Con una presentación ante el juzgado de familia de San Isidro, los familiares de Rosana Galliano, asesinada en enero de 2008 por encargo de su marido, José Arce, tratan de recuperar el contacto con los hijos de la víctima, que por una incomprensible decisión judicial están conviviendo con las dos personas que fueron condenadas a prisión perpetua por el homicidio “triplemente calificado” de su madre. El recurso fue interpuesto por los abogados de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, en representación de Oscar Galliano, hermano de Rosana y tío materno de los chicos, que tienen 11 y 12 años. “Es la primera intervención del Estado para conocer una causa de tenencia que parece blindada y que es a todas luces ilegal, porque un padre que fue condenado no puede ejercer la Patria Potestad”, le dijo a Página/12 Yael Bendel, titular de la Secretaría.

El planteo fue realizado cuando ya pasó un año de la última vez que los familiares de Galliano tuvieron contacto personal con los niños. La intervención de la Secretaría se produjo a partir de la “presentación espontánea” ante el organismo de Oscar Galliano, hermano de Rosana, quien enumeró las dificultades que hoy tiene la familia de la víctima para ver a los chicos e incluso para comunicarse telefónicamente con ellos.

Los inconvenientes que tiene la familia materna para ver a los niños se deben a los “obstáculos” puestos “por parte de su progenitor”, que vive con ellos y con la abuela paterna en Pilar. Madre e hijo fueron condenados por el homicidio de Rosana, Arce como autor intelectual de un crimen por encargo y la abuela de los chicos por facilitar los medios necesarios para que el homicidio fuera ejecutado. Los dos fueron beneficiados con prisión domiciliaria, él por enfermedad y su madre, Elsa Aguilar, por su avanzada edad.

Lo que pide la Secretaría es que se cumpla lo dispuesto por la Ley de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes “con el objeto de coadyuvar en el efectivo cumplimiento de los derechos de los niños”, cuyos nombres se mantienen en reserva. Lo que demandan es tener acceso a la causa y poder de intervención “coordinando mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación, incluyendo a los distintos efectores del Sistema de Protección destinados a la protección integral de derechos de los niños”.

En este sentido, Yael Bendel le explicó a este diario que “como se trata de una causa que parece blindada, incluso para la propia familia Galliano, no se sabe si los niños tienen asistencia psicológica y no se sabe cómo están ellos frente a la situación que viven”. Los chicos tenían 3 y 4 años cuando su madre fue asesinada, en un crimen por encargo urdido por Arce y su madre, de manera que no se sabe cómo han podido elaborar un hecho tan traumático.

Lo que pide la Secretaría en el escrito es que la Justicia garantice “el derecho de los niños (...) a mantener el debido contacto y comunicación con la familia ampliada materna (...) propiciando en tal sentido un proceso vinculatorio libre de obstrucciones para el cual se pone a disposición (...) un equipo interdisciplinario de este organismo”. Lo que se busca, junto con la autoridad administrativa de la provincia de Buenos Aires es brindar “un espacio en el cual se pueda establecer el mecanismo de escucha y proceso de vinculación” que se requiere.

Le piden al juzgado de Familia de San Isidro “dar preponderancia al interés superior de los niños, y asegurar la máxima satisfacción integral y simultánea de sus derechos, promoviendo el proceso de escucha y debida vinculación y comunicación de los niños con la familia ampliada materna”. La Secretaría designó al abogado Germán Raúl Onco para examinar y sacar fotocopias del expediente, y a realizar acciones de control de las actuaciones. Hasta hoy, inclusive los funcionarios de la Secretaría han tenido dificultades para comunicarse con los moradores adultos de la casa donde viven los niños.