Nicaragua asiló como perseguido político al ex presidente de El Salvador Mauricio Funes –investigado por corrupción en su país–, confirmó La Gaceta, el diario oficial nicaragüense. Funes llegó al poder en 2009 de la mano de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), actual partido de gobierno.

El ex jefe de Estado, que se encontraba en Managua al momento de solicitar refugio, dijo ayer que había decidido pedir la protección del gobierno de Daniel Ortega hace unos días, luego de negar esa versión y asegurar que su presencia en la capital nicaragüense era por asuntos laborales. Managua, por su parte, hizo lugar a la solicitud del mandatario, informó, por considerar que su vida e integridad física corrían peligro en El Salvador.

El 23 de agosto, Funes confirmó que se encontraba en Nicaragua realizando un trabajo de consultoría, y desmintió entonces que estuviera tramitando un pedido de asilo, tal como había asegurado un día antes el fiscal general de El Salvador, Douglas Meléndez. Después de idas y vueltas, ayer utilizó su cuenta de Twitter para aclarar la situación. “No mentí sobre el asilo, decidí tramitarlo el 31 de agosto, después de constatar la persecución política que se inicia en mi contra”, sostuvo el ex jefe de Estado.

El asilo político contempla, además, a su pareja Ada Michell Guzmán Sigüenza y a sus hijos Carlos Mauricio Funes Velasco, de 34 años; Diego Roberto Funes Cañas, de 25, y Mauricio Alejandro Funes Guzmán, de 2, según la información oficial. El asilo rige desde el viernes último (aunque fue dado a conocer públicamente recién ayer), de acuerdo con la resolución administrativa firmada por el canciller nicaragüense Samuel Santos.

“Otórguese asilo político al ex presidente de la hermana República de El Salvador, señor Carlos Mauricio Funes Cartagena y a su núcleo familiar”, citó La Gaceta el comunicado oficial.

En su solicitud de asilo, el ex presidente salvadoreño señaló que lo hacía “por considerar que están en peligro su vida e integridad física y la de su familia, por luchar en pro de la democracia, la paz, la justicia y los derechos humanos, y su afiliación política en la República de El Salvador”, de acuerdo con lo publicado en el diario oficial. Managua fundó su decisión en su Constitución, que “asegura asilo a los perseguidos políticos, amparando a los perseguidos por luchar en pro de la democracia, la paz, la justicia y los derechos humanos”.

En El Salvador, Funes afronta denuncias penales por enriquecimiento ilícito y posible lavado de dinero cometido durante su gestión, que se desarrolló entre 2009 y 2014, proceso derivado de un juicio civil que fue ordenado por el Tribunal Supremo debido al incremento injustificado de su patrimonio, que trepó a 700.000 dólares, aunque no pesa sobre él ninguna orden de detención.

Sobre las denuncias en su contra, el ex gobernante dijo que el proceso judicial representa un show político porque las autoridades salvadoreñas no han encontrado ninguna prueba que las justifique. Funes fue citado el 3 de febrero a declarar en la fiscalía salvadoreña por una investigación iniciada por supuestas negociaciones que su administración entabló con las pandillas, entre 2012 y 2014, con la intención de disminuir los índices de asesinatos.

La posición del gobierno de Ortega en favor de socorrer a Funes generó reacciones inmediatas. El diputado del partido opositor salvadoreño Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Ernesto Muyshondt, dijo que era lamentable que Nicaragua abrigara y apoyara a un corrupto. “La corrupción y la impunidad deben de perseguirse, vengan de donde vengan, y los demás países deben de contribuir al combate de éstas en lugar de ocultar y respaldar a los corruptos como Funes, que está siendo investigado por diferentes delitos”, dijo el parlamentario.

Y consideró que la decisión de Nicaragua no es buen antecedente. “Manda un mal mensaje que un país se preste a este tipo de situaciones y que proteja a una persona que tiene enormes indicios de haber cometido una gran cantidad de ilícitos y actos de corrupción en El Salvador”, señaló.

“El ex mandatario Mauricio Funes no es perseguido político como argumentó el gobierno de Nicaragua para otorgarle asilo a él y a su familia”, dijo el ex titular de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional nicaragüense, José Pallais.

Por su parte, el ex titular de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional nicaragüense rechazó la figura utilizada por Managua para asilar al ex presidente salvadoreño. “Funes no tiene las características de un perseguido político, no se conoce que tenga diferencias con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el partido de gobierno salvadoreño. Aquí estamos ante una investigación por corrupción”, sostuvo Pallais.

En opinión del jurista y ex diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), una muestra de que no se trata de un caso político es que la decisión de Nicaragua de otorgarle asilo a él y a su familia no afectará las relaciones entre ambos países.