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Las derechas en la región tienen sus esperanzas puestas en la reelección de George W. Bush, sobre todo porque el presidente norteamericano tiene una visión militarista de la política y una obsesión, la “guerra antiterrorista”, que justifica todo, incluso los tormentos a los prisioneros que ahora aplican con las propias manos soldados de ambos sexos, sin recurrir a verdugos locales, con la misma arrogancia que antes usaban para exhibirse como guerreros de la libertad. Si la mayoría electoral de Estados Unidos, a pesar de las evidencias fotográficas, reeligiera a Bush por otros cuatro años querría decir que la guerra podría extenderse hasta donde hiciera falta para los intereses de las corporaciones de negocios multinacionales.
Para ingresar en la nómina del “eje del mal” que justifique la atención de la inteligencia de la Casa Blanca y eventuales acciones posteriores, hacen falta ciertas precondiciones en el país. En la Argentina, por lo pronto existen atentados (embajada de Israel y AMIA) que ya la colocan como blanco del terrorismo internacional con conexiones locales. A esa condición inicial, hay quienes pretenden agregar argumentos específicos de la realidad nacional. Son los que propician la criminalización de la pobreza y la protesta social, así como la fragmentación del frente de lucha, dividiendo y aislando a cada una de las fracciones activas.
El prototipo de esa manipulación son las organizaciones piqueteras y la campaña que busca separarlas de sus aliados naturales y de la clase media en general. Hay que decir que ese propósito a veces cuenta con “idiotas útiles” en el propio movimiento que, debido a estrechas visiones voluntaristas, facilitan las campañas conservadoras con sus actividades de agitación callejera. Esto no quiere decir que las marchas y cortes de calles en los últimos días no tengan reivindicaciones válidas, es el caso del reclamo de la garrafa social a diez pesos, pero en la puja política a veces la astucia arroja más beneficios que el choque directo, sobre todo cuando se sabe que sobre el Estado hay presiones acumuladas para ejercer la represión directa. Consideración que tal vez debió tener en cuenta el jefe del gabinete de ministros, Alberto Fernández, antes de declarar que hay ciertos grupos piqueteros que están buscando un muerto para justificar futuras violencias. El día que el Gobierno caiga en la tentación de crear el “eje del mal” para consumo interno, abrirá una caja de Pandora que la voluntad mayoritaria decidió clausurar en 1983 bajo la consigna de “Nunca Más”.
Otra contribución que intenta la derecha local es la mentada “reconciliación” cívico-militar. Presentada como un elemento necesario para ingresar al futuro con unidad nacional, en las condiciones que se la pretende, mediante la clausura a libro cerrado del pasado sin verdad ni justicia, sería un salto hacia atrás. Con motivo de la inseguridad urbana y los bolsones de corrupción en las fuerzas de seguridad, se excitaron los auspiciantes del retorno militar con la idea de reinsertar a las tropas en tareas de vigilancia urbana, prohibidas por la ley, como el primer paso hacia la recuperación de las fuerzas armadas como factor de poder.
El concepto de reconciliación suele ser expuesto de manera ambigua y equívoca, pero sobre todo falaz cuando se refiere al terrorismo de Estado. Los crímenes aberrantes no son reconciliables con las ideas de la democracia y de la sociedad civilizada. Comentando lo que sucedió con los prisioneros de Irak, uno de los más importantes editores periodísticos de Nueva York comentó en el famoso programa 60 minutos: “Me avergüenza pensar que en los próximos cien años los libros de historia darán cuenta de estos actos que nos humillan como sociedad tanto como a las víctimas”. Aun así, hubo voces episcopales que se atrevieron en estos días a pedir reconciliación, probando así que ciertas ideas de la derecha están presentes en sectores diversos de la sociedad y que, por lo tanto, la defensa de los derechos humanos es todavía una tarea vigente. Más todavía: es urgente.
El Gobierno ha tenido actitudes encomiables en el tema de los derechos humanos, pero a veces parece que desmaya su ímpetu después del arranque, como sucede al parecer con el proyecto del Museo de la Memoria en la ESMA, que no asume vida o identidad propias, hasta el punto que han aparecido comentarios acerca de miembros del gabinete que habrían cedido a la campaña de opiniones que criticaron el acto, aunque no siempre desde el mismo punto de vista, con algún tipo de arrepentimiento. Si fuera cierto, estarían cometiendo un error tan grosero y perjudicial para su propio prestigio y para el patrimonio humanístico de la cultura cívica de la sociedad como el que se intentó en ATC, por suerte anulado, que sacaba de pantalla dos programas de bien ganado prestigio, El refugio de la cultura y Los siete locos, conducidos por Osvaldo Quiroga y Cristina Mucci, respectivamente. Errar es humano, por supuesto, pero el Gobierno no se puede permitir este tipo de torpezas a esta altura de la situación.
Bastante tiene para cuidar de la realidad como para inventar otros problemas que no tienen razón de ser. Aunque la lógica de los programadores de ATC se compadece, por cierto, con las declaraciones de Torcuato Di Tella en las que asegura que la cultura no es prioritaria para el Gobierno ni para él mismo, secretario nacional de Cultura. Algunos pensaron que se trataba de una exagerada expresión de la ironía que caracteriza a este secretario de Estado, pero expresiones idénticas fueron expuestas por otro colaborador directo del Presidente a gente de teatro que acudió a la Casa Rosada para interesar a los administradores del Estado en la elaboración de políticas culturales.
Además de ser anticuado y vulgar, el desinterés indica una equivocada concepción de las prioridades nacionales. Nadie pone en duda que la pobreza, el desempleo, la deuda externa, las tarifas de los servicios públicos son asuntos urgentes, pero también lo son la consolidación de una cultura democrática en la mayoría de la sociedad, para alejarla de los argumentos más retrógrados y para recuperar la conciencia sobre el valor del trabajo y la producción, que fueron devaluados durante las últimas tres décadas. Con el 60 por ciento de la población por debajo de la línea de pobreza, la cultura puede ser un instrumento de enorme importancia para mantener abiertas las mejores expectativas en la ciudadanía.
Hasta los aumentos del costo de la vida y la superexplotación de la mano de obra –la quinta parte de los pobres tienen trabajo–, que están provocando una creciente efervescencia en las bases sindicalizadas y en el movimiento de desocupados, necesitan elementos formativos para orientarse en el laberinto de la actualidad. Cuando amplias porciones de la sociedad pierden el sentido de su existencia, carecen de identidad definida o de la seguridad de pertenencia a una comunidad con destino compartido por voluntad propia, el debate necesario más que ideológico es cultural.
Hasta las viejas maneras de hacer política o de ejercer el poder son asuntos culturales desde el momento que no son las características de un solo partido o de una exclusiva concepción, sino que abarca a muchos y diferentes colores. Quizás el forzado retiro del Presidente, a causa de la gripe, le dé tiempo para reflexionar sobre las urgencias de la agenda nacional para el segundo año de su mandato y para definir con claridad la dirección de su marcha, antes que las urgencias reales lo acosen de tal manera que lo lleven a la rastra, de un lado para otro, en lugar de ocupar su sitio en el puente de mando.