El gobierno uruguayo aplicará a partir del 1º de enero de 2017 un aumento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que en un “80 por ciento gravará sólo al 10 por ciento de la población con recursos más altos”, anunció ayer a la prensa el presidente Tabaré Vázquez en la ciudad de Batlle y Ordoñez. Y lo reiteró el ministro de Economía, Danilo Astori, al explicar la medida.

“No va a haber nuevos impuestos, se van a modificar algunas de las franjas del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, la franja superior para que pague más quien tiene más”, expresó el mandatario, que encabezó una reunión del Consejo de Ministros abierta al público en esa ciudad uruguaya.

Asimismo, Vázquez indicó que más del 60 por ciento de la población no pagará el incremento del IRPF y que también habrá una rebaja del 2 por ciento del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) para toda la población para los pagos realizados con métodos electrónicos. Además, se van a realizar cambios en el impuesto a las rentas de las actividades económicas (IRAE) y en el que grava los resultados de las colocaciones financieras.

Las medidas formarán parte del proyecto de ley de Rendición de Cuentas que el gobierno presentará al Parlamento a fines de junio para corregir desequilibrios macroeconómicos. El presidente reiteró, como ya adelantó el ministro Astori, que los gastos en los programas sociales con los que el gobierno se comprometió no se van a modificar.

Astori consideró que la situación económica no es sostenible en el mediano y largo plazo y por eso el Ejecutivo decidió aumentar el IRPF y hacer modificaciones en la ejecución del aumento del gasto público previsto en el presupuesto nacional. El ministro también recordó que el 60 por ciento de los trabajadores del país, porcentaje que cobra menos de 27.000 pesos uruguayos brutos mensuales (unos 840 dólares), no paga IRPF.

El objetivo del gobierno del centroizquierdista Frente Amplio es reducir el déficit fiscal, que se encuentra en el 3,6 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) y puede que “aumente durante el transcurso de este año”, al 2,5 por ciento del PIB a fines de 2019. Astori cifró en cerca de 500 millones de dólares el ajuste fiscal necesario, de los cuales 350 millones corresponderían al aumento de los ingresos y 150 a la reducción de gastos.

“Esa trayectoria fiscal, de no ser corregida, generaría un mayor endeudamiento, encarecería el acceso a los mercados y a los recursos financieros y conduciría a un deterioro de la calificación crediticia del país, que es uno de los factores que diferencian a Uruguay en la región y que tenemos que cuidar con mucha rigurosidad”, dijo el titular de la cartera de Economía.

En cuanto al gasto público, Astori señaló que un 10 por ciento del aumento previsto para 2017 se ejecutará en 2018, algo que no afectará a los fondos comprometidos con temas vinculados a la sanidad, la educación, la seguridad pública y los gobiernos provinciales. Además, se activará la nómina de funcionarios y por cada tres que abandonen la administración central sólo se contratará a dos.

El ministro calificó las medidas anunciadas de contracíclicas y resaltó que, pese a la complicada coyuntura económica de la región, Uruguay sigue creciendo, según indican las previsiones oficiales. El Ejecutivo uruguayo tiene plazo hasta el próximo 30 de junio para presentar en el Parlamento la rendición anual de cuentas.

Según el sitio Montevideo Portal, el presidente del Secretariado Ejecutivo del Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), Fernando Pereira, planteó que la definición de la central sindical que dirige dependerá de si el aumento del IRPF anunciado ayer incluye medidas regresivas en términos de redistribución. “En principio todo hace pensar que va a ser negativo para los trabajadores”, señaló Pereira y recordó que la central sindical “no está para comentar las medidas de gobierno” sino para tomar acciones. “Nos vamos a preparar para movilizarnos con medidas concretas”, adelantó.

Consultado sobre los anuncios de Vázquez, de que el 80 por ciento del impuesto sería pagado por el 10 por ciento más rico, Pereira afirmó que es necesario conocer la primera franja en la que comienza el ajuste, señalando también que se debe saber si va a haber otras medidas, como tributos al capital, si la disminución del IVA será acompañada por la distribución de más postnet en pequeños comercios, o si hay o no modificaciones en la ley de inversiones. “Si el paquete es redistributivo, lo vamos a apoyar”, aclaró.