista y son 9300 los jóvenes radicales fichados por la policía –el número se duplicó desde 2014.