Al poeta del Romancero gitano lo fusiló la peor burguesía de España junto a un olivo, al costado de una ruta, en la madrugada del 18 de agosto de 1936. A ochenta años del asesinato de Federico García Lorca, la jueza María Romilda Servini de Cubría libró un exhorto para que la Justicia española lleve adelante una investigación que eche luz sobre la suerte que corrió el escritor granadino luego de ser capturado por fuerzas a cargo de Francisco Franco. Su muerte abrió una época de oscuridad que llenó fosas comunes con cuerpos de opositores políticos en toda la extensión española e instaló un silencio que el bipartidismo peninsular custodia hasta hoy con eficiencia.

El escrito se conoció ayer pero había sido firmado a mediados de julio por Servini de Cubría. De este modo, la Justicia argentina hace lugar al pedido que los abogados de la querella por los crímenes del franquismo habían presentado en abril. El exhorto internacional está dirigido al titular del Juzgado Central de Instrucción de Madrid que corresponda, para que preste su colaboración en el marco del artículo 40 del Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en Materia Penal entre Argentina y el país ibérico, suscripto en Buenos Aires el 3 de marzo de 1987. El punto 3 del artículo 40 señala que “cuando una solicitud de asistencia no sea cumplimentada por la parte requerida, ésta la devolverá con explicación de la causa”.

Según el exhorto, el tribunal madrileño de turno debe solicitarle al Ministerio del Interior copias certificadas del expediente 9, signatura 3309 y, en particular, de la nota informativa “Asunto: Antecedentes del poeta Federico García Lorca”, perteneciente a la 3º Brigada Regional de Investigación Social de la Jefatura Superior de Policía de Granada, fechada el 9 de julio de 1965, y publicada en el Ministerio de Gobernación, Dependencia Política Interior, así como “toda documentación que obre en sus archivos relativa a la detención y homicidio de Federico García Lorca y las remita a esta sede”.

Un informe policial de 1965 sobre García Lorca al que accedió la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de España y que se conoció en 2015 empujó el pedido de justicia que desembarcó en el despacho de la magistrada argentina. Por primera vez, un archivo confeccionado por el franquismo reconocía que el poeta había sido asesinado.

En concreto, el informe de la policía de Granada califica a García Lorca de socialista, masón y lo sindica como integrante de la logia Alhambra. La Brigada Regional de Policía lo acusa, además, de realizar “prácticas de homosexualismo, aberración que llegó a ser vox pópuli”. Asediado por la dictadura española, Lorca dejó Madrid y se refugió en Granada, en casa de los ex falangistas hermanos Rosales Camacho. Luego de su detención, los archivos policiales indican que el poeta fue sacado de los calabozos del Gobierno Civil “por fuerzas dependientes del mismo” y fue llevado en un coche a la localidad de Viznar, con otro detenido cuyas circunstancias se desconocen, para ser “pasado por las armas” en Fuente Grande.

En diálogo con Página/12, el abogado Máximo Castex, que representa en Buenos Aires a los querellantes del franquismo, confirma que la comisión rogatoria fue enviada a España el 14 de julio, a través de la Cancillería Argentina, y señala que no hay constancias en la causa sobre el juzgado español que intervendrá ante el pedido de la Justicia argentina. En opinión de Castex, si el Ministerio del Interior español cumple con la medida de prueba informativa, sería la primera vez que un documento certificado acredite de manera fehaciente las circunstancias de detención y asesinato del poeta.

Una vez que la comisión rogatoria ingresa al Ministerio de Justicia Español, se analiza el exhorto para luego remitirse al Juzgado de Instrucción de la Audiencia Nacional de Madrid. El juzgado que se encuentre de turno será el encargado de tramitar la medida. No hay tiempos procesales para el pedido de asistencia judicial.

El abogado argentino advierte que de cumplirse con las indicaciones del exhorto, de acuerdo con lo que surja de los documentos se evaluará la posibilidad de pedir otras medidas de prueba, como declaraciones testimoniales o la exhumación de Lorca. “Conviene recordar que de acuerdo a la documentación que hemos acompañado en la denuncia, García Lorca fue enterrado en aquel paraje (por Fuente Grande), muy a flor de tierra, en un barranco, en un lugar que se hace muy difícil de localizar”, sostiene el abogado.

Quien representa a la ARMH en la Argentina es Adriana Fernández. Desde la perspectiva de la querellante del franquismo es sumamente importante el exhorto librado por la jueza Servini para que se investigue un crimen que dejó a la humanidad sin la posibilidad de tener a un artista y poeta único. “Al cumplirse 80 años de su asesinato, el mejor homenaje que podemos hacerle es el pedido formal de justicia para quien tanto nos dejó como escritor y como símbolo ante la sociedad, ya que también su homosexualidad e ideología fueron cruciales al momento de decidir su suerte”, señala Fernández, y confía que, en lo personal, sintió una emoción difícil de explicar y fue un honor haber presentado en abril la documentación en el juzgado de Servini, en nombre de la ARMH.

“Es sentir que se puede reparar tanto odio, tanto desprecio por la cultura, por la libertad, por la vida, y si bien a Federico matándolo lo inmortalizaron, creo que es fundamental contar su historia, exigir justicia y saber sobre todo qué sucedió, por qué lo mataron, dónde está”, afirma la querellante. Lorca fue fusilado un mes después de haber terminado La casa de Bernarda Alba, una de sus obras cumbres. Tenía 38 años.