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Página/12, en Perú
Por Carlos Noriega, desde Lima

Miles de cocaleros, que se encuentran en huelga indefinida desde el martes, iniciaron ayer una marcha de sacrificio a la capital, Lima, para incrementar la presión sobre el gobierno. Se estima que demorarán unos 10 días en llegar hasta el Palacio de Gobierno para intentar hacer escuchar su voz. En estos días la huelga se ha desarrollado con bloqueo de carreteras y un cierre de puertas general en los poblados y pequeñas ciudades de la zona selvática donde se encuentran los valles cocaleros. El paro es contra la política de erradicación de coca y de sustitución de cultivos realizada por el gobierno peruano bajo las indicaciones del gobierno de Estados Unidos. Son unos 35.000 los agricultores dedicados al sembrado de hoja de coca que se han levantado contra el gobierno del presidente Alejandro Toledo, que enfrenta esta difícil situación cuando la aceptación de su gestión es de apenas ocho por ciento.
La primera exigencia de los cocaleros es la libertad de su dirigente máximo, Nelson Palomino, encarcelado hace un año acusado de apología al terrorismo, delito que, sin embargo, ya fue eliminado de la legislación peruana, de incitación a la violencia, secuestro y otros cargos más. Un fiscal ha pedido 24 años de prisión para él. Los productores de coca han denunciado que su líder ha sido detenido por oponerse a la política de erradicación impuesta por el gobierno de Estados Unidos, y cumplida aplicadamente por el gobierno peruano, por lo que aseguran que es un preso político. El gobierno ha respondido que ese es un tema del Poder Judicial en el cual no va a intervenir. Los huelguistas también demandan que se suspenda la erradicación de cultivos de hoja de coca, la desactivación de “Devida”, el organismo antidrogas del gobierno, que se realice un empadronamiento de los cocaleros para que puedan producir legalmente y que se promulgue una nueva ley de la hoja de coca que comprenda su industrialización y comercialización legal, incluida la exportación, en diversos productos, como infusiones, materia prima para bebidas energizantes, medicamentos y otros. También acusan al gobierno de no haber cumplido con los acuerdos firmados con el presidente Toledo hace un año en el Palacio de Gobierno, luego de una marcha de sacrificio a Lima, en los que se anunció el reconocimiento de las organizaciones de los cocaleros como interlocutores para diseñar una política “concertada y gradual” de erradicación de las plantaciones de coca. A pesar de este compromiso, el gobierno peruano se niega a concertar con las organizaciones de los cocaleros su política de erradicación. “El problema es que el Perú tiene una política obsecuente con Estados Unidos en el tema de la droga y Estados Unidos no quiere saber nada de dialogar con las organizaciones de los cocaleros porque para ellos los productores de hoja de coca son delincuentes a los que hay que reprimir, y por esa presión ahora el gobierno peruano no respeta su compromiso de reconocer como interlocutores a esas organizaciones”, señaló a Página 12 el economista Hugo Cabieses, un estudioso de la problemática de la coca.
El gobierno ha anunciado que no aceptará las exigencias de los huelguistas y ha respondido acusándolos de estar vinculados con el narcotráfico y el terrorismo, algo que éstos han rechazado indignados. El ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, ha llegado al extremo de señalar que el Perú se convertiría en “un narcoestado” si se aceptan las exigencias de los cocaleros en huelga. Aunque el gobierno los acusa de formar parte del millonario negocio del narcotráfico, en realidad los campesinos cocaleros viven en la pobreza, con ingresos que, con suerte, apenas llegan a bordear los 200 dólares mensuales. El gobierno está explotando al máximo las divisiones entre las organizaciones deproductores de coca para intentar debilitar la protesta. Las organizaciones de cocaleros de dos valles, el Monzón y Apurímac, que representan aproximadamente a unos 15.000 agricultores, no se han plegado a la huelga. Sin embargo, la alegría expresada por funcionarios del gobierno ante este hecho puede resultar peligrosa, ya que estas organizaciones son aún más radicales que las de los huelguistas y sus discrepancias con los dirigentes que encabezan el paro se debe a que critican a estos últimos por haber dialogado anteriormente con el gobierno.
Página/12 dialogó telefónicamente con Elsa Malpartida, secretaria de organización de la Confederación Nacional de Productores Agrarios de las Cuencas Cocaleras del Perú (CONPACCP), quien dirige la movilización de protesta desde el valle del Alto Huallaga, en la selva central, poco antes que iniciara su marcha hacia Lima. Malpartida rechazó los cargos de narcotraficante y terrorista que le han lanzado funcionarios del gobierno, encabezados por Nils Ericsson, jefe de “Devida” y zar antidrogas del Perú. “Las acusaciones realizadas por Ericsson son una barbaridad y un insulto a los cocaleros, con él hemos tratado de dialogar muchas veces, pero siempre nos ha engañado, el que ya no creamos en sus mentiras no significa que seamos terroristas o narcotraficantes. No tenemos ninguna vinculación con Sendero Luminoso (el grupo terrorista que según el gobierno apoya a los cocaleros)”, señaló. Cabieses respaldó esta posición: “Conozco muy bien a los cocaleros de la CONPACCP y puedo asegurar que no tienen nada que ver con el terrorismo, es más, ellos odian a Sendero porque en el pasado se han enfrentado a ellos y el senderismo ha asesinado a muchos cocaleros”.
Cabieses asegura que los proyectos de sustitución de cultivos han fracasado por la negativa del gobierno a trabajar con las organizaciones de agricultores, por la inexistencia de créditos para los productores de hoja de coca que desean cambiarse a otros cultivos, por la falta de mercados para los productos sustitutos, por la incapacidad estatal y de las organizaciones norteamericanas que trabajan en el Perú para plantear y desarrollar proyectos productivos viables, entre otras razones. Malpartida resume la posición del gremio cocalero frente al sembrado de la hoja de coca y las políticas de sustitución de cultivos con la siguiente afirmación: “Nosotros hace un año apoyamos una reducción gradual y concertada de la hoja de coca, pero el gobierno no cumplió y se niega a concertar con nosotros; ahora ya no queremos reducción porque nos engañaron y nos han obligado a radicalizarnos, y estamos exigiendo que se pare toda erradicación de la coca y se legalice para ser industrializada y comercializada, incluso exportada. Hemos esperado 20 años a que las políticas de sustitución de cultivos y de desarrollo alternativo den resultados y no hemos visto ningún beneficio, ahora creemos que el único desarrollo alternativo a la coca es la propia coca, industrializándola”. Propone que la coca que no pueda ser absorbida por el mercado legal “sea comprada por el gobierno y quemada. Si fuéramos narcotraficantes no estaríamos haciendo esta propuesta de legalización”, agrega. Según el gobierno, el 90 por ciento de la producción de coca es vendida al narcotráfico. Sin embargo, analistas independientes al gobierno estiman que esa cifra sería de 50 por ciento.
Los cocaleros han propuesto que se forme una comisión mediadora, integrada por la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo, entre otros, para abrir las puertas a una negociación, pero el gobierno se opone argumentando que cualquier diálogo debe realizarse con “Devida”, el cuestionado organismo antidrogas cuya desactivación proponen los huelguistas. Si no son escuchados por el gobierno, Malpartida anuncia que “esta vez sí iremos hasta las últimas consecuencias, tenemos las agallas para hacerlo”.