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El pasado se niega a dejarlo en paz. Con un sorpresivo dictamen, la Corte de Apelaciones chilena ayer despojó de sus fueros al ex dictador chileno Augusto Pinochet, abriendo de esta manera el camino para su enjuiciamiento por las violaciones a los derechos humanos durante su mandato de hierro que duró 17 años y específicamente del Operativo Cóndor. El factor decisivo esta vez fue un video, que prueba que el ex dictador se encuentra en condiciones de enfrentar un proceso. Se había anticipado que era “muy difícil” que la Corte de Apelaciones aprobara el desafuero, ya que los antecedentes previos hacían presagiar que los jueces aceptarían la tesis de “cosa juzgada”. El comandante en jefe del Ejército chileno, general Juan Emilio Cheyre, se manifestó sorprendido tras la decisión y advirtió que los veredictos judiciales deben ser respetados. Luego agregó: “Me duele que como sociedad no logremos desentrampar el pasado”. La defensa del dictador anunció que apelará la decisión. De esta manera, el fallo final queda en manos de la Corte Suprema de Justicia.
El video es una grabación de una entrevista que Pinochet concedió hace seis meses a un canal de televisión de Miami, en la que se definió como “un ángel” y respondió con lucidez negando su responsabilidad por los crímenes. Esa entrevista fue anexada al expediente por los abogados acusadores, que además pidieron nuevos exámenes médicos para determinar si el estado de salud de Pinochet ha mejorado o empeorado. Esto es clave ya que la Corte Suprema ha fallado en repetidas ocasiones que Pinochet, de 88 años, no estaba en condiciones físicas y mentales para enfrentar un proceso. Pero ahora, la Corte de Apelaciones rechazó la tesis de que una demencia moderada le impide defenderse ante los tribunales, considerando evidencias que muestran que el ex dictador presenta signos de lucidez. La inesperada decisión, con 14 votos a favor y nueve en contra, hizo estallar el júbilo y los aplausos en el edificio de los tribunales entre los familiares de los detenidos desaparecidos, que aguardaban el veredicto. “Hemos recibido una muy buena noticia. Estamos felices”, dijo Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. “Estamos muy contentos ahora, pero seguimos en alerta porque el siguiente paso es que el dictador vaya a la cárcel y que pague por todos los crímenes que ha cometido,” agregó.
Esta opinión se opone a la del vicepresidente y ministro del Interior, José Miguel Insulza, quien recordó que hace dos años quedó establecida la responsabilidad de Pinochet en los 3000 muertos y desaparecidos que dejó su régimen. La Corte Suprema, sin embargo, liberó de cargos a Pinochet, al considerar que padece una demencia moderada y no estaba en condiciones de enfrentar un proceso. “Lo que le interesaba a la gente en Chile no era que Pinochet fuera preso, sino que se afirmara con claridad su responsabilidad sobre los hechos acaecidos a partir del 11 de septiembre de 1973 y eso ya fue afirmado por la Corte Suprema”, dijo el vicepresidente. El general Cheyre opinó que “la decisión es un asunto que compete a los tribunales y que tenemos que respetar todos”, sin entrar en detalles sobre el inesperado fallo. “Ahora bien: me sorprende que en Chile no podamos salir de esto. Vamos atrás y adelante y no solamente en el caso del general Pinochet, sino que también en el entrabamiento que hay para desentrampar este drama del pasado”, señaló el general, en alusión a los procesos que afectan a militares en retiro acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
“Fue un milagro”, señaló por su parte el abogado querellante Juan Subercaseaux, al admitir que existían pocas esperanzas de que el tribunal acogiera esta nueva petición de desafuero, después de rechazar otras dos solicitudes en los últimos meses. “Habíamos perdido la esperanza de que se hiciera justicia en esta causa, pero vemos hoy con satisfacción y llenos de alegría que la realidad se impuso sobre un quehacer político, que logró la impunidad momentánea de Pinochet”, coincidió el abogado Hugo Gutiérrez, que también integra el equipo jurídico de la acusación. Francisco Bravo, también del equipo querellante, se mostró sorprendido, y señaló que lo que estaba en juego no era la salud de Pinochet, sino el principio de igualdad ante la ley.
“Obviamente vamos a apelar”, adelantó el abogado Ambrosio Rodríguez, que integra la defensa del ex dictador. “Queremos que sea la Corte Suprema la que restablezca el imperio del derecho”, agregó el jurista, quien dijo “estar sorprendido” por el fallo, ya que según dijo, “rompió la doctrina” que la Corte de Apelaciones de Santiago había establecido en otros dictámenes y “pasó por encima de una sentencia ejecutoriada de la Corte Suprema”.
El presidente de la Corte Suprema, Juan González Zuniga, confirmó que “el desafuero se relaciona con la desaparición de opositores del régimen militar”. Si la decisión de despojar a Pinochet de su inmunidad es confirmada por la Corte Suprema, podría ser enjuiciado por la desaparición de nueve militantes de izquierda que fueron arrestados en la Argentina en el marco de la Operación Cóndor, un plan de coordinación para perseguir a los opositores de las dictaduras militares.
Es la segunda vez que la libertad de Pinochet corre serio peligro. En 1998 estuvo bajo arresto domiciliario por 16 meses en Gran Bretaña tras un pedido de extradición del magistrado español Baltasar Garzón relacionado con las muertes de ciudadanos españoles durante su reino de terror. Logró zafar de su extradición a España, gracias al argumento que no estaba en condiciones mentales para ser enjuiciado.