EL PAíS
María Julia seguirá en prisión y tendrá que pagar por su defensa
El tribunal que condenó a la ex polifuncionaria menemista por enriquecimiento ilícito rechazó también su excarcelación en la causa por sobreprecios. Tendrá que desembolsar 80 mil pesos por su defensa.
Por Irina Hauser
El mismo tribunal que la semana pasada condenó a María Julia Alsogaray a tres años de cárcel por enriquecimiento ilícito resolvió que también debe seguir detenida en la causa por sobreprecios por la que ya estaba presa desde el año pasado. En una resolución aparte, que complementa la sentencia por el aumento patrimonial, los jueces ordenaron que la ex funcionaria pague 80 mil pesos de honorarios por haber usado los servicios de los abogados de la Defensoría General de la Nación, una medida prevista para personas con buen poder adquisitivo.
Cuando el juicio por enriquecimiento ilícito contra Alsogaray estaba en la recta final, el Tribunal Oral Federal 4 que la estaba juzgado recibió una noticia: también le tocó hacerse cargo del expediente que llevó originalmente a la cárcel a la ex secretaria de Medio Ambiente hace más de nueve meses. Por eso tuvo que resolver un pedido de excarcelación de la defensora oficial Pamela Bisserier, que había sido rechazado por la Sala II de la Cámara Federal al considerar que la gran cantidad de causas que tramitan contra María Julia implican su peligro de fuga.
Los jueces Horacio Vaccare, María Cristina San Martino y Leopoldo Bruglia resolvieron ayer que la ex polifuncionaria menemista deberá seguir esperando en la cárcel su segundo juicio oral, al que llega procesada por administración fraudulenta por pagar sobreprecios millonarios y contratar a sus amigos en la remodelación de la Secretaría de Recursos Naturales. Este nuevo proceso podría comenzar en unos ocho meses. Mientras tanto, si quiere, María Julia puede volver a solicitar que la suelten.
Sus Señorías, en realidad, no se pronunciaron sobre la cuestión de fondo, sino que se limitaron a refutar el reclamo de libertad porque, señalaron, todavía hay una apelación igual que debe ser resuelta por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal. Este tribunal definiría el lunes próximo si acepta abrir el recurso de queja de Alsogaray. Suponiendo que también decidiera excarcelarla –algo poco probable–, igual seguiría presa por aumentar su fortuna en forma ilegal. En este caso, como la condena es de tres años, la ley dice que tiene que estar por lo menos ocho meses detenida antes de poder empezar a negociar el régimen condicional.
Por otra resolución que firmó esta semana el tribunal 4 en relación con el juicio por enriquecimiento ilícito, Alsogaray no sólo tendrá que indemnizar al Estado devolviendo 622 mil pesos de sobresueldos y 500 mil dólares de un contrato falseado para aparentar el origen legítimo de su fortuna. También tendrá que pagar 80 mil pesos a la Defensoría General que le prestó asistencia jurídica. Ese organismo, en sus orígenes, sólo representaba ante los tribunales a los pobres y ausentes. La ley que rige en la actualidad prevé que cuando alguna persona con una buena posición económica solicita o se le asigna un defensor oficial, se le pueden regular honorarios en caso de ser condenada.
¿Cómo fue que María Julia llegó a tener letrados públicos? En 2001 se peleó con el estudio de Oscar Rabinovich, Roberto Eliosoff y Pablo Slonimsqui, que le llevaba las causas. La cuestión de los honorarios –que crecían a medida que empeoraba su horizonte judicial– estuvo en el centro de la tormenta y ella les quedó debiendo 44 mil pesos, que después la Justicia le ordenó saldar. La ex funcionaria planteó en tribunales que quería defenderse sola, pero no la dejaron porque no es abogada. Entonces se apoyó en la defensoría oficial, tal vez creyendo que conseguiría cierta apariencia de víctima. Además, si consiguiera alguna absolución en ese caso no tendría que pagar ni un peso.
La suma que el tribunal le exige “debe ser abonada”, según la resolución, “dentro del plazo de diez días de quedar firme”. El dinero no irá directamente al bolsillo de Bisserier y la defensora Perla Martínez de Buck, que actúa en la etapa de instrucción. “Se incorporarán a los fondos propios del Ministerio Público de la Defensa”, dice la ley aplicada. En el organismo explicaron que los billetes se usarán “para capacitación, compra de libros y para necesidades operativas de los defensores”. Con semejante monto tendrán para tirar por un buen rato.