Los principales aliados y socios del gobierno de Dilma Rousseff en la región reaccionaron con frases y gestos de condena al nuevo régimen golpista tras a destitución de la presidenta brasilera.

Venezuela retiró definitivamente a su embajador en Brasil y congeló sus relaciones con el gobierno de Michel Temer, al tiempo que Ecuador llamó a consultas a su encargado de negocios en Brasilia como señal de rechazo a la destitución. A estas reacciones se suman declaraciones de repudio al resultado del juicio político emitidas por los gobiernos de Cuba, Brasil y Nicaragua.

El primer país de América Latina en emitir una declaración de rechazo al resultado del juicio político a Rousseff fue Ecuador, cuyo gobierno también convocó a consultas a su encargado de negocios en Brasil.

“El Gobierno del Ecuador rechaza la flagrante subversión del orden democrático en Brasil, que considera un golpe de Estado solapado. Políticos adversarios y otras fuerzas de oposición se confabularon contra la democracia para desestabilizar al Gobierno y remover de su cargo de forma ilegítima a la presidenta Dilma Rousseff”, dijo la cancillería ecuatoriana en un comunicado. También consideró que fue espurio el juicio político, debido a que no cumplió con el requisito fundamental de probar que la mandataria haya cometido delitos de responsabilidad.

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, afirmó que la destitución de Rousseff es una apología al abuso y la traición que recuerda las horas más oscuras de América. El mandatario, en su cuenta de la red social Twitter, mostró su preocupación por lo ocurrido y expresó su solidaridad a Rousseff. “Toda nuestra solidaridad con la compañera Dilma, con Lula y con todo el pueblo brasileño. ¡Hasta la victoria siempre!”, concluyó el mandatario ecuatoriano.

Por su parte, el Gobierno de Venezuela condenó ayer “categóricamente” lo que consideró como un golpe de Estado parlamentario. “El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en resguardo de la legalidad internacional y solidaria con el pueblo de Brasil, ha decidido retirar definitivamente a su Embajador en la República Federativa de Brasil, y congelar las relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno surgido de este golpe parlamentario”, dijo una declaración de la cancillería venezolana publicada en Globovisión. “Esta es una decisión con la que peligrosamente se ha sustituido ilegítimamente la voluntad popular de 54 millones de brasileños, violentando la Constitución y alterando la democracia en este hermano país”, señaló el despacho de la diplomacia venezolana en el escrito.

El Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano anunció también el inicio de un conjunto de consultas para apoyar al pueblo de Brasil, que ha visto vulnerado su sistema democrático y desesperanzado en sus conquistas socioeconómicas. El gobierno de Nicolás Maduro, uno de los más cercanos aliados de la Administración de Rousseff, acusó a las oligarquías políticas y empresariales, que en alianza con factores imperiales consumaron el Polpe de estado contra la presidenta Dilma Rousseff. “La destitución de la política brasileña fue hecha bajo artimañas antijurídicas bajo el formato de crimen sin responsabilidad para acceder al poder por la única vía que les es posible: el fraude y la inmoralidad”, indicó en el texto. “Se ha ejecutado una traición histórica contra el pueblo de Brasil, y un atentado contra la integridad de la mandataria más honesta en ejercicio de la presidencia en la República Federativa de Brasil”, añadió.

El Gobierno chavista reiteró la tesis de que la medida contra Rousseff forma parte de una embestida oligárquica e imperial contra los procesos populares, progresistas, nacionalistas y de izquierda, cuyo único fin es restaurar los modelos neoliberales de exclusión social.

Además, el presidente de Bolivia, Evo Morales, había adelantado el martes que también convocaría al encargado de negocios de su país en Brasil si el resultado del juicio político era la destitución de la ahora ex presidenta de Brasil. En el ámbito de la OEA, se reportaron las condenas de Bolivia y Nicaragua. “Aunque aún este Consejo no se haya dado por enterado, se ha dado un golpe de Estado parlamentario en el país más grande de Suramérica”, exclamó el embajador de Bolivia ante el organismo americano, Diego Pary, frente a una reunión ordinaria que transcurría sin comentarios en torno a lo que sucedía en Brasil. “Creíamos que la democracia estaba consolidada pero esto nos muestra que la democracia siempre estará frente a los desafíos siniestros de la oscura historia antidemocrática”, añadió. Por su parte, el mandatario boliviano, Evo Morales, dijo en su cuenta de Twitter: “Condenamos el golpe parlamentario contra la democracia brasileña. Acompañamos a Dilma, Lula y su pueblo en esta hora difícil”.

En su turno, el nicaragüense Luis Exequiel Alvarado opinó que las fuerzas regresivas del hemisferio siguen trabajando para provocar golpes de Estado en contra de los gobiernos progresistas de la región.

Los demás representantes guardaron silencio después de estas intervenciones, con la excepción de la delegación de Brasil, que se limitó a agradecer la solidaridad en este momento difícil de su historia y aclarar que habrá nuevos pronunciamientos sobre este asunto.

Poco después de pronunciarse Ecuador, se conoció una declaración del gobierno cubano, que comunicaba que rechazan “enérgicamente” el golpe de estado parlamentario-judicial que se ha consumado en Brasil. El pronunciamiento señala: “La destitución de Rousseff constituye un acto de desacato a la voluntad soberana del pueblo que la eligió y supone otra expresión de la ofensiva del imperialismo y la oligarquía contra los Gobiernos revolucionarios y progresistas de América Latina y el Caribe, que amenaza la paz y la estabilidad de las naciones”.

La extensa misiva de apoyo a la ex mandataria de Brasil (uno de los principales aliados de Cuba en la región) enumera los logros de la gestión de Rousseff y el Partido de los Trabajadores (PT) en defensa de la paz, el desarrollo, el medioambiente y la lucha contra el hambre. Además, destaca los esfuerzos de Lula y de Rousseff por reformar el sistema político de su país.