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Por Juan Arias *
Desde Río de Janeiro

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, antes de su viaje a Santo Domingo, para asistir a la toma de posesión del presidente dominicano, Leonel Fernández, dejó firmado un decreto en el que nombra ministro al actual presidente del Banco Central, Henrique Meirelles, algo inédito en la historia política del país. La decisión de Lula ha sido considerada por la oposición como una forma de blindar a Meirelles ante los presuntos delitos fiscales destapados por la prensa y por los que había sido convocado para dar explicaciones ante el Senado en septiembre próximo.
El presidente Lula ha defendido su decisión alegando que había sido solicitada por el ministro de Economía, Antonio Palocci, que considera que de esa forma el Banco Central tendrá un instrumento más para “reforzar su estabilidad”. Al contrario, la oposición considera la insólita decisión como una demostración de que Meirelles está necesitando un blindaje especial en caso de procesos judiciales. Alberto Goldman, diputado del PSDB, dijo que “si Meirelles no tuviese nada que temer no necesitaría de tal armadura”. Por su parte, Jorge Bornhasen, el presidente del PFL, otro de los partidos de la oposición, considera el nombramiento como inconstitucional y ha pedido que sea analizada la posibilidad de presentar una Acción Directa de Inconstitucionalidad ante el Supremo Tribunal Federal de Justicia.
El miedo de la oposición es que al tener Meirelles el status de ministro, en vez de caminar hacia la independencia del Banco Central, se le haga ahora depender más estrechamente del gobierno. Al contrario, el ministro Palocci alega que con las nuevas prerrogativas ministeriales concedidas al presidente del BC, éste adquiere en Brasil “un mayor relieve institucional”.
Según los analistas políticos, el tema tiene una fuerte trastienda política y es parte de la lucha interna entre una buena parte del Partido de los Trabajadores (PT), que considera que Lula se está derechizando, y la parte del gobierno que desea acercarse cada día más al centro con una política macroeconómica de rigor fiscal, que es la protagonizada por el dúo Palocci-Meirelles.
Si Meirelles, que políticamente pertenece al PSDB, el partido del ex presidente Cardoso, tuviera que dejar su cargo, como pide la oposición por las presuntas acusaciones de delito fiscal, el PT podría presentar para ese cargo a uno de los suyos, lo cual podría suponer un cambio en el actual modelo económico defendido por Lula.
El gobierno está convencido de que es víctima de los ataques de los medios de información y de la acción de los jueces. Lula ha llegado a calificar de “bandos de cobardes”, por ejemplo, a los periodistas que se oponen a la creación, con el apoyo del gobierno, del polémico Consejo Federal de Periodistas, encargado de “fiscalizar y orientar” la información, mientras el presidente del PT, José Genoino, ha pedido al gobierno que se desligue del asunto y deje que sean los periodistas quienes resuelvan sus problemas.
El ministro de la Casa Civil, José Dirceu, había llegado a decir que si hubiese estado ya funcionando el Consejo Federal de Periodistas, cuyo decreto de creación ha sido enviado por el gobierno al Parlamento, no hubiesen podido filtrarse a la prensa las presuntas acusaciones de corrupción del presidente del Banco Central.
Lula sigue alegando que la creación del Consejo de Periodistas había sido solicitada por la Federación Nacional de Periodistas que reúne a los diferente sindicatos de la categoría y que los periodistas deberían tener el coraje de aceptarla y defenderla. La Asociación de la Prensa, al revés, sigue insistiendo contra cualquier tentativa de controlar la informaciónpor parte del gobierno, considerando que los abusos o crímenes de los periodistas deberán ser resueltos en los tribunales normales.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.